Pese a contar con un presupuesto elevado y una amplia estructura administrativa, la XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo mantiene un desempeño costoso y de baja productividad propia, una constante que se repite desde la XVI, de acuerdo con el Observatorio Legislativo.
En la primera mitad de su periodo constitucional (septiembre de 2024 a septiembre de 2027), el Congreso —integrado por 25 diputados— ha ejercido alrededor de 800 millones de pesos, lo que equivale a 44 millones de pesos mensuales y 32 millones por diputación en este lapso, informó el presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra.
Tan solo para 2026, el presupuesto aprobado asciende a 536.3 millones de pesos, de los cuales 69% se destina a sueldos y salarios, y 14% a “ayudas sociales”, un rubro que el Observatorio considera excesivo e innecesario, al duplicar funciones de dependencias como Bienestar y el DIF.
En términos legislativos, los legisladores han realizado 153 sesiones, presentado 337 iniciativas y aprobado 202 decretos, lo que en apariencia representa una productividad del 60%.
Sin embargo, al analizar el origen de estas normas revela que 61% de los decretos no fueron producto del trabajo directo de los actuales diputados. Sino que provinieron del Poder Ejecutivo, de ayuntamientos, del Congreso de la Unión o de iniciativas heredadas de la legislatura anterior.
Quinteto menos productivo
Galaviz Ibarra subraya que la mayoría de las iniciativas se presentan como propuestas de grupos parlamentarios, lo que dificulta evaluar el desempeño individual.
Aun así, el balance muestra que varios diputados no han presentado iniciativas propias, entre ellos María José Osorio Rosas, Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Ángel Álvarez Cervera, Jorge Armando Cabrera y Luz Gabriela Mora.
Aunque Morena, PT y PVEM —sobrerrepresentados— concentran el mayor número de iniciativas aprobadas, el documento advierte que varias reformas impulsadas desde el Ejecutivo fueron avaladas sin análisis crítico, varias de ellas posteriormente fueron impugnadas por la CNDH y parcialmente invalidadas por la Suprema Corte, en temas como movilidad, código penal, expropiación y leyes orgánicas
A ello se suma una estructura administrativa sobredimensionada, con 631 personas en nómina, cifra muy superior a la de congresos como Yucatán (215), Puebla (181) o Querétaro (258). Además, persisten marcadas desigualdades salariales entre personal de base y de confianza
El Observatorio concluye que el Congreso de Quintana Roo sigue siendo caro, poco eficiente y alejado de los grandes problemas del estado como ocurrió desde la XVI Legislatura. Y ahora, se suman a la lista de temas de interés la seguridad, ciberseguridad y la desaparición de personas. Mientras que el 2026 se perfila como un año de alta exposición mediática con fines electorales más que legislativos.
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