La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la designación de Heyden Cebada Rivas como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) de Quintana Roo, al considerar que su nombramiento viola principios constitucionales.
El recurso, identificado con el expediente 100/2025 y presentado el 11 de septiembre por la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, argumenta que se vulneran los derechos de seguridad jurídica y los principios de supremacía constitucional y legalidad, establecidos en la Constitución federal.
La CNDH impugna los artículos 27 y 153 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que permiten que las presidencias del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial sean elegidas por el Pleno entre sus integrantes.
La Comisión señala que estas disposiciones contravienen la Constitución mexicana, ya que se apartan de las bases federales que regulan la elección de presidencias judiciales, las cuales deben renovarse de forma rotatoria y en función de la votación obtenida en procesos internos.
El organismo defensor de derechos humanos sostiene que Heyden Cebada y la magistrada Ana Mercedes Castillo no participaron en la elección correspondiente, por lo que no debieron ser considerados para ocupar la presidencia del tribunal.
Además, señala que la sesión en la que se realizó su nombramiento ocurrió fuera del periodo establecido por la ley.
Resolución, en unos meses
La acción fue admitida para trámite y actualmente se encuentra en estudio ante la Suprema Corte, que deberá determinar en los próximos meses si la designación de Cebada Rivas se ajusta o no a la Constitución.
De acuerdo con registros del portal judicial, desde septiembre de 2022, que inició el actual gobierno estatal a la fecha han sido promovidos al menos ocho acciones de inconstitucionalidad contra el gobierno de Quintana Roo o sus municipios.
Y fueron impulsadas principalmente por la CNDH y partidos políticos, en temas relacionados como las reformas judiciales, electorales y de transparencia.
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