Cancún, Quintana Roo.- Integrantes del colectivo feminista “Xtabay” se manifestaron este día afuera de los tribunales federales, ubicados en la avenida Andrés Quintana Roo, para exigir que se le niegue el amparo a Carlos Atanasio “N”, actualmente vinculado a proceso por el presunto abuso sexual de su hijo.

Este playense permanece libre, pese a que un juez le dictó prisión preventiva, a través de este recurso federal, que hoy será resuelto por en audiencia constitucional.

Ariadne Song Anguas, abogada y activista de esta agrupación, consideró lamentable que agresores y presuntos responsables de delitos puedan mentir ante instancias, que sirven para verificar si hay violaciones a los derechos humanos, y así retrasar los procesos en su contra por uno o hasta dos años.

En contraste, sus víctimas carecen de los medios para tramitar amparos, pues ni siquiera son representadas de forma correcta en primera instancia por sus defensores de oficio, quienes no interponen apelaciones y mucho menos recurren a la justicia federal.

La activista señaló que, en total, un recurso de amparo cuesta 250 mil pesos, según cálculos del Colegio de Abogados, los que se van cubriendo en parcialidades, de acuerdo al avance de este trámite.

La abogada chetumaleña dijo que los jueces electos tras la última reforma deberán acostumbrarse a la presencia de colectivos de víctimas, para que actúen con responsabilidad y no entreguen amparos de forma indiscriminada a agresores que buscan evadir la justicia.

En este caso particular, Carlos Atanasio “N” fue vinculado a proceso en segunda instancia por el presunto abuso sexual cometido contra su hijo de tres años de edad, pero él no se presentó ante las autoridades y, en su lugar, tramitó un amparo.

La madre del menor actualmente está encerrada, temerosa de salir a la calle desde el año pasado, al seguir este sujeto en libertad, señaló.

La activista invitó a todos quienes les es negada la justicia, a causa de estos amparos otorgados de forma irresponsable, a que se unan a su lucha.

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“(El amparo) es un medio legal para defenderse, pero toca usarse con responsabilidad”, indicó.

“¿Cuántos defensores de oficio tramitan amparos? Ninguno; se tiene que hacer con un particular”, comentó. “A diferencia de las víctimas, agresores sí tienen los recursos para retrasar o detener la justicia a través de estos recursos, lo que es un calvario de diligencias para las mujeres, que tienen que pedir el día a su trabajo para venir”.

Nashelli Gutiérrez Pérez, víctima de violencia vicaria, comentó que después de ser injustamente encarcelada, tardó dos meses en recuperar la custodia de su hija, pues su presunto agresor había tramitado un amparo.

Por su parte, Teci, quien sufrió violencia física y vicaria por parte del ex director del Planetario de Playa del Carmen, Jaime Alberto B. M., afirmó que es solo cuando obtienen el beneficio de una abogada, que se dan cuenta todas las irregularidades cometidas por las instancias de procuración e impartición de justicia.

“Empieza desde el mal trato que recibimos, desde que nos dicen ‘usted otra vez aquí, ¿ahora qué quiere?’ y nos hacen esperarlos mientras comen sus galletitas”, criticó.