La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Quintana Roo llamó a evitar que las resoluciones sobre patrimonio cultural afecten el empleo y la inversión en el estado, en el contexto del litigio que involucra a Grupo Xcaret.
La presidenta del organismo empresarial en la entidad, Jovita Portillo Navarro, afirmó que el país atraviesa un momento que requiere “altura, inteligencia y sentido de país”, al señalar que si bien el patrimonio cultural es invaluable, también lo es el trabajo de miles de personas que dependen de la actividad económica.
La reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —dentro de un juicio de amparo y sin resolver aún el fondo del caso— reconoce la protección del patrimonio cultural como un asunto de interés social. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de garantizar certeza jurídica y proporcionalidad en las decisiones que impacten a sectores estratégicos.
Fuente de empleos
El organismo empresarial señaló que Grupo Xcaret representa una fuente relevante de empleo en Quintana Roo, con una proyección de más de 17 mil empleos directos en 2025 y un impacto indirecto en más de 65 mil familias proveedoras.
Asimismo, indicó que, pese al proceso legal, la empresa mantiene una relación de respeto con el Gran Consejo Maya, lo que permite preservar acuerdos y evitar afectaciones mayores en el corto plazo.
Coparmex insistió en que la protección del patrimonio cultural, particularmente del pueblo maya, no debe convertirse en una disyuntiva frente al desarrollo económico, sino en un punto de equilibrio que permita tanto la preservación de la identidad como la generación de oportunidades.
Finalmente, el organismo hizo un llamado a privilegiar el diálogo institucional y a actuar con responsabilidad, a fin de evitar que las controversias jurídicas afecten el bienestar de quienes dependen de la industria turística en el estado.
Este posicionamiento se suma a los pronunciamientos del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe y del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, que también han planteado la necesidad de equilibrar el uso del patrimonio cultural con la actividad económica.
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