A pesar de la resolución de un juez federal con residencia en Zacatecas, que señala que el Congreso y poder Ejecutivo de Quintana Roo se deben poner de acuerdo para dotar de agua potable a la localidad de Guillermo Prieto, a más de 700 personas se le niega el derecho al líquido, porque estas autoridades siguen sin ponerse de acuerdo.
Con respecto al tema, José de la Peña Ruiz de Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVI Legislatura, indicó que el Congreso aún no recibe la notificación del citado juzgado federal, por lo que será en los próximos días cuando ese aviso oficial llegue a la instancia correspondiente, para turnarla al área jurídica que la analizará y dictaminará lo conducente.
Para que el pleno del Congreso tome la determinación de etiquetar recursos para esta obra tiene que ser antes de que se apruebe el Presupuesto de Egresos 2021, a finales de diciembre, pero para entonces el organismo administrador de los servicios de agua potable, ya debió elaborar el proyecto técnico correspondiente. Si este proceso se alarga, la comunidad de Guillermo Prieto tendrá que esperar hasta el 2021, cuando haya posibilidades de reasignación de recursos.
Entre los trabajos que hay que realizar está la construcción de un acueducto de 20 kilómetros de longitud, que beneficiaría no solo a los 700 habitantes de Guillermo Prieto, sino a unas ocho mil personas que viven en las comunidades por donde tiene que cruzar la tubería para llegar a Guillermo Prieto, ubicada en una zona limítrofe entre Quintana Roo y Campeche, franja en disputa por límites territoriales, que actualmente se encuentra en litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, se trata de un territorio con incertidumbre jurídica.
Tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo puede inconformarse aún por la resolución del juez federal con sede en Zacatecas, lo cual no le convendría políticamente a la instancia que lo llegara a hacer, pero la posibilidad jurídica existe.
En tanto el Partido Verde Ecologista (PVEM), quien ahora coordina la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la XVI Legislatura, ya tomó como bandera política-electoral el caso del poblado de Guillermo Prieto, situación que Andrés Blanco Cruz, representante jurídico de la comunidad, calificó como “demagoga y electorera”.
“Vemos que el tema limítrofe únicamente se ha estado utilizando por parte del presidente de la Jugocopo meramente como un tema de coyuntura electoral, fue a tomarse una fotografía en el Punto Put, pero hoy desafortunadamente el presidente de la Comisión de Hacienda que son del mismo equipo dice no tener conocimiento del tema”, declaró Blanco Cruz.
Por último, el abogado especialista en derecho de las comunidades indígenas al agua, manifestó que es lamentable que pese a la notificación que el juzgado vía correo institucional ha hecho al Congreso del Estado, acorde a los tiempos actuales, se reclama que la notificación sea por los medios tradicionales.
