La temperatura promedio en el mes de mayo ronda en los 32 grados centígrados. Pero la mañana del 31 de mayo de 2016, en cuestión de minutos, se elevó rápidamente y sería un dolor de cabeza por cinco años continuos para la reportera Jennifer Aguilera.
Ese día, desde muy temprano se dirigió a Punta Sam porque estaba programada la cobertura de una manifestación de empleados del hotel Villas del Palmar en contra de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC).
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Era la segunda vez que protestaban. Reclamaban por el robo de propinas y amenazas. Así como por el desamparo de los trabajadores frente a la empresa, porque eran obligados a firmar contratos por 28 días con la finalidad de no generar antigüedad. Pese a que la mayoría llevaba varios años colaborando en el hotel.
A las 7 am Jennifer, a las puertas del hotel, estaba entrevistando al dueño, Fernando González Contreras. Mientras que en frente, cruzando la banqueta había un grupo de alrededor de 30 trabajadores con pancartas en mano. A esa hora ingresaban los trabajadores del primer turno. En esta ocasión, los que venían a bordo del transporte de personal, no les permitieron descender en la calle, como acostumbraban ni pudieron bajarse antes. Sino que el camión entró directo al desarrollo, bajaron frente al lobby y tampoco les permitieron salir a la calle. Con esta maniobra, la empresa evitó que se integraran al movimiento de protesta.
Llega el grupo de choque
Cerca de las 8.20 horas llegó al lugar una camioneta tipo pick up, color rojo, conducida por el delegado de la CTC. En total, iban a bordo seis hombres. Fue identificado rápidamente como un grupo de choque. Los mismos empleados comenzaron a gritar «ahí vienen, ahí vienen». Apenas se acercaron, con piedras y puños, trataron de deshacer el movimiento de protesta, recuerda Jennifer.
Ella seguía grabando con su celular. Mientras su fotógrafo, Jorge se ponía a resguardo. Uno de los hombres del grupo de choque se acercó directamente hacia ella, con cara de maleante -pensó-. Pero en forma amable le pidió que dejara de grabar. Luego se alejó y ella siguió grabando. De repente, le dio un manotazo y el celular salió volando y cayó en la cara a un empleado. Por el impacto le rompió la nariz.
Llegaron policías de Cancún y de Isla Mujeres para intervenir y frenar el conflicto. Incluso, los turistas que arribaron al hotel para hacer el check-in observaron el pleito.
Ella señaló a las personas que comenzaron la discusión, entre ellos, al delegado del hotel. Y explicó que ante el manotazo que recibió, su celular -del tamaño de una tableta pequeña estaba protegido con una mica gorila glass; y una de las orillas del estuche tenía metal- fue dañado.
Denuncian ante el Ministerio Público
Más tarde. Mientras ella redactaba su nota en la Redacción del periódico local, los empleados la contactaron para que fuera a declarar con ellos ante el Ministerio Público. En ese momento, les respondió que sí, pero que una vez que terminara de escribir. Entre 7 y 7.30 pm estaba relatando lo que ocurrió. Días después, al difundirse los videos del conflicto le recomendaron denunciar el hecho ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Tras meditarlo, el 22 de junio del mismo año, presentó la queja. Contactó a Artículo 19 para exponer su caso y recibir acompañamiento. Han pasado 5 años de que ocurrió el delito de ataque a la libertad de expresión y daños materiales a terceros -por el deterioro del celular- por esa cobertura. El único consuelo, es que al final, se demostró que efectivamente había «una mafia» dentro del hotel, porque el cajero general estaba coludido con el sindicato para robar el 20 por ciento de las propinas a los empleados. Es decir, de 500 a mil pesos a la semana por trabajador. Los casi 30 empleados que se manifestaron en su mayoría fueron despedidos. Y el cajero es el único en la cárcel.
Punto final
El 12 de agosto de este año finalmente en una audiencia de juicio oral, definirán si el delegado sindical de la CTC, presunto autor intelectual de los delitos de ataque a libertad de expresión -al impedir la cobertura de la información- y el daño al celular será considerado o no responsable y cuáles serán la sanciones que recibirá.
Los 37 testigos acudirán en grupos de siete personas por día a la audiencia. Calculan, que podría desahogarse en una o dos semanas máximo para tener un veredicto.
Las sanciones por ataque a la libertad de expresión van de 6 meses a tres años de cárcel. Y por el delito de daño en propiedad ajena van de seis meses a seis años, también de cárcel. Para no ser recluido, podría pagar dos fianzas por ambos delitos. Además de absorber el costo por el daño al celular y los sueldos caídos por los días que faltó al trabajo para acudir a las diferentes audiencias a lo largo de cinco años. Así como por la afectación psicológica.
Jennifer trabaja en Cancún desde hace 17 años como reportera y ha laborado en diferentes medios de comunicación. Tras cinco difíciles años de asistir a audiencias, reunirse con abogados y de presentar pruebas, ella espera ya cerrar este capítulo. Y también espera, sobre todo, justicia.
