Por Ignacio Alonso Velasco
Hay decisiones políticas que parecen sencillas hasta que uno se pregunta qué consecuencias tendrán en la vida cotidiana de una ciudad. Prohibir la reelección inmediata de los gobiernos municipales puede parecer, a primera vista, una forma de impedir que quienes gobiernan se eternicen en el poder. Pero existe una pregunta incómoda que merece ser planteada: ¿qué ocurre con las políticas públicas que necesitan más de tres años para dar resultados?
México ha decidido prohibir la reelección inmediata de sus autoridades locales a partir de 2030. Al mismo tiempo, los municipios continuarán teniendo administraciones de apenas tres años. La combinación de ambas decisiones plantea un problema que va más allá de las elecciones: el de la continuidad institucional. Porque una cosa es impedir que una persona permanezca en el poder y otra, muy diferente, impedir que una política pública pueda continuar. Y ahí está el verdadero debate.
Un gobierno municipal puede tardar meses —incluso años— en conocer a profundidad la complejidad de su territorio. Después viene el diseño de políticas, la gestión de recursos, la construcción de acuerdos y, finalmente, la implementación. Cuando empiezan a aparecer resultados, llega el momento de entregar el gobierno. El nuevo ayuntamiento, legítimamente, puede decidir cambiar el rumbo. Pero también puede decidir comenzar nuevamente. Y cuando esto ocurre una y otra vez, la política pública corre el riesgo de convertirse en una sucesión de proyectos de corto plazo, determinados más por los tiempos políticos que por las necesidades de las ciudades.
El problema no es exclusivamente mexicano. Precisamente por eso resulta útil mirar hacia otros países. El análisis comparado con miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) utilizado como base de esta reflexión muestra que la duración de los mandatos y las reglas sobre reelección forman parte de un mismo diseño institucional. No son decisiones aisladas: determinan, entre otras cosas, los incentivos para planear y desarrollar políticas con horizontes de mayor duración. México, sin embargo, parece estar tomando otro camino.
Y la pregunta no debería ser si ese camino es políticamente conveniente para uno u otro partido. La pregunta es qué efectos puede tener sobre la capacidad de los municipios para construir políticas públicas que sobrevivan a los cambios de gobierno. Porque los problemas de una ciudad no se renuevan cada tres años. La pobreza no cambia de administración. La inseguridad no espera a que llegue el siguiente ayuntamiento. El crecimiento urbano tampoco. Las necesidades de infraestructura, movilidad, agua, servicios públicos, desarrollo económico, educación o protección ambiental tampoco desaparecen cuando termina un periodo constitucional.
Entonces, ¿por qué seguimos pensando la administración municipal como si tres años fueran suficientes para resolver problemas que han tardado décadas en construirse? Aquí aparece otra paradoja. La ciudadanía puede rechazar la reelección inmediata de una persona y, al mismo tiempo, querer que continúe una política pública que considera útil. El estudio comparativo entre México y Colombia incorporado en mi investigación apunta precisamente hacia esa tensión: existe rechazo a la reelección inmediata sin límites, pero también valoración de la continuidad de las políticas públicas. Esto obliga a cambiar la pregunta.
No se trata solamente de preguntarnos quién debe continuar gobernando. Deberíamos preguntarnos también qué debe continuar gobernándose bien. Porque quizá el gran pendiente de la democracia municipal no sea solamente diseñar mejores mecanismos para cambiar gobernantes, sino construir instituciones capaces de conservar, evaluar y mejorar aquello que funciona. Una buena política pública no debería depender de que gane nuevamente quien la puso en marcha. Pero tampoco debería desaparecer simplemente porque cambió el color político del ayuntamiento.
Ese es el verdadero desafío: construir continuidad sin convertirla en permanencia; garantizar estabilidad sin cancelar la alternancia; permitir que las políticas sobrevivan a los políticos. Mi propio estudio señala que tanto México como Colombia muestran una tensión entre la duración de los gobiernos y la necesidad de continuidad, y concluye que la solución no está exclusivamente en la reelección de personas, sino en fortalecer mecanismos de estabilidad administrativa, rendición de cuentas y continuidad de políticas públicas. Quizá deberíamos empezar por ahí. Porque existe una diferencia enorme entre reelegir a un gobernante y reelegir una política pública. La primera decisión corresponde a los ciudadanos en las urnas. La segunda debería depender de algo mucho más importante: que esa política funcione.
Si México ha decidido cerrar la puerta a la continuidad inmediata de quienes gobiernan los municipios, tendrá que abrir otras puertas para garantizar la continuidad de las instituciones, de los programas eficaces y de los proyectos que requieren más tiempo que un periodo constitucional. De lo contrario, corremos el riesgo de construir gobiernos que cada tres años cambien de rumbo, de prioridades y de proyectos, mientras los problemas permanecen exactamente donde estaban. Y entonces habrá que hacernos una pregunta que quizá resulte incómoda, pero que ya no podemos evitar: ¿Estamos evitando que los políticos permanezcan demasiado tiempo en el poder o estamos haciendo demasiado difícil que las buenas políticas permanezcan el tiempo suficiente para dar resultados? La respuesta determinará, en buena medida, qué tan capaces serán nuestros municipios de gobernar el futuro.
