Ninguna ley le permite a la XVII Legislatura administrar los recursos de una cafetería que actualmente se construye, y ni siquiera ha dado a conocer con qué recursos con que se hace ni qué costo tendrá.
En Tulum, los desarrolladores venden, construyen y publicitan proyectos que carecen del más mínimo permiso de construcción.
Por Luciano Núñez
“Y los banqueros ahora dan viviendas y comida / Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo”, dice una de las estrofas de Silvio Rodríguez en Ojos color sol, junto a Calle 13.
La construcción de esta canción está basada en el absurdo del deber ser de las cosas e instituciones. “Hoy, las gallinas mugen y las vacas cacarean”, entonan los artistas.
El Quintana Roo de hoy por hoy podría sumar varias estrofas a esta canción en reversa. “En el Congreso ya no se hacen leyes / ahora son meseros de una cafetería”. O: “En Tulum primero se construye, los permisos después se fabrican”.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado de Quintana Roo el poder legislativo tiene 75 facultades, entre ellas, esencialmente crear leyes, nombramientos y aprobar cuentas públicas de los poderes y municipios.
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Ninguna le permite ni de cerca generar un negocio propio como tal, entendiéndose éste como un mecanismo que instrumente todo un andamiaje para generar y administrar recursos de este tipo. Es decir, contratar empleados del rubro gastronómico, administrar los ingresos y egresos y competir abiertamente en el mercado contra Starbucks, El Molino o Winners. Menos aún concesionar en el rubro alimentos y bebidas, salvo el “coffee break”.
Para ello, la Constitución debería ser modificada y que los legisladores pasen a ser algo así como empresarios gastronómicos o meseros.
Lo más cercano a esto figura en el artículo 75, inciso XXVII, que se refiere a “Aprobar o rechazar las concesiones otorgadas por el ejecutivo”. Hasta ahora el Ejecutivo no ha dado a conocer que haya concesionado un negocio que le reporte ingresos al Legislativo, mucho menos que haya instrumentado, para ello, la modificación de un espacio público y la remoción de una escultura de Don Andrés Quintana Roo, que debería administrar el Instituto de Cultura y de las Artes.
¿Dónde encajaría entonces el negocio que está en proceso de apertura de la XVII Legislatura? ¿Por qué no ha sido modificado el presupuesto de egresos donde, además, figuren sus nuevos ingresos por el próximo negocio? Nadie sabe y nadie contesta.
Parecería que el ridículo es tan grande que nadie tiene el valor de asumir el error y dar la vuelta atrás.
Anarquía territorial
No menos grave es la situación ecológica que se vive en Tulum. Donde los empresarios tienen proyectado, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), alrededor de 300 proyectos inmobiliarios. Esto no sería nada grave, porque se trata de crecimiento e inversión para el Estado, sino que la mecánica es por demás precaria: construir sin ningún tipo de permisos y, después, pagar una multa o buscar otras vías para fabricar un permiso y así operar hoteles que violan las normas más básicas de construcción, no sólo la ubicación en zonas protegidas, sino de altura y densidad.
Dice la Ley de Asentamientos Humanos, en su artículo 1 inciso III, que el Estado debe “establecer los criterios para armonizar la planeación y la ordenación de los asentamientos humanos con el ordenamiento sustentable del territorio y la seguridad de sus habitantes”. Particularmente el inciso IX se refiere a la «Sustentabilidad ambiental”: “…evitar rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas y que el crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas naturales protegidas, manglares y cenotes; para evitar comprometer la capacidad de futuras generaciones”.
Todo ello ocurre a la vista de todos en Tulum. El controvertido desarrollo Soliman ha generado ya cuatro amparos federales, incluso, está clausurado por la Profepa y aún así la construcción jamás se ha detenido (Ver fotografías).
En un recorrido realizado el día 19 de este mes por el grupo ecológico Defendiendo el Derecho al Medio Ambiente Sano (DMAS), fue constatado que, hasta la semana pasada, había empleados trabajando en diferentes puntos desarrollo que está ubicado en una zona de anidación y desove de tortugas.
No es el primer foco rojo que se enciende en Tulum: está viva la causa del despojo de tierras a un ejidatario y cuya denuncia involucra a quienes operan en áreas clase en la materia ambiental: desarrollo urbano, catastro y ecología.
Ambas situaciones dejan ver que la carreta está adelante del caballo. No se trata de un efecto óptico, sino del realismo mágico que permite que la ley esté de ornato y todo vaya marchando, pero al revés del sentido común. En reversa, como dice la canción de los absurdos que, poco a poco, van siendo superada por nuestra realidad.
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