Cancún, Quintana Roo.- El Congreso del Estado retomó la iniciativa para incorporar la “Ley Ingrid” al Código Penal estatal, aunque periodistas y legisladores pidieron realizar adecuaciones a la propuesta para evitar criminalizar la labor periodística.
A través de su cuenta de Twitter, la periodista Adriana Varillas relató que algunos periodistas participaron en una sesión de la Comisión de Justicia del Congreso estatal para abordar esta iniciativa, la cual buscan evitar la exposición de las víctimas y sus familiares, con sanciones a los servidores públicos que fotografíen, difundan y/o publiquen imágenes, videos, audio, documentos o evidencia de una investigación penal o información relacionada con una víctima.
En su relato en dicha red social, la periodista relata que el área jurídica reformuló y propuso incorporar un artículo 194 quinquies al Título cuarto sobre Delitos contra el Libre Desarrollo de la Personalidad, del capítulo cuarto, sobre Violación de la Intimidad Personal o Familiar, que dice lo siguiente:
“Artículo 194 Quinquies: Al que a través de cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley, revele, exponga, difunda, distribuya, fotografía, grabe, audiograbe, filme, comercialice, intercambie o comparte imagen, audio, video, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos o cualquier clase de información relacionada con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la ley señala como delito, se le impondrá prisión de dos a ocho años y de 500 a mil días de multa”.
Sin embargo, la iniciativa local omite la reforma realizada en la Cámara de Diputados, que establece que incurre en ese delito el funcionario público que por sí mismo o a través de otra persona realice alguna de las acciones descritas.
“Esta omisión deja tan abierto el tipo penal, que la propia Fiscalía General del Estado, a través de su representante, comentó que debía precisarse muy bien el alcance, pues así como está podría ser motivo de que un agente investigador fuera acusado de incurrir en ese delito”, relata Varillas.
Incluso refirió que los diputados locales tampoco estuvieron conformes con el proyecto que se presentó, como Carlos Hernández Blanco, quien consideró que en el artículo 194 propuesto, podría ser una suerte de «ley mordaza» para el ejercicio periodístico, mientras que su par, Cristina Torres dijo que debe reajustarse para encontrar un equilibrio para garantizar que en aras de proteger el derecho a la intimidad, la dignidad y los derechos humanos de las víctimas, no se violente otro derecho humano, como es la libertad de informar.
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El diputado Edgar Gasca subrayó que el espíritu de esta reforma al Código Penal local, conocido como Ley Ingrid, no busca limitar el ejercicio periodístico, pero sí atender un justo reclamo, aunque la legisladora Kira Iris San enlistó varias razones por las cuales no es claro el objeto tutelado, añadió la periodista.
Por ello, indicó que los periodistas asistentes mostraron su apoyo para castigar a servidores públicos que vendan, comercialicen o entreguen información, audios e imágenes que lastimen el honor de víctimas o las revictimicen, pero solicitaron que se consulte a organizaciones especializadas en libertad de expresión y otros especialistas para elaborar esta iniciativa.
