La abogada y activista Fabiola Cortés Miranda afirmó que el acceso a la justicia en México suele convertirse en “una carrera de resistencia”, al referirse al caso de Antonio Manrique Mac, un anciano maya que fue despojado presuntamente mediante una compraventa fraudulenta de su rancho Las Cavernas, ubicado en Akumal, municipio de Tulum.
Cortés Miranda recordó que el caso comenzó en 2020, durante el gobierno de Carlos Joaquín González, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) determinó el no ejercicio de la acción penal a favor de José María Rejón de la Guerra, cuñado del ahora embajador de México en Canadá.
Además, denunció que la propia Fiscalía integró en menos de tres meses una carpeta de investigación contra Antonio Manrique por presuntas “denuncias falsas” y “falso testimonio”, pese a que el anciano maya apenas comprendía el proceso legal que enfrentaba.
La activista sostuvo que, tras asumir la defensa legal de Antonio Manrique, el fiscal encargado desistió de llevarlo ante un juez. Posteriormente, en noviembre de 2020, presentaron denuncias contra los fiscales Estela Labastida Rodríguez y Jeans Gaspari Chablé Yupit, a quienes acusaron de actuar de manera dolosa para beneficiar al cuñado del exgobernador.
De acuerdo con Cortés Miranda, ambos funcionarios han permanecido protegidos durante seis años por autoridades de la Fiscalía y del Poder Judicial de Quintana Roo.
Revocan el no ejercicio de la acción penal
Sin embargo, destacó que el pasado 29 de abril una jueza federal ordenó revocar el no ejercicio de la acción penal que los favorecía, abriendo nuevamente la posibilidad de que los fiscales sean investigados e incluso llevados a proceso por su presunta participación en el despojo del anciano maya.
La activista también señaló a la exmagistrada Adriana Cárdenas Aguilar de intentar cerrar definitivamente el caso en 2025 al confirmar la exoneración de los fiscales. No obstante, un amparo concedido por el Juzgado Tercero de Distrito dejó sin efecto esa resolución y ordenó emitir una nueva determinación sobre si debe continuar la investigación penal contra ambos funcionarios.
Ahora, será el magistrado Omar Landeros quien defina si se reactiva formalmente el proceso contra los fiscales señalados por presuntamente ayudar de manera ilegal al cuñado del exgobernador en el despojo del terreno del indígena maya.
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