La agrupación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) presentó el pasado 11 de junio una nueva demanda de amparo contra el Ayuntamiento de Othón P. Blanco y la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), con el objetivo de que el Poder Judicial revise la modificación al Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Mahahual que, a su juicio, facilitó el avance del proyecto turístico Perfect Day promovido por Royal Caribbean.
La organización ambientalista sostuvo que la acción legal busca analizar la decisión municipal y estatal desde la perspectiva urbanística y determinar si las autoridades actuaron conforme a los principios de legalidad, prevención y protección ambiental al aprobar cambios de uso de suelo en esa comunidad costera.
DMAS argumentó que el reciente rechazo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fortalece los señalamientos sobre presuntas irregularidades en el proceso.
Aprobaron PDU sin revisar posibles impactos
Según la agrupación, la resolución de Semarnat confirma que las autoridades municipales y estatales autorizaron modificaciones urbanas sin una revisión adecuada de los posibles impactos ambientales.
“La decisión municipal que hizo posible el proyecto debe ser revisada. Las grandes destrucciones ambientales son el síntoma de un problema sistémico, no un fenómeno que aparece de la noche a la mañana”, señaló la organización a través de sus redes sociales.
La organización sostuvo que, si existían advertencias sobre los riesgos ambientales asociados al proyecto Perfect Day, resulta necesario esclarecer por qué el gobierno local fue el primero en respaldar las modificaciones que permitieron su avance.
Ahora, dijo que corresponde al Poder Judicial determinar si las actuaciones del Ayuntamiento y de Sedetus respetaron los principios de prevención, precaución y sustentabilidad que deben regir el desarrollo urbano y ambiental.
Además, manifestó preocupación sobre el trámite que seguirá el nuevo amparo, al cuestionar si será admitido por los juzgados federales y si el caso será analizado bajo los criterios establecidos en el Acuerdo de Escazú, instrumento internacional que garantiza el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
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