Un grupo de ciudadanos, cuyas familias estarían a punto de perder sus propiedades por embargos de CAPA, montaron una manifestación en las puertas del Congreso del Estado, donde solicitan le sea eliminada esa facultad al organismo descentralizado.

Según los testimonios de las familias, se trata de adeudos de hasta 10 mil pesos por seis meses, en algunos casos, por los cuales recibieron documentos anunciando el embargo ante la incapacidad de pago.

“Los ciudadanos que suscribimos la presente petición, solicitamos se elimine la facultad fiscal de la CAPA, teniendo por sustente la resolución 64/292, denominada El Derecho al Agua y el Saneamiento DHAS, que fue aprobada el 28 de julio de 2010 por la Asamblea General de Naciones Unidas, reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un Derecho Humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos Humanos”; dice parte del documento que enseñó Teresa Pérez Siorda, quien encabeza la manifestación.

Auditores del Órgano de Fiscalización Superior de Quintana Roo se instalaron este lunes en el Ayuntamiento de Benito Juárez a fin de ampliar la revisión de las Cuentas Públicas 2014 – 2015 del ex presidente municipal y priista, Paul Carrillo de Cáceres.

Lo anterior después de que el Congreso del Estado solicitó al Órgano de Fiscalización amplíe la revisión de al menos 63 Cuentas Públicas, entre ellas la del municipio de Benito Juárez.

El personal de la Auditoria Superior arribó al mediodía y comenzó a reunirse con titulares de los diversos departamentos del actual gobierno municipal a fin de recabar información sobre los manejos financieros de la pasada administración.

Incluso solicitaron recorrer diversas obras para verificar que efectivamente se realizaron e invirtieron los recursos etiquetados.

Cabe señalar que la auditoria también fue solicitada por el décimo regidor de Salud y Asistencia Social, Antonio Meckler Aguilera, quien incluso presentó una denuncia en contra del ex director de Ingresos Coordinados y Cobranzas del municipio, Hugo Favio Bonilla Iglesias, a quien acuso de desfalco por el cobro irregular del Impuesto Predial durante el anterior trienio.

El Congreso del Estado entregó debidamente en tiempo y forma la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2016 ante la Auditoría Superior del Estado, documento que fue remitido en los términos que marca la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, ordenada y catalogada para su revisión y análisis.

Cabe destacar que de la cuenta pública entregada, los primeros ocho meses, de enero a agosto, corresponden a gastos ejercidos por la Decimocuarta Legislatura (62 por ciento), mientras que los cuatro meses restantes, de septiembre a diciembre (38 por ciento), comprenden lo ejercido durante la Decimoquinta Legislatura.

De esta forma el Congreso del Estado cumple con las disposiciones oficiales para la rendición de cuentas y ratifica su compromiso con la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

La cuenta pública fue entregada por personal de la Dirección de Finanzas el pasado 31 de marzo dentro del periodo marcado para ello.

Alrededor de 53 establecimientos principalmente en la zona norte ha sido suspendido por la Cofepris durante los operativos que iniciaron por la temporada de cuaresma, por la mala manipulación de los alimentos lo que ha ocasionado enfermedades de salmonela, actualmente se han registrado 579 casos en este año.

El director de la Cofepris en el Estado, Miguel Pino Murillo, señalo que derivado de los operativos de cuaresma se han detectado alrededor de 53 establecimientos de venta de alimentos con salmonela.

Indico que a la semana se verifican alrededor de 200 establecimientos entre restaurantes, hoteles, fondas, pescaderías, entre otros con venta de alimentos, de los cuales se les toma un muestreo para asegurarse que esté libre de contaminantes y que son óptimos para el consumo de la población.

Señalo que dichos establecimientos en su mayoría en la zona norte del estado, fueron suspendidos además de que fueron acreedores a multas económicas entre 200 a mil salarios mínimos, por los riesgos a la salud de la población

A la fecha se cuenta con un registro de 579 casos de salmonela que la secretaría de salud  ha atendido en lo que va del año.

Hizo un llamado a la población para continuar aplicando las medidas de higiene en la preparación y consumo de alimentos, ya que en los días de calor aumentan los riesgos de contraer esta enfermedad al consumir alimentos o bebidas contaminadas.

Explico que la salmonelosis es una de las enfermedades más recurrente en la temporada de calor, se origina por la bacteria salmonella y su principal manifestación es la gastroenteritis.

Indico que para prevenir esta enfermedad se recomienda lavarse cuidadosamente las manos con agua potable luego de ir al baño y antes de preparar alimentos, así como lavar correctamente los utensilios de cocina antes y después de preparar la comida.

De igual manera señalo que al descongelar algún producto alimenticio debe prepararse para consumo inmediatamente, así como revisar que cada alimento que se vaya a consumir esta cocido por completo.

Señalo que los síntomas que presentan las personas que contraen esta enfermedad son dolor de cabeza intenso, náuseas, vómito, dolor abdominal, fiebre, pérdida del apetito, diarrea o en algunos casos estreñimiento.

Aproximadamente cien campesinos OPB y Bacalar se plantaron frente a las oficinas de Sagarpa en Chetumal.

Solicitan una prorroga para la entrega de proyectos dirigidos a los programas federales de apoyo al campo, y una revision e incremento a los montos que se destinan anualmente a estos programas.

Se trata de afiliados a organizaciones campesinas como la Unorca y la Central Campesina Cardenista.

La PGR solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, información de los recursos financieros de familiares y amigos de Roberto Borge, ex Gobernador de Quintana Roo, informa periódico Reforma.

La Procuraduría tiene en la mira una red que se presume lavó recursos para el ex Mandatario, en la compra de 24 terrenos.

Para ello, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada pidió a la CNBV datos financieros de ocho personas y nueve empresas como parte de la Carpeta de Investigación UEIORPIFAM-QR/0000749/2016, en la que Borge es el primer objetivo, informaron fuentes federales.

Se investigan las cuentas bancarias de María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex Mandatario estatal; Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE) y Santiago Samuel Jiménez, empresario gasolinero y representante de inmobiliarias.

Así como Édgar Manuel Méndez Montoya, Jorge Luis Cárdenas Bazán, César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge, y María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex Gobernador.

Las empresas investigadas por la compra de terrenos de alta plusvalía a precios de ganga son Caveri Servicios Inmobiliarios, Inmobiliaria Maguves, Posada Diving Ranch S.A.P.I. de C.V. y Rancho La Posadita S.A.P.I. de C.V.

También la Inmobiliaria Maltico S.A. de C.V. (Colegio Alexander), Estemar del Caribe, Inmobiliaria Cigarra y Desarrollo Xcacel y Protección de la Tortuga.

La indagatoria inició luego de la denuncia que interpuso el actual Gobierno de Quintana Roo, encabezada por Carlos Joaquín González, en la que se detallan 24 contratos de enajenación de terrenos entre 2011 y 2014 a cargo del IPAE.

Las propiedades, que en conjunto tienen una extensión aproximada de 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados y un valor comercial de 5 mil millones de pesos, fueron aseguradas por la PGR el 24 de febrero.

Las autoridades consideran que al menos 10 de los inmuebles no eran susceptibles de venta y que prácticamente todos fueron subvaluados y rematados a familiares y miembros del círculo cercano de Borge.

El personaje que más terrenos adquirió es el empresario Santiago Samuel Jiménez, con 10 de los 24; le sigue Méndez Montoya, con 5 inmuebles y la madre del ex Gobernador, con 4.

Ninguno de los bienes indagados está a nombre de Borge.
Indagan lavado de Borge en naviera

Una línea de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) contra Roberto Borge es el presunto lavado de dinero en una empresa naviera que controla una parte de los ferrys de pasajeros entre Cozumel y Playa del Carmen.

Se trata de la empresa Barcos Caribe, que operan María de Lourdes Pinelo Nieto y César Celso González Hermosillo y Melgarejo.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada convirtió a los dueños de la naviera en blanco de sus pesquisas pues, sin una solvencia económica previa, aparecieron como prósperos empresarios en un giro económico muy costoso.

La compañía fue constituida por González Hermosillo el 22 de junio de 2012 y de entonces a la fecha ha adquirido embarcaciones valuadas en varios millones de dólares.

En diciembre de 2014, la compañía recibió la autorización de la Dirección General de Marina Mercante para el transporte de pasajeros y el Congreso del estado le amplió de 15 a 50 años un permiso para instalar un módulo de venta de boletos e información turística.

En noviembre pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró temporalmente el módulo de venta de boletos de Barcos Caribe en Playa del Carmen, por carecer de los permisos para operarlo.

La empresa ha litigado contra la clausura y, hasta donde se tiene noticia, la PGR no ha asegurado la empresa.

La clausura del local ocurrió el 9 de noviembre, luego de que durante una inspección la naviera no exhibió la autorización en materia de impacto ambiental que expide la Semarnat para acreditar la operación del módulo.

Fuente. Periódico Reforma.

Bajo el argumento de que la administración pasada aprobó el aumento en el costo del pasaje al transporte con concesión estatal (TTE), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) permitió que sin previo aviso se aplicara la nueva tarifa de 10 pesos a partir de este uno de abril en Cancún.

El titular de Sintra, Jorge Portilla Manica reconoció que no conocía del tema hasta las once de la noche del viernes cuando el director, Alejandro Ramos le informó del tema.

“Es una tarifa autorizada que se aprobó en la administración pasada y que tratamos de contener, era parte de los acuerdos con los transportistas pero ellos aplicaron este fin de semana el aumento. Aclaro que nosotros no hemos autorizado ningún alza de tarifa”, dijo.

Portilla Manica añadió que una vez que ya se aplicó el aumento de casi el 25 por ciento en la tarifa del transporte revisarán el tema porque es un fuerte golpe a la economía de los cancunenses.

Amanece Cancún con un sorpresivo aumento de dos pesos en la tarifa del transporte urbano, situación que inconformó a los ciudadanos que abordaron este uno de abril diversas unidades de transporte con concesión estatal (TTE).

Este aumentó modifica la tarifa de 8 a 10 pesos, aunque hasta el momento los transportistas se han negado a dar una versión oficial.

En tanto que la Dirección de Transporte y vialidad, anunció operativos a fin de verificar que empresas de transporte público con concesión municipal no aumenten su tarifa de forma ilegal.

Cabe señalar que los transportistas solicitaron un aumento de 4 pesos al Ayuntamiento de Benito Juárez lo cual fue rechazado por la Comisión Mixta Tarifaría.

Ante la negativa del gobierno municipal de aumentar la tarifa los empresarios anunciaron una serie de movilizaciones y amparos para lograr su objetivo.