La falta de resultados en seguridad motivó, a nueve meses del arranque de la nueva gestión, que la gobernadora Mara Lezama cesara tanto al fiscal como al secretario de seguridad pública; una decisión firme y coherente que, sin embargo, requirió de una mayor operación política que no estuvo articulada, sumado a la flaqueza de una “clase política” que apuesta al selfie como plataforma y propuesta política.
Por Luciano Núñez
Fue un parto. Nueve meses en el gobierno han sido suficientes para que la gobernadora, Mara Lezama, tome acaso la decisión más importante en lo que va de su gestión: la salida del fiscal Oscar Montes de Oca y, la sorprendente remoción de Rubén Oyarbide, quien la había acompañado desde 2021 en su gobierno en Cancún, como secretario de seguridad. Se sabía que desde hacía varias semanas se configuraba este cambio y, aún así, el fiscal se presentó fresco y lozano en Tulum para dar una conferencia, arropado por la secretaria de gobierno, Cristina Torres Gómez.
Al fiscal no había que buscarle más razones para su partida, argumentos sobraban y aparecían cada día más y más escabrosos; sin embargo, la imagen del relevo que más causó impacto fue la de Oyarbide, que no había aparecido en el radar.
Para un estado como Quintana Roo, que no es “tierra caliente”, dos secuestros casi consecutivos: el del magistrado Sergio Avilés y el hermano del diputado Omar Rodríguez, fueron dos gotas que rebasaron el vaso de la tolerancia de la titular del Ejecutivo, aseguran dos fuentes.
Antecedentes y un área de alta combustión
El antecedente es que, en 2021, Eduardo Santamaría había sido destituido de manera fulminante de la secretaría de seguridad Cancún, tras el ataque al movimiento feminista que se emplazó en la Fiscalía, episodio terminó con una cruenta balacera que, por otro lado, se llevó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Alberto Capella, quien había llegado con Montes de Oca. Eran y son un mismo equipo.
Posterior a ello, quien tomó las riendas como encargado de despacho en la estatal fue Lucio Hernández, muy cercano a los grupos políticos del ex gobernador, Carlos Joaquín y, cuando asumió Mara la gubernatura, designó a Manelich Castilla. Aunque llegaba con excelentes referencias de la Secretaría de Gobernación duraría apenas cinco días en el puesto y se fue expresando su molestia en redes sociales. Quien pasó a sustituirlo fue Oyarbide que venía, como se dijo, de Seguridad Pública de Cancún, donde había trabajado con Mara.
A nueve meses de la nueva gestión, aparecieron focos rojos en la fiscalía, por un lado, y en seguridad pública, por el otro; ambos generaron el escenario perfecto para el cambio en las dos áreas vitales para la seguridad ciudadana, algo que la gobernadora trazó desde su discurso inicial en la toma de protesta.
Los casos de despojo y falsificación de documentos públicos detectados en Tulum, fueron otra causa que generó un enrarecimiento en el área: los intereses políticos se cruzaban de cerca para generar una tormenta perfecta.
Fiscal interino
Ahora, la llegada de Raciel López Salazar a la fiscalía, quien ya venía desempeñándose como delegado de la Fiscalía General de la República, deberá ser ratificada por el Congreso del Estado, algo que, aseguran, sucederá, pese a que López Salazar fue recibido con duras críticas desde varios frentes, que no tuvieron el contrapeso sólido que se esperaba: gran parte del grupo político más cercano de la gobernadora se ha especializado en «selfies» y asistencias a cumpleaños, y no tiene el tamaño político para arroparla, mucho menos para entender cómo hacerlo.
Espaldarazo
Tres voces que acudieron al espaldarazo fueron la alcaldesa de Cancún, Ana Paty, la presidenta de la Mesa Directa del Congreso del Estado, Mildred Ávila Vera y la senadora Marybel Villegas Canché, quien emitió un post respaldando la decisión de la gobernadora. Y una parte del sector empresarial, el que vive aquí.
Una digresión: En materia de seguridad, Quintana Roo no ha podido, como en Mérida, hacer equipo para la pacificación de la comunidad, porque el empresariado meridano acompaña al gobierno y el gobierno responde. Hay equipo. En Quintana Roo, una parte del empresariado se ensaña en obtener millones del presupuesto cada año para sus promociones, pero se lleva gran parte de las ganancias a Europa. No hay prosperidad compartida. Es decir, los dueños de cadenas hoteleras no viven en Quintana Roo, algo que lo diferencia significativamente de Mérida, que presenta niveles de seguridad que ni siquiera hay en el viejo continente.
En esta semana el Colegio de Abogados quiere arrimar dos nombres y es sano para la democracia que así sea: el poder expresarse. Pero también es sabido que la seguridad es un eje federal, un corpus, que viene como siempre desde el centro del país. ¿Cuánto tiempo de gracia tendrán los dos nombramientos?
Sin operación política en varios frentes
La falta de operación política anterior a la llegada de Raciel, ha revelado también que la secretaria de gobierno, Cristina Torres Gómez, ha hecho aguas y trastabilla, más aún cuando se trata de comunicar. ¿Cuántos meses más tendrá si sigue enredándose?
Hay tres frentes internos abiertos y en “stand by”: la espera de la posible ratificación del fiscal, el interinato en Derechos Humanos y la desacertada operación política en la elección de la nueva rectoría de la Universidad de Quintana Roo, Uqroo. Con estos cabos sueltos la gestión deja ver— más allá de la efectividad del programa Mujer es Vida, las obras federales y la estrecha cercanía con el gobierno de AMLO— que hay grietas que podrían crecer si no se apela, ante todo, a la efectividad máxima en cada puesto del gabinete y en el entorno político. Hay personajes que no ayudan a la figura del Ejecutivo en su desmedido afán de salir en el cuadro. Muchos de ellos fueron al 5 aniversario del triunfo de AMLO pero, ¿quiénes estuvieron en la transición de fiscalía y seguridad?
La gobernadora ha demostrado sobrado carácter y decisión para ajustar la maquinaria de gobierno: no le tembló el pulso para dar de baja, incluso, a quienes llegaron con su equipo. “Todos en el gabinete dependemos de los resultados”, dijo uno de los integrantes. Sin embargo, todavía parece no haber articulado las piezas de un gobierno conformado por varias vertientes. Morena, dividido; el PT, parece cada vez más lejos de la alianza y del gobierno. Y los conflictos internos del Partido Verde han generado la conformación de «tribus», que tampoco ayudaron en la decisión de meter mano fuerte en Seguridad Pública y fiscalía. Buena parte de los diputados estaba en España. La oposición prácticamente no existe y eso es una noticia relativa: una democracia sólida necesita una oposición sana.
Reloj en contra
La cohesión administrativa y de partidos será fundamental para un gobierno que sólo tiene cinco años para desplegar todo su potencial; ya transcurrió prácticamente un año, y otro, se irá en dos períodos electorales: la elección que viene, en 2024, y en 2027, poco antes de la entrega. En términos prácticos restan 3 años.
Mientras todo ello sucede, estará el reto de postular a las y los mejores candidatas/os para 2024, que serán la plataforma más importante para trazar y cimentar la administración en su tramo más capital: desde el 2024 al 2027, y por ello, el análisis de los posibles reelectos/as y miembros de gabinete que salten a candidaturas, dependerá de los resultados de los próximos meses. Para ello, será importante que cada paso importante esté finamente articulado.
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* Luciano Núñez Es técnico en Periodismo y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina. Postgrado de Opinión Pública por FLACSO y diplomado en géneros periodísticos en La Salle, Cancún, e Historia de Quintana Roo en la Universidad del Caribe y Sociedad Andrés Quintana Roo.
Trabajó en medios de comunicación de Argentina y México y publicó los libros Voces que Vuelven, Tan Lejos y Otra Vez en Casa y la novela Magnificens Cancún, editada por Miguel Ángel Porrúa.
Fue director de Comunicación Social en Benito Juárez, Cancún y Solidaridad, Playa del Carmen.
Actualmente es director general de Grupo Pirámide y Vértice.
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