Noticias Pirámide, Chetumal.- La necesidad de contar con una nueva legislación en materia de transporte y movilidad es uno de los principales puntos de acuerdo manifestados durante la reunión sostenida este martes entre los dirigentes de los 17 sindicatos de trabajadores de autotransporte de alquiler y los legisladores miembros de la Comisión de Comunicaciones y Transporte.

Así lo manifestó el presidente de la mencionada comisión, diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza quien encabezó la segunda junta sostenida con los dirigentes gremiales encabezados por Eduardo Peniche Rodríguez, secretario general del Frente Único de Trabajadores del Volante y el recién electo secretario del gremio en Cancún, Erasmo Avelar.

En la reunión estuvo presente el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, diputado Eduardo Martínez Arcila y los legisladores Emiliano Ramos Hernández y José Esquivel Vargas, miembros de la comisión de Comunicaciones y Transporte, así como el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio.

La primera reunión con los dirigentes del gremio se llevó a cabo la semana pasada y el diálogo continuará abierto hasta que se logren acuerdos que coadyuven a construir una legislación modelo en materia de movilidad para Quintana Roo, afirmó Zelaya Espinoza.

El legislador estableció que este tipo de reuniones se llevará a cabo con todos los sectores involucrados en el tema, tal y como se ha hecho, pues recordó que hace una semana también se sostuvo una reunión con ejecutivos de una de las plataformas digitales que por el momento operan fuera del marco legal vigente en la zona norte de la entidad.

Asimismo, informó que este lunes se hizo lo propio con empresarios organizados de Cancún y, hasta el momento, el resultado ha sido satisfactorio, pues la coincidencia es que la entidad requiere de un nuevo marco normativo que ofrezca la posibilidad de reordenar el transporte y se ofrezcan mejores servicios a los usuarios y se garantice su seguridad.

Los representantes sindicales de los trabajadores del volante de todo el estado, Jair Ramírez, Jesús Martín Medina, Miguel Alonso, Jorge Castro, Mario Aguilar Edgar Alonso y Eric Castillo, de los municipios de Bacalar, Playa del Carmen, Cozumel, Puerto Morelos, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Puerto Juárez, respectivamente, coincidieron que los temas a discutir son la autorización para el ingreso de las plataformas digitales y el servicio de moto taxis, entre otros.

No obstante, entre los puntos de coincidencia destaca el hecho de que los dirigentes de los sindicatos reconocen la necesidad de que se promulgue una nueva ley y un instituto que vele por el seguimiento al orden y la planeación para la prestación del servicio.

El acuerdo de los asistentes a la reunión con los legisladores es que los líderes gremiales entregarán la próxima semana una contrapropuesta sobre los puntos señalados, esto con el objetivo de intercambiar ideas sobre los puntos divergentes y construir los consensos necesarios.

Alrededor de 28 integrantes de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito son investigados por haber salido en alguna “narcomanta” en los últimos tres meses, sin que su sola mención amerite algún relevo, pues la delincuencia organizada lo que busca es desacreditar a trabajo policiaco, indicó el titular de esta Corporación, Darwin Puc Acosta.
Durante una rueda de prensa previa la graduación de cadetes y demostración de entrenamiento, el jefe policiaco indicó que cuando detectan una narcomanta, toman nota de los elementos mencionados, se identifica si realmente están coludidos con alguna organización y te turna a Asuntos Internos para la investigación, pero no se toman represalias por el sólo hecho de ser nombrados en una.
“Estas narcomantas son solo una manera que tiene la delincuencia de desacreditar el trabajo de la policía y buscan que el mando de la corporación quite o releve al personal que está en esa zona, a manera de prevención”, explicó.
En los últimos tres meses, 28 elementos han sido mencionados en narcomantas, por lo que ya son investigados y si se determina que hay algo ilícito, se dará turno a la Fiscalía General del Estado.
“No se les da de baja a los elementos mencionados en estas narcomantas porque se inconformarían, estarían violentando sus derechos”, añadió Darwin Puc, quien indicó que cuando estas mantas vienen firmadas por algún cártel delictivo, son entregadas a la Procuraduría General de la República (PGR).

OPERATIVOS
Sobre los operativos, hoy inició el de “sellamiento”, por todas las fuerzas de seguridad público, con un filtro de acceso en la entrada desde Mérida, para revisar los vehículos que ingresan por armas y constatar que sus ocupantes no cuenten con antecedentes delictivos.
Desde el 2 de diciembre y hasta el 6 de enero, se hará un operativo por las fiestas decembrinas en la Zona Hotelera, a cargo de la Policía Turística, con mayor vigilancia en playas, centros comerciales y en paraderos de autobuses, además de la revisión aleatoria de camiones.
Sobre esta corporación, se proponen conseguir 60 plazas adicionales para 2018, para personas con idiomas, nivel académico y condición física, para reestructurar esta división con patrullaje en playas con mejor equipamiento.
En el periodo decembrino también se incrementará la vigilancia a instituciones bancarias y plazas comerciales, además de poner en marcha un operativo de acompañamiento bancario para los ciudadanos o empresas que tengan que realizar un retiro fuerte, por los aguinaldos. De ser exitoso, plantearían prolongarlo por el resto del año.
Acompañado de Baltazar Díaz Acosta, director de la Policía Preventiva, y de Carlos Jesús Bustos Álvarez, director de la Policía Turística, Darwin Puc Acosta indicó que han realizado 25 cursos de capacitación en beneficio de 2 mil 600 policías.

Existe la intención por parte del Cabildo de Benito Juárez de concesionar el rastro municipal, o bien manejarlo por una Asociación Público-Privada, lo que será sometido a voto este jueves, reveló el regidor Gregorio Sánchez Martínez, del Partido Encuentro Social.
En entrevista, el concejal indicó que se ha analizado el tema en comisiones y se determinó por unanimidad que se la situación es apremiante, por lo que se acordará una Asociación Público-Privada (APP) o bien una concesión completa de este espacio.
“El rastro ya no es un lujo, sino una necesidad ya que es un problema de salud pública serio, que el día de mañana se pueden arrepentir de no tomar una decisión drástica”, afirmó Sánchez Martínez.
Indicó que ya han contactado a una persona que puede conseguir recursos federales para mejorar el rastro, a cambio de un porcentaje, lo que funcionaría como una APP; sin embargo, se debe analizar la ley, porque con las últimas reformas, quien queda a cargo de esta figura sería el Gobierno del Estado, lo que “es un escollo fuerte” y que podría inclinar al municipio a licitar.
El proyecto que se plantea para el rastro es una renovación con un costo de 45 millones de pesos, para rehacer todo el inmueble y elevarlo a categoría Tipo Inspección Federal (TIF), con mayor salubridad, sino olores ni contaminación del subsuelo.

Las “combis” de Transporte Terrestre Estatal (TTE) regresaron a su anterior tarifa de 9 pesos y si quieren aumentar a 10 pesos el precio del transporte deberán dotar sus unidades del sistema GPS para incrementar la seguridad de los usuarios.

De acuerdo con despachadores transporte, desde ayer a las 14 horas, la empresa TTE disminuyó el costo del servicio, aunque desde la misma mañana de este lunes avisó mediante carteles que el costo sería de 10 pesos.

El secretario de Comunicaciones y Transportes (Sintra), Jorge Portilla Mánica explicó que el incremento de 8 a 10 pesos está autorizado desde 2016.

En abril pasado les otorgaron un incremento parcial –de un peso al pasar de 8 a 9 pesos- y explicó que para subir el siguiente peso en el servicio, las empresas que tienen concesión estatal, en este caso TTE, debe instalar equipo GPS que permitirá ubicar las rutas que cada unidad cubre así como el lugar en el que se encuentra en determinado momento del día.

Incluso, está contemplado que al interior cuenten con cámaras para saber el servicio que presta cada chofer y la forma en que cada uno conduce mientras labora.

De manera adicional instruyó la realización de operativos a fin de sancionar a la empresa si continúa aplicando la tarifa de 10 pesos por persona.

En Benito Juárez TTE cuenta con 750 unidades, que cuentan con concesión estatal y que se presumen pertenecen al exgobernador Roberto Borge; mientras que Maya Caribe y Turicún cuentan con combis pero con concesión municipal por lo que estas dos últimas mantuvieron su tarifa de 9 pesos.

Noticias Pirámide, Chetumal.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cumplimentó una orden de aprehensión en contra de la ex directora Financiera de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa), Ana Alicia Galera, por el delito de peculado dentro de la Carpeta Administrativa 308/2017.

Después de su detención fue trasladada a la base de la institución para su certificación médica y posteriormente entregada al Juez de Control, en el interior del Centro de Reinserción Social de Chetumal.

Los hechos que derivaron la carpeta administrativa fueron cometidos en agravio de la Administración Pública Estatal.

Vinculación

Por otra parte, La Fiscalía General del Estado realizó imputación en contra de Roosevelt Ercé Barrón Bare, dentro de la Carpeta Administrativa 151/2017 por el delito de ejercicio indebido de la función pública.

La defensa del imputado solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que el juez determinó suspender la audiencia y reanudarla el próximo dos de diciembre del año en curso a las 19:00 horas.

Roosevelt Ercé Barrón Barrera, permanece en prisión preventiva hasta la reanudación de la audiencia.

 Noticias Pirámide, Cuernavaca, Morelos.- El activista social y regidor del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Andrés Blanco Cruz, participó como ponente en la pre audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua en la ciudad de Cuernavaca Morelos, donde expuso ante especialistas, investigadores, universitarios, campesinos, asociaciones en defensa del agua y líderes campesinos el tema “El Derecho Humano al Agua” en la zona limítrofe entre Quintana Roo y Campeche.

El promotor de la Lid (disputa), para dotar del servicio público de agua potable a la comunidad de San Antonio Soda y en representación de la Central Campesina Cardenista (CCC), ante un Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Autónoma de México abarrotado de participantes nacionales e internacionales, planteó la necesidad de que el Poder Judicial de la Federación, haga efectiva de manera inmediata las sentencias emitidas a favor de los ciudadanos y con ello puedan acceder a la brevedad a este recurso hídrico.

Dijo que las comunidades rurales situadas en la zona limítrofe entre Quintana Roo y Campeche como en el caso de San Antonio Soda, ante una indefinición jurídica, el derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que tienen cada uno de los habitantes de la región están siendo transgredidos.

Detallando que la controversia constitucional que se tienen entre los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, han servido de excusa para que la instancias gubernamentales violenten el artículo 4 constitucional que señala que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Enfatizó que el Poder Judicial de la Federación, tiene que garantizar la efectividad de las sentencias emitidas en los juicios de amparos, el cual, es el único recurso legal con el que cuentan los habitantes de las comunidades rurales para hacer valer este derecho universal, o de lo contrario no se garantiza que el Estado cumpla con esta obligación estipulada en la ley.

Y añadió que además de garantizar un juicio de amparo efectivo se debe brindar el apoyo técnico y de especialistas en la materia, para que los habitantes favorecidos por el juicio de amparo tengan la certeza de que el acceso al agua será conforme a lo establecido en la constitución.

Finalmente hizo hincapié en la necesidad de que el Estado fortalezca a los organismos operadores locales del agua potable y evitar con ello este recurso hídrico catalogado como materia de Seguridad Nacional caiga en manos privadas y con ello se lucre con este bien escaso y fundamento de vida.

Noticias Pirámide, Chetumal.- El diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta en el Congreso del estado, Emiliano Ramos Hernández, celebró la detención del ex tesorero de la era felixista, Érce Barrón Barrera, quien fuera trasladado al Cereso de Chetumal.

Advirtió que son 24 los ex funcionarios denunciados por desfalcos por 11 mil 800 millones de pesos y 80 ex servidores públicos involucrados.

En este sentido el legislador comentó que celebran la detención de Érce Barrón Barrera, ya que habla de que se ha estado trabajando en torno a las denuncias que se presentaron por parte de la Contraloría del Estado y que derivaron de la Auditoría Superior del Estado.

En este punto recordó que fueron más de 80 ex funcionarios y funcionarios públicos que están involucrados en los desfalcos por más de 11 mil 800 millones de pesos que se tienen en dichas denuncias interpuestas por parte de la administración gubernamental de Carlos Joaquín .

Mencionó que está es una más de las sentencias que se esperaban de las 24 que se hicieran en meses pasados ante la Fiscalía General y la Procuraduría General de la República por irregularidades en el manejo de los recursos y ejercicio irregular de la gestión pública.

Advirtió que a pesar de que pudieran alcanzar su libertad como en otros casos, el resarcimiento del daño forma parte de la aplicación de la ley, aunque no sea del agrado de los ciudadanos.