Chetumal, Quintana Roo.- El pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo sesionó para resolver cinco quejas del Procedimiento Especial Sancionador interpuestos por partidos políticos y una coalición.
Sobre el Procedimiento Especial Sancionador PES/012/2019 y el PES/016/2019, fueron interpuestos por el Partido Acción Nacional y la Coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, respectivamente, en contra de Juan Carlos Beristain Navarrete y la coalición “Juntos haremos historia por Quintana Roo”.
Ambas quejas por supuestos actos que vulneran las disposiciones en materia de propaganda electoral y afectan la equidad en la contienda. Toda vez que la propaganda no contiene los símbolos que indiquen que son reciclables y se encuentran elaborados con materiales que no son biodegradables.
Con relación al PES/012/2019, el pleno determinó que son existentes las infracciones atribuidas a Juan Carlos Beristaín Navarrete y la coalición “Juntos haremos historia por Quintana Roo”, integrada por el Partido Verde Ecologista de México, Morena y Partido del Trabajo, por dejar de vigilar la actuación de su candidato, ello, toda vez que se acreditó la existencia de la propaganda denunciada que contenía el emblema de la coalición y la imagen de su candidato, sin que ésta fuere reciclable, ni fabricada con materiales biodegradables, por lo que se decidió al candidato y su coalición imponer una sanción que consiste en una amonestación pública.
Mientras que en el PES/016/2019, las magistradas y el magistrado del pleno determinaron la inexistencia de la infracción denunciada en contra de Juan Carlos Beristaín Navarrete y la coalición “Juntos haremos historia por Quintana Roo”, en razón de que quedo probado que la propaganda electoral objeto de la denuncia fue realizada con material reciclado y biodegradable.
Con relación al PES/013/2019 y el PES/014/2019, ambos interpuestos por el Partido del Trabajo en contra de Roxana Lilí Campos Miranda, candidata a diputada por el Distrito Electoral 10 de la Coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”.
El primero, por realizar propaganda que presuntamente denigra a las instituciones y el segundo, por infringir la normatividad electoral al emitir propaganda que no cumple con los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales.
En el PES/013/2019, el pleno decidió declarar la inexistencia de las conductas denunciadas en contra de Roxana Lilí Campos Miranda y la Coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, toda vez que no se acreditaron las conductas irregulares o contrarias a la normatividad electoral, ya que no existe una imputación directa a la persona de la ciudadana Laura Beristaín Navarrete, sino lo que se realiza es una crítica fuerte, vigorosa y severa en relación a su desempeño como Presidenta Municipal de Solidaridad, sobre diversos temas del orden municipal y de seguridad pública, lo cual es válido dentro del marco del debate político de todo régimen democrático y en pleno respeto al derecho de libertad de expresión.
Ahora bien, sobre el PES/014/2019, el pleno determinó la existencia de la infracción atribuida a Roxana Lilí Campos Miranda y la Coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, ya que del análisis de todas las pruebas se desprende que existen elementos materiales y jurídicos que llevan a este Tribunal a la conclusión que los denunciados incurrieron en violación a la normatividad electoral, en específico, en los lineamientos emitidos por el INE con relación a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales, por lo que se les impuso a ambos una amonestación pública.
Por último, en lo que se refiere al PES/015/2019, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Carlos Orvañanos Rea, candidato a diputado en el Distrito Electoral 07 por la Coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, integrada por el Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Encuentro Social por Quintana Roo, por supuesta colocación de propaganda electoral en lugares prohibidos por la ley.
En este asunto, el pleno determinó la existencia de la conducta atribuida al candidato Carlos Orvañanos Rea y a la Coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, por haberse acreditado material y jurídicamente las irregularidades planteadas por el denunciante, por tal motivo, se le impone una amonestación pública al candidato y a la coalición.

Cancún, Quintana Roo- En las cárceles de Quintana Roo hay registradas 11 mujeres que son madres y que crían a sus hijos con ellas.
De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad Publica, en México, en 2018 había 10,594 mujeres en reclusión.
Datos de la fundación Reinserta, dicen que el 88 por ciento de las mujeres que se encuentran reclusas en los penales del país son madres de familia y al menos 800 niños mayores de tres años de edad viven con ellas a pesar de que la Ley Nacional de Ejecución Penal lo prohíbe.

México cuenta con 353 cárceles en el país, de las cuales hay mujeres en 181 de ellas; de la población de mujeres que hay, muchas de ellas han tenido hijos estando presas, lo cuales viven con ellas.
No hay datos certeros de cuántos menores habitan en las prisiones del país, pues el número se mueve según los ingresos y egresos de las madres reclusas, sin embargo la fundación Inserta estima que hay al rededor de 800 niños viviendo en reclusión junto con sus madres.
Son niños que nunca han ido a un parque, al zoológico, que no tienen amigos, que no han salido a la calle porque viven recluidos con sus madres.
La Ley de Ejecución Penal en materia de maternidad establece que «los menores solo pueden permanecer con su madre reclusa hasta los tres años de edad», pero una investigación de Reinserta ha podido documentar que existen hasta adolescentes viviendo con sus madres en reclusión.
La Ley de los Derechos de los Niños en México establece que deben de contar con un entorno sano para lograr su desarrollo y bienestar integral, además de tener una alimentación adecuada, educación inicial, vestimenta, atención pediátrica.

*Ingeniera con maestría optó por regresar a su pueblo y sobrevivir con un vivero, antes de tomar un trabajo mal pagado en Banco Azteca.

José María Morelos, Quintana Roo.- Lucía Yam, luego de titularse como ingeniera en agroecología y sacar su maestría, decidió regresar a su pueblo, en Santo Domingo, para cultivar la tierra, en parte por decisión propia y en parte por las pocas opciones laborales para gente con conocimientos académicos, aunque reconoce que el emprendurismo no es fácil ni es una opción para todos.
La joven trabaja en un vivero junto a su hermano, donde cultiva plantas de ornato, cítricos, aromáticos y, más recientemente, cactus. La promoción la hace a través de Facebook, aunque su hermano le toca ir tres veces por semana a José María Morelos y una más a Dziuché. Hoy, por ser día de la madre, ambos están en la calle.
Según explicó, el trabajo asalariado es complicado, sin importar la formación académica, por su precarización y reducido salario. Al comentarle que muchos titulados del Uimqroo terminan como cobradores para Banco Azteca, ella opinó que a menudo resulta que ese puesto paga mejor que muchos de los que se ofrecen en su campo.
Sin embargo, ella dijo preferir el camino que tomó, aunque implique mucho trabajo, pues dijo ser muy noble y gratificante ver crecer lo que siembra, además de estar en la tranquilidad de su pueblo, cerca de su familia. También es reconfortante mantener un mínimo impacto sobre el medio ambiente, al usar PET reciclado para las macetas y composta para la tierra.
“El que lo hagamos es porque tenemos ventajas, como la tierra, que es fértil, el espacio, que yo tenga los conocimientos, que no todos tienen”, comentó, indicando que el emprendurismo no es una opción sencilla para todos, pues implica depender de la venta para comer, la que no siempre sale.
“Todo es trabajo; la producción, la promoción y la venta. Hoy estamos aquí, lo que significa que no estamos en el vivero, cultivando. Si hubiera capital, tendríamos asalariados, pero no es así”, comentó la ingeniera.
Una opción podría ser el financiamiento, pero esto también es “un dolor de cabeza”, por sus reglas, que implica el darse de alta en Hacienda y pagar impuestos, un gasto que a la larga puede salir contraproducente, aunado al tiempo y gasto que implica la contabilidad.
Comentó que ella también tenía un proyecto para generar textiles, pero se le hace inviable porque en la creación de una bolsa o una prenda, hay un tiempo de diseño, de prueba de materiales, moldes y prueas de resistencia que nadie se los va a pagar.
“Luego cuestionan el precio, pero no ven el trabajo detrás”, comentó.
Las creaciones son difíciles de proteger porque, aunque se pueda registrar una marca, con el gaso que implica, esto no aplica para el diseño, que es un proceso aparte.

(Con información de Agencia SIM).

Cancún, Quintana Roo.- Un grupo de padres de familia clama justicia ante lo que parece ser un evidente caso de abuso sexual contra un menor de 12 años de edad, en la escuela primaria Cadetes de la Patria de la Región 101 de esta ciudad.
Inicialmente se había mencionado que el abuso fue cometido por un maestro, pero después se aclaró que habían sido otros compañeros.
La madre del menor, en compañía de la sociedad de padres de familia se presentaron a las afuera del colegio donde exigen justicia y para tales acusaciones llegaron al lugar con pruebas médicas, donde los daños no son solamente psicológicos, sino también físicos por el abdomen y piernas, además genitales y anales.

El jovencito argumenta haber recibido amenazas con un cuchillo por parte de sus compañeros si delataba a los culpables. El director del plantel supuestamente le ofreció dinero a la madre del menor abusado, para que no denunciara nada, lo que ella no aceptó.
Al lugar llegaron policías municipales para evitar alguna riña por parte de los padres inconformes.
La denuncia fue presentada en la Fiscalía General del Estado, en el área de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y Razón de Género, comandada por Guadalupe Reyes Pinzón.

CIFRAS DE VIOLACIÓN

El número de denuncias presentadas por el delito de violación en el año 2019, por municipio, sexo y edad es de 67 hasta el 29 de abril pasado.
Hay 2 violación de masculinos, de edad de 10-14 años y de 40-44 años, ambos en Benito Juárez. De violación a mujeres el reporte es de 65; donde se detalla que hay 1 de 4 años en Othón P. Blanco; 3 de 5-9 años en Benito Juárez; 14 de 10-14 años, de los cuales 1 se dio en OPB, 4 en FCP, 6 en BJ, 2 en Solidaridad y 1 en Cozumel.

(Con información de Agencia SIM).