Cancún fue declarado Zona Prioritaria de Gestión Turística Sustentable mediante un acuerdo publicado el 29 de abril de 2026 en el Periódico Oficial del estado. El objetivo es ordenar, renovar y hacer sostenible el principal destino turístico del Caribe Mexicano.
El acuerdo fue emitido a nueve días de que este centro vacacional cumpliera el aniversario número 56 de la fundación de Cancún.
La declaratoria, emitida por el secretario de Turismo estatal, Bernardo Cueto Riestra, establece un marco legal para intervenir en forma integral en el desarrollo turístico de la ciudad, considerada un “destino maduro”. Esto implica que, pese a su éxito, enfrenta retos como saturación de servicios, infraestructura envejecida, deterioro ambiental y desigualdad urbana.
La figura de Zona Prioritaria significa que el territorio, un polígono de 1,181.25 hectáreas en la zona turística, será sujeto a planificación, regulación y seguimiento específicos para equilibrar crecimiento económico, conservación ambiental y bienestar social.
Bajo este esquema, autoridades estatales y municipales, junto con un Organismo Gestor de Destino, coordinarán políticas públicas, inversiones y programas en materia ambiental, movilidad, infraestructura y desarrollo urbano.
Beneficios
Entre los beneficios previstos destacan la modernización de la infraestructura turística, la restauración del patrimonio natural (como playas y acuíferos), la diversificación de la oferta más allá del modelo tradicional de sol y playa. Y la generación de empleos con mayor equidad. También se busca fortalecer la competitividad internacional del destino y garantizar certeza para inversionistas y visitantes.
Este centro vacacional registró 2025 la llegada de 7 millones 261 mil 39 turistas, con más de 47 mil habitaciones hoteleras disponibles. Y más del 40% de los visitantes son recurrentes, lo que refleja alta fidelidad del mercado. La actividad turística concentra más del 80% de la economía local, en una ciudad que supera el millón de habitantes.
La declaratoria fue respaldada por un dictamen favorable emitido en noviembre de 2025 por un comité con participación de 13 organismos estatales. Y se plantea como un instrumento para consolidar un desarrollo “ordenado, competitivo y sustentable” a largo plazo.
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