Chetumal, Quintana Roo.- El diputado Hugo Alday presentó una iniciativa al Congreso del Estado para reformar el Código Penal local, con el objetivo de incrementar las penas contra quienes cometan el delito de homicidio y lesiones en agravio a periodistas, en el ejercicio de su profesión.
De esta manera, se propone adicionar una nueva fracción al artículo 106 del Código Penal para aplicar sanciones más severas, pues este tipo de acciones tienen como propósito obstaculizar, limitar o impedir la libertad de expresión.
“Resulta imperativo precisar, que la protección de los derechos humanos y fundamentales de las personas periodistas son trascendentales en la vida democrática de un Estado, esto porque además de suponer la protección de un sector social el cual es vulnerable en razón de su actividad profesional, la labor periodística e informativa tiene intrínseca una connotación social, la cual tiene como objetivo informar y comunicar de forma veraz y oportuna a toda la sociedad del acontecer políticos, social y cultural, al interior de un Estado, lo cual resulta irrenunciable para la consolidación de una comunidad critica”, expuso el presidente de la Comisión de Justicia.
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De acuerdo con el informe semestral de la organización Artículo 19, Quintana Roo se ubica como la segunda entidad con más ataques hacia la prensa, con un total de 21 reportes, siendo superado por el Estado de México con 65.
Uno de los casos documentos fue el del director general de «Esquema Cozumel», Gabriel Aguilar Ay, y la directora de «Código Rojo», Silvia Peraza Azueta, quienes fueron víctimas de detenciones arbitrarias por parte de la policía municipal de Cozumel el 15 de abril.
«Según la información documentada por la organización, las detenciones ocurrieron al cubrir un volcadura de un camión. Al verlos en su cobertura, un agente municipal de Cozumel arribó y les informó que ‘no podían estar allí porque habían pasado la zona de acordonamiento’, aunque dicha situación no tomó lugar, procedieron a retirarse pero fueron intervenidos nuevamente y se les esposó e inició un proceso de detención, el cuál sólo concluyó tras presiones de la población que se congregó en las instalaciones de la Secretaría Pública Municipal de Cozumel», indicó Artículo 19.
