A casi dos meses del arresto de Borge en el Aeropuerto de Tocumen, cuando se proponía a viajar a París, Francia, las autoridades panameñas ordenaron este 2 de agosto el arresto del exmandatario para evitar su fuga hasta que se formalice su regreso al país, por lo que permanecerá en la prisión El Renacer, en la capital panameña.
Desde la detención de Roberto Borge el pasado 4 de junio, el gobierno mexicano inició el proceso para traerlo al país, pero fue hasta 53 días después –el 27 de julio pasado– que la Procuraduría General de la República (PGR) envió la solicitud formal.
Durante ese periodo y a partir de que el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá declaró legal la aprehensión del exgobernador, Borge permaneció y permanecerá en prisión hasta que concluya todo el proceso, el cual puede tardar aproximadamente 80 días, si se cumplen los tiempos estipulados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país caribeño. De ser procedente la extradición, el expriista estaría de regreso en el país para el mes de octubre de este año.
EL PAPEL DE LA CANCILLERÍA
Luego de que la Fiscalía Superior de Asuntos Jurídicos de Panamá envió a la cancha del Ministerio de Relaciones Exteriores la petición de extradición, ésta tiene 60 días para resolver la situación de Borge. Una vez que emita su resolución, el exmandatario tendrá 15 días para interponer incidente de objeción, el cual sería turnado a la Corte Suprema de Panamá, misma que tendrá un plazo máximo de 5 días para resolver.
Este proceso sólo podrá ser suspendido, si el Ministerio considera que no son suficientes los documentos presentados por el gobierno mexicano para la extradición y es necesario complementarlos. En ese caso, lo manifestará a México, quien tendrá un plazo de 30 días para responder. Desahogado el proceso, la Cancillería mandará por escrito su decisión y tramitará la entrega del exgobernador sin necesidad de otra audiencia.
“Se trata de un proceso administrativo. Ellos deciden de manera escrita si se procede o no la extradición y notifican posteriormente al extraditado”, explicó el fiscal de Asuntos Internacionales de Panamá, José Antonio Candanedo.
De acuerdo con la PGR, en ese periodo Borge podrá allanarse a la extradición, lo cual aceleraría su entrega a México.
INGRESOS POR 250,000 MENSUALES
Candanedo explicó que debido a los requerimientos y las causas penales por las que debe responder y el poder adquisitivo de Borge que permite su fuga se negó la modificación de medidas cautelares (enfrentar el proceso en libertad) y la fianza que solicitó el representante legal de Borge.
De acuerdo con el diario La Estrella de Panamá, en la audiencia del pasado 1 de agosto, el exmandatario declaró ingresos por 250,000 pesos al mes.
En la audiencia del 2 de agosto, los magistrados Mauricio Marín, Andrés Reyes y Gretta Marchosky ordenaron la incautación de sus bienes al momento de su arresto (tarjetas de crédito, dinero en efectivo y celulares) y la aprehensión formal de Borge.
LAS CAUSAS PENALES
LAS PRUEBAS
De acuerdo con prensa de Panamá, el fiscal Candenado presentó en la audiencia del 1 de agosto una ampliación de tres anexos a la petición de extradición, por lo que los magistrados consideraron pertinente aplazar 24 horas la audiencias para revisar bien la información debido a la complejidad del caso.
Según lo expuesto por la Fiscalía, en el periodo que Borge fungió como gobernador, ordenó a integrantes del Consejo de Administración celebrar contratos sin licitación para la prestación de servicio de taxi aéreo, lo que tuvo un daño patrimonial de 594 millones de pesos.
El segundo anexo señala que siendo gobernador, Borge otorgó cinco concesiones de prestación de servicio público a favor de personas de distintos grupos empresariales sin que éstas cumplieran los requisitos establecidos y el pago señalado en la ley.
La fiscalía también detalló la enajenación de varias propiedades por parte de Borge, celebrando contratos de 23 propiedades de dominio del Estado a un precio irrisorio de 208 millones de pesos, cuando debió haber sido por 4,675 millones. Esta última transacción provocó, según la Fiscalía, que el estado dejara de percibir 4,467 millones de peso
INFORMACIÓN: EXPANSIÓN.MX
