La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo Navarro informó que uno de los expresidentes de las juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje que participaron en el presunto despojo de cuentas bancarias y propiedades durante la administración del exgobernador Roberto Borge Ángulo, ya fue vinculado a proceso.

El 28 de mayo pasado ya fue vinculado a proceso, dijo sin dar más detalles y también señaló que hay otros exfuncionarios acusados por la pérdida de documentos como por el extravío de dinero depositado en las cajas fuertes. En este caso están presuntamente relacionados los expresidentes de las Juntas Especiales 1, 2 y 3 de Cancún y de Playa del Carmen.

“Los presidentes de juntas de conciliación entrantes presentaron la denuncia en contra de los presidentes salientes por dos delitos: Ya sea por la falta de valores en las cajas fuertes, que es nuestra responsabilidad o el delito de infidelidad en la custodia de documentos”, aseguró.

De estas denuncias penales, ya existen varias carpetas administrativas por lo que se están llevándose a cabo las audiencias iniciales de imputación y autos de vinculación a proceso.

“En proceso hay varios (expresidentes de las Juntas) y vinculado a proceso, el 28 de mayo el primero”, dijo la Secretaría del Trabajo.

Durante la administración de Borge Angulo, los empresarios acusaron que desde las juntas de conciliación, que estaban a cargo del secretario del Trabajo, Patricio de la Peña, se llevaron a cabo demandas laborales ficticias, mediante las cuales, fueron despojados de alrededor de 50 millones de pesos de cuentas bancarias y 30 inmuebles en diversos puntos del estado.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación negó a José Luis Toledo Medina, Chanito, la posibilidad de ser candidato en Benito Juárez, dado que confirmaron la resolución de la sala de Xalapa, que ya le había negado dicho derecho por carecer de residencia constitucional.

Se trataba de un juicio de reconsideración que analizó el máximo tribunal, al haber quedado fuera de los registros el candidato del PAN-PRD, por una controversia por su residencia, anteriormente registrada en Solidaridad como candidato del PRI.

El único magistrado que votó en contra fue José Luis Vargas Valdez, al considerar el plazo desproporcionado: cinco años para ocupar un cargo de tres años. Además, esgrimió que se trata de un municipio que está junto a otro, “y existe la posibilidad de que tengan su actividad y negocios en un municipio y resida en otro”, dijo.

Sin embargo, la ponencia a favor de la resolución, que apoya los resolutivos del Instituto Electoral de Quintana Roo, el Tribunal Electoral y la sala de Xalapa, dejó en firme la negativa dado que privó la tesis de la Suprema Corte que ha dejado a los estados en libertad de exigir dichos requerimientos, es decir, de establecer los plazos, algo que en varias constituciones es diferente.

“No vimos la proporcionalidad al tiempo que va a durar en cargo, sino el derecho que se le viola y  no aplicar en esta norma, porque son los constituyentes los que deciden este concepto”, analizó uno de los magistrados. “Los plazos dependen de cada particularidad y eso se debe privilegiar”, cerró.

La votación terminó 6 a 1 a favor del proyecto que avala el resolutivo de Xalapa.

La coalición PAN-PRD, irá a la elección de Benito Juárez con un candidato desconocido, casi homónimo de Toledo Medina, José Luis Acosta Toledo, que también ha sido impugnado por figurar en una nómina de gobierno.

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