El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Quintana Roo determinó necesario que la Semarnat emprenda un plan para la restauración de las 72 hectáreas que comprenden Malecón Tajamar y dejó en claro que en dicha zona ya no puede ejecutarse ningún proyecto.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) precisó que dicha sentencia emitida en marzo pasado contempla cuatro puntos a favor del medio ambiente:
El primer aspecto es que determina la prohibición absoluta para ejecutar la autorización condicionada en materia de impacto ambiental emitida por la Semarnat en 2005. Además, impide talar o remover el mangle y emitir alguna nueva autorización.
Como tercer punto establece la medida de restituir la zona de mangle en toda el área de Malecón Tajamar que fue objeto de dicha autorización
-excepto los espacios de vialidades- y como último aspecto exige a la Semarnat elaborar un plan de restauración.
“Araceli Domínguez, en representación de Salvemos Manglar Tajamar y Grupo GEMA, con el apoyo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, obtuvo el mes de marzo pasado una nueva victoria judicial”, señala el comunicado de prensa emitido este domingo.
De esta manera, deja sin efecto la resolución de la Juez Tercero de Distrito en Cancún, Quintana Roo, quien consideró que ya se había cumplido la sentencia que obligaba a la Semarnat a restaurar la zona donde fue talado el manglar, pues a criterio, las zonas afectadas «se irán restituyendo naturalmente».
A partir de lo establecido por el Tercer Tribunal Colegiado, ahora corresponde a la Juez Tercero de Distrito vigilar el cumplimiento de la sentencia para lograr que las cosas se restablezcan al estado que guardaban antes de que iniciara el juicio; esto es, requerir a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) se asegure que toda la zona afectada se restaurará, a través de la elaboración e implementación del plan de trabajo correspondiente.
Desde julio de 2015, la Profepa clausuró de manera temporal el proyecto porque los empresarios no presentaron los planes de rescate de flora y fauna, entre otras irregularidades; luego, en enero de 2016, los inversionistas apoyados por las autoridades ingresaron con maquinaria y devastaron el área, lo que originó nuevas acciones legales de los activistas que derivaron en la paralización total del proyecto.
