El recurso de revisión 04/2025 sobre el uso del patrimonio cultural maya por parte de Grupo Xcaret continúa abierto y ha reavivado un debate de fondo sobre la representación de las comunidades indígenas, la comercialización de su cultura y las posibles implicaciones para proyectos como el Tren Maya.
De acuerdo con el análisis de la abogada y periodista Fabiola Cortés Miranda, la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no pone fin al litigio. Sino que se limita a revisar la legalidad de la suspensión definitiva que permitía a la empresa continuar utilizando elementos de la cultura maya en su publicidad digital.
El caso se originó tras una queja del llamado Gran Consejo Maya ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), en la que se acusaba a Grupo Xcaret de apropiación y lucro indebido del patrimonio cultural.
Sin embargo, durante el proceso se reveló que dicho consejo firmó un convenio con la empresa por 15 millones de pesos, pagaderos en cinco años, a cambio de permitir el uso de estos elementos.
No representa a todos
Este acuerdo ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad del organismo, al considerar que no representa a la totalidad del pueblo maya. Y que, en los hechos, “vende” el uso de la cultura al mejor postor sin que exista claridad sobre beneficios directos para las comunidades.
Pese a ello, el Indautor decidió continuar con el litigio y convocó a otros integrantes del pueblo maya a sumarse a la queja, aunque solo cuatro personas se adhirieron al proceso, lo que evidencia la fragmentación en la defensa del patrimonio cultural.
En su resolución, la Corte determinó que la suspensión otorgada a Grupo Xcaret no cumplía con los criterios establecidos en la Ley de Amparo, particularmente en lo relativo al interés social, por lo que ordenó revertirla y retirar la publicidad con elementos mayas mientras se resuelve el fondo del asunto.
Usa Tren Maya patrimonio cultural
El debate también alcanzó a proyectos federales, luego de que durante la discusión se planteara que el uso de símbolos mayas no es exclusivo del sector privado. En ese contexto, se mencionó el caso del Tren Maya, que también incorpora iconografía y referencias culturales en su imagen y operación.
Este señalamiento abre la posibilidad de que el litigio trascienda a otras esferas y genere cuestionamientos sobre el uso del patrimonio indígena en iniciativas gubernamentales, lo que podría impactar en la percepción pública de dicho proyecto.
Presiones detrás de este caso
Además, la sesión dejó al descubierto tensiones internas dentro del máximo tribunal. Así como señalamientos sobre posibles presiones en la resolución, señaló Cortés Miranda.
Por ahora, el juicio de amparo sigue en curso y será en la resolución de fondo cuando determinen si existió o no una apropiación indebida del patrimonio cultural maya, en un proceso que podría sentar un precedente para toda la industria turística de Quintana Roo.
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