La iniciativa presentada recientemente por el diputado Hugo Alday, que tipifica el «derecho de piso» para castigar de manera ejemplar a los extorsionadores en Quintana Roo, resarce la impunidad generada en anteriores periodos legislativos.
«Hasta el día de hoy muchos ciudadanos nos quejamos por la impunidad y culpamos erróneamente en algunos casos a la Fiscalía o al Poder Judicial. Cuando en realidad, la impunidad emanaba de un poder legislativo que había sido ausente en la protección de estos derechos de los ciudadanos», reconoció el legislador.
Como integrante de la bancada del Partido del Trabajo presentó la iniciativa del delito de extorsión, que se juntó con dos iniciativas más, que recientemente fue aprobada por el pleno del Congreso, y precisa que cambia del artículo 156 BIS, que habla de delitos patrimoniales al 124 TER en el que el bien jurídico tutelado será la protección de la libertad y seguridad de las personas.
Agravantes
El delito mantiene una penalidad de 15 a 25 años y una sanción económica de mil a mil 500 días. Y precisa, que se incrementa un 50% más el castigo, cuando existan otros agravantes como: La violencia; que se cometa en contra de personas con discapacidad o menores de edad; y que desde la cárcel se hagan las llamadas telefónicas de extorsión.
Además participen en este delito los policías, elementos de Seguridad Pública o privada, o cualquier servidor público. Y la sanción podría aumentar a 30 a 50 años.
También incorpora el uso de objetos que semejen armas y que se use cualquier medio digital o cualquier medio electrónico para extorsionar.
«Propuse hace algunos meses para que el Congreso de la Unión establezca el delito de extorsión como parte de los delitos graves, (para) que se pueda actuar de manera inmediata», aseguró.
Opinión | Despenalizar no es lo mismo que legalizar | Palabra en Movimiento | Gabriela Cruz
