Edith Encalada Cetina, una de siete víctimas de Jean Succar Kuri sentenciado por pornografía infantil y corrupción de menores, informó que el empresario promovió un amparo del que no se enteraron las afectadas y que le permitiría la posibilidad de regresar de nuevo a la cárcel de Cancún para continuar su sentencia de 112 años.

En 2011 fue sentenciado Succar Kuri a permanecer 112 años recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No.1, conocido popularmente como el Altiplano y que es de máxima seguridad. El 19 de junio, un mes después de que fue trasladado a ese sitio, los abogados del empresario presentaron un amparo debido a que fue emitida una reforma en la que corresponde a los jueces definir el sitio de reclusión de los reos.

La afectada explicó que el amparo fue ganado por Succar y no se enteraron, prácticamente pasó inadvertido, y en respuesta, la Procuraduría General de la República (PGR) promovió a su vez el amparo 1306/2017 en el Juzgado Cuarto de Distrito.

“El reo alegaba contra los actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social con sede en la Ciudad de México, esto con el fin de volver a la cárcel municipal de Cancún”, en el que se encontraba recluido antes de ser enviado al Cefereso.

El regreso del pederasta, dijo provocaría que las siete víctimas revivan todo el proceso que enfrentaron al declarar y presentar pruebas en contra de Succar para lograr la sentencia.

“Se me hace gravísimo que las autoridades en México puedan conceder un amparo a una persona que tiene todos estos procesos penales todavía pendientes por dictar sentencia y otros en los que ya se les dictó sentencia, cómo le dan una concesión así!!!, no entiendo”, y precisó en conferencia de prensa que este beneficio ya lo han obtenido otros reos en el país por lo que existe la posibilidad de que regrese al estado.

«Dejamos esto en manos de los magistrados del Tribunal de Quintana Roo, quienes podrían en todo caso, determinar si es o no procedente revocar dicho amparo», explicó la afectada.

La danza de los millones en el Congreso del Estado. Horas después de una que se diera una manifestación en Solidaridad, en la que acusaban de complicidad a la Fiscalía del Estado por la falta de investigación al Congreso del Estado por presunto desvío de recursos, fue la propia Fiscalía la que confirmó que sí se investiga a personal del Congreso del Estado por el delito de peculado, es decir, desvío de recursos.  La demanda se origina porque ciudadanos detectaron que “cobraron” apoyos según registros oficiales del Congreso, pero jamás les llegó ni utilizaron esos recursos.

De acuerdo con la ficha informativa del organismo, la ciudadana que presentó la denuncia formal es C.S.O. (identidad reservada), y es su representante legal la presidenta de la asociación civil “Somos tus Ojos Transparencia por Quintana Roo”, Fabiola Cortez Miranda; y ya en el marco de las primeras investigaciones, todo a apunta a la servidora pública Ana María “N”, quien habría cometido los desvíos, pero por órdenes superiores.

Falsos beneficiarios

En la demanda inicial se expone que en el último trimestre de septiembre a diciembre del 2016, se ejercitó un presupuesto de veintitrés millones, trescientos mil quinientos ochenta y tres pesos por conceptos de ayuda social, “y no 100 millones de pesos supuestamente asignados en dicho rubro, a los que se hace mención durante la manifestación de este lunes”, dice parte del comunicado.

En la denuncia, de esa cantidad, poco más de un millón 300 pesos fueron utilizados en los rubros de transportación, hospedaje y alimentos; y que todo hace presumir que la imputada hizo uso de dichos recursos de manera indebida, dado que “distrajo” dichos recursos públicos utilizando los nombres de personas que se han «beneficiado» de tal ayuda, (entre ellas la querellante); sin embargo, de acuerdo a la denuncia, ella en ningún momento ha solicitado alguna clase de apoyo económico ni lo ha recibido.

Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción

En ese sentido, la Fiscalía informó que el fiscal a cargo del caso ya instruyó se lleven a cabo diligencias, sin embargo, remitió la carpeta de investigación por incompetencia a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción el pasado 06 de febrero del 2018.

La Fiscalía informó que, de acuerdo con el decreto 87, expedido por la XV legislatura, establece 60 días para notificar a la misma Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción,  sobre el expediente de esta índole, por lo que devolvió al Fiscal del Ministerio Público para que continúe recabando los datos de prueba correspondiente, “en ningún momento se ha omitido o se ha beneficiado las denuncias contra cualquier persona, incluyendo las que se realizan en contra de funcionarios públicos, así que es importante destacar que la Vicefiscalía de Riviera Maya mantiene abierta dicha investigación”, dice el comunicado.