El obispo de la diócesis Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo, responsabilizó al Gobierno Federal de la crisis turística que atraviesa Tulum, al denunciar las restricciones impuestas al acceso de las playas del Parque del Jaguar.
Actualmente, el parque está bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y administradas por la paraestatal Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares Olmeca Maya Mexica (Gafasacomm).
El jerarca católico afirmó que las autoridades “intentan resolver un problema que ellas mismas generaron” con cobros ilegales y políticas abusivas, que impiden el libre disfrute de las playas públicas.
Criticó también que, por avaricia, “se esté cerrando el paso a la gente local y a los turistas”, lo que —dijo— está alejando a los visitantes y frena proyectos comunitarios, como la capilla en honor a San Miguel Arcángel que la Iglesia planeaba construir en un predio colindante al parque, actualmente inaccesible por las restricciones.
Simplemente no van!
“Si no hay playas, si la gente local o los turistas no pueden entrar, entonces ya no van”, advirtió Elizondo, quien hizo un llamado al Gobierno Federal a garantizar el acceso libre a las playas, al señalar que estas son patrimonio de todos los mexicanos.
La crítica del obispo se suma al llamado del regidor Jorge Portilla, quien instó a los tres niveles de gobierno, empresarios y ciudadanos a unir esfuerzos para rescatar Tulum, ante la “mala racha” turística que enfrenta el destino.
Portilla reconoció que existen errores que deben corregirse, además de factores como la violencia, la corrupción y la falta de transparencia en la gestión pública.
Mientras tanto, la polémica por el acceso restringido a las playas públicas, sumada a la inseguridad y las quejas de extorsión a turistas, sigue afectando la imagen de uno de los principales destinos turísticos del Caribe mexicano.
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