La intervención de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) a Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakán) se realiza desde tres estrategias distintas en Solidaridad, Puerto Morelos y la aplicación de una evaluación financiera con miras a concluir con la cancelación adelantada de la concesión. Mientras que la empresa ha optado por guardar silencio.
El director general de Capa, Gerardo Mora Vallejo, explicó que en Puerto Morelos, la presidenta Laura Fernández Piña solicitó la creación de un organismo operador en el municipio, DHC presenta un amparo, suspenden ésta la contraprestación y luego el caso fue destrabado por Capa.
La atribución de Capa es verificar y supervisar cada seis meses la operación de la concesionaria, el servicio que prestan a los clientes, la gestión del recurso, entre otras.
“En Solidaridad, meten un recurso, no están contentos con la calificación que nosotros les damos; en Cancún ya está firme, de 10 posibles puntos nada más tienen dos puntos, desafortunadamente ahí lo que se hace es una llamada de atención, no hay en el título de concesión que se otorgó en 2014, que se extendió a 2053 no se estipuló ningún tipo de penalidad”, explicó el funcionario.
La empresa presentó un juicio de lesividad en Solidaridad por sentirse agraviada, pese a que en el municipio existe una Junta Técnica integrada por el presidente municipal, organizaciones no gubernamentales y Capa, que indica que el servicio no es el adecuado.
Capa se adhiere a ese juicio como tercer interesado, vuelven a presentar un recurso ante un Juez de Distrito en la Ciudad de México. Y la tercer y última estrategia, dijo es efectuar la evaluación financiera de la empresa.
En este rubro, indicó que solicitó dicha evaluación de 2017 al 5 de septiembre del presente año, presentaron los resultados a fin de que la concesionaria hiciera los alegatos que considerara necesarios y por el contrario, mejor optó por ampararse pero no fue concedido porque el juez no encontró ninguna posible afectación por dicha intervención.
“En ese momento, después de darle los 15 días de audiencia, (detectamos que) le deben al estado alrededor de mil millones de pesos, son diferencias de obra reportadas en diferentes rubros, hay bastantes anomalías que nosotros pedíamos nos aclararan y lo que se hace es intervenir cajas mediante un interventor y ellos deciden abandonar las oficinas”, precisó.
Esto significa, dijo el director de Capa que la concesionaria no podrá gastar un solo peso hasta que el interventor no lo autorice.
