Por Luciano NÚÑEZ
La comparecencia del Secretario de la Contraloría Estatal, Rafael del Pozo, no dejó satisfechos a los diputados. Tanto así, que decidieron emitir un boletín con esa postura. Grupo Pirámide entrevistó en exclusiva al titular, quien ofreció un panorama numérico respalda su gestión. Durante toda la administración anterior -de cinco años- se tramitaron 84 inicios de procedimiento de responsabilidad administrativa; en tres años del actual gobierno, Del Pozo suma casi mil carpetas iniciadas, de las cuales, 50 se tradujeron en denuncias ante las fiscalías. “Ahí están los números”, dice en un café de Cancún. “Estamos haciendo historia y poniendo los cimientos de una nueva forma de hacer gobierno”, resalta.
Dinero federal: de los menos observados
Para entender la situación presupuestal, el funcionario de extracción panista dice que casi el 75 por ciento del presupuesto que se ejerce es federal. “Por eso debemos tener claro cómo se ejerce”. Para dar un ejemplo, detalla que en función pública, de 2012 a 2016, Quintana Roo tuvo casi 7 mil millones de pesos observados; y en la primer entrega de 2018, apenas 45 millones de pesos. “Fuimos de los estados que menos observaciones tuvo a nivel nacional. En términos globales, se observaron 5 mil millones de pesos a los estados y a Quintana Roo solo 45 millones. Avanzamos muchísimo. Tenemos reglas de gasto mucho más eficientes, sobre todo en las paraestatales”.
-¿Cómo se hizo posible este cambio?
-El vacío legal se llenaba con autoritarismo; hoy tenemos reglas más claras y mejores números de auditoría para ser más eficientes en el gasto. Para hablar de algo en claro: ningún estado de la República tiene lineamientos para la aplicación de gasto de participaciones. Quintana Roo ya casi tiene el documento y seremos de los primeros del país que tengan este lineamiento.
-¿Qué significa esto?
-Ahora existen reglas claras de para la comprobación del rubro de participaciones, que representa casi casi el 35 por ciento de los ingresos en el estado. Además de reglas de integración de expedientes unitarios de obras y adquisiciones, con lo que se previenen las observaciones y el riesgo de tener que reintegrar recursos. Normar con mayor rigidez la actuación de los servidores e incidir en que el gasto sea mejor. Tenemos que tomar medidas para garantizar que no haya simulación en los procesos de contratación de obra pública. Se trata de un cambio generación; nosotros vamos a sentar bases sobre las cuales se pueda seguir construyendo una administración sana que no dependa de quién gobierne, un nivel de participación de la sociedad para que las reglas estén garantizadas.
“DECIR QUE HEMOS ACABADO CON LA CORRUPCIÓN SERÍA FALTAR A LA VERDAD”
-Los diputados dijeron que no quedaron conformes con la información…
– Nuestro plan de trabajo es sólo 1 de 8 ejes o coordinaciones. Puede ser más una opinión política más que un análisis de datos duros, porque en materia de responsabilidades nunca hay un trabajo acabado. Decir que hemos acabado con la corrupción sería faltar a la verdad. Es imposible corregir todo en tres años. Lo que es relevante es que estamos viendo una administración que es capaz de proceder en contra de servidores en funciones cuando se acredita. Hay que generar mecanismos de fortaleza institucional que nos ayuden a que deje de haber denuncias.
-¿Cómo se logra esto?
-Hay que desincentivar las malas prácticas y trabajar sobre un mecanismo preventivo. Que tengamos la capacidad de generar reglas claras para que el ciudadano no sea objeto de actos de corrupción. Porque no todo se da en ventanilla. Hay muchas irregularidades que se investigan que tienen que ver con el ejercicio del recurso. Necesitamos generar normas de aplicación del gasto sólidas para limitar los márgenes de discrecionalidad.
–Sería importante aclarar la numeralia de denuncias, administrativas y penales…
-El total de denuncias son alrededor de 50, no sólo de Contraloría, sino de diferentes áreas. Es decir, son en las que hay que investigar delitos ante la justicia; ya sea en la Fiscalía General de la República o del estado; además, en el ámbito administrativo hemos iniciado alrededor de mil carpetas. No sólo abarcan responsabilidades penales sino administrativas.
-¿Cómo están las prescripciones de las que se habló?
-Hasta julio de 2017 estuvo vigente la normatividad anterior (estatal), establecía que la prescripción administrativa era de un año para llamar a cuentas y procesar; tratándose de responsabilidades patrimoniales se ampliaba a 3 años. Encontramos probables responsabilidades que databan de fechas anteriores: desde 2008, muchas de las cuales resultado de promociones de responsabilidad de los órganos superiores de fiscalización federal. Evidentemente todas las anteriores a 2016 estaban prescritas y para descargarlas del sistema era importante pronunciarse sobre los responsables de la contraloría, para no seguir arrastrando números que lastiman la administración.
-Qué números tiene de sanciones administrativas…
-En el ámbito administrativo iniciamos procesos contra 70 ex servidores públicos y 25 de esta administración. Hay expedientes que tienen más de un probable responsable, es decir, la lógica no es un expediente una persona. Hay alrededor de mil carpetas administrativas, 50 en materia penal.
-¿Qué herramientas tienen los ciudadanos para ser partícipes en la observación del gasto?
-Está la línea directa de denuncia ciudadana Tak Pool y hemos duplicado el número de comités de Contraloría Social (520 sólo en 2019) que operan de manera permanente, que comienzan y terminan con las obras, con un 93 por ciento de incremento. Este año capacitamos a 15 mil personas. Años de atraso no se corrigen en tres años, sobre todo con recortes de federación, el tema del sargazo, la política de Estados Unidos con las alertas. Hemos tenido entorno difícil, con una deuda pública importante, cuyos intereses casi son iguales a la inversión total que tenemos. Tenemos que ser eficientes en el gasto, con mecanismo donde no haya desperdicio. Sobre todo priorizar y eso lo tiene claro el Gobernador, Carlos Joaquín González: operar bajo mejores estándares para verlo reflejado en la disminución de la desigualdad social, que ha manifestado el gobernador.
-¿Cuáles son los retos?
– Lo fundamental es avanzar en la simplificación administrativa y mejora regulatoria, simplificación de trámites y digitalización, para eliminar puntos de contacto, que tenga que pasar por menos ventanillas, de tal suerte que eliminemos la posibilidad de que se tenga que acercar con una persona y ser extorsionado, porque es la aduana por la que tienes que pasar para que el trámite camine.
Sistema de denuncia directa TAK POOL
La Secretaría de la Contraloría ha diseñado material gráfico de la Línea de Denuncia Tak Pool para que los ciudadanos tengan conocimiento de los medios con los que cuentan para denunciar las conductas irregulares de servidores públicos. La Línea de Denuncia 01800 84 977 84, el portal denuncia.qroo.gob.mx y la aplicación móvil Tak Pool son herramientas útiles para combatir la corrupción
