La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reforma constitucional de Quintana Roo que modificó el sistema de representación proporcional para la integración de candidaturas a diputaciones locales.
Pero al mismo tiempo exhibió una omisión del Congreso estatal por no establecer acciones afirmativas que garanticen la participación política de las personas con discapacidad.
En su sesión del 14 de octubre, el Pleno determinó que el Poder Legislativo local incurrió en una omisión legislativa al no establecer medidas que permitan a este sector participar en la vida política en condiciones materiales de igualdad.
Ante ello, vinculó al Congreso de Quintana Roo a emitir la legislación necesaria para subsanar esta deficiencia, previa consulta a las personas con discapacidad.
Fecha límite en 2030
Las disposiciones deberán entrar en vigor, a más tardar, antes del inicio del periodo de veda legislativa electoral correspondiente al proceso local de 2030.
En una resolución previa, el 22 de septiembre, la SCJN validó las modificaciones al sistema de representación proporcional y determinó que el Congreso estatal no estaba obligado a consultar previamente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, debido a que las disposiciones impugnadas no les generaban una afectación diferenciada.
Con ello, el Máximo Tribunal avaló los cambios relacionados con la integración de las listas de candidaturas a diputaciones locales, pero mantuvo el señalamiento de la falta de medidas específicas para garantizar la participación política de las personas con discapacidad.
La determinación del 14 de octubre también permitió al Pleno establecer un criterio sobre las votaciones necesarias para declarar una omisión legislativa en una acción de inconstitucionalidad: será suficiente una mayoría simple de cinco votos.
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