Partidos políticos de oposición registran 46 casos de candidatos a diversos cargos de elección popular que renunciaron a sus aspiraciones por amenazas del crimen organizado.
En todos los casos no existe denuncia y liderazgos de los institutos políticos estiman que la cifra es tres o cuatro veces mayor, porque hubo aspirantes que ya no concluyeron el proceso de registro y terminaron haciéndose a un lado por presiones o represalias de la delincuencia.
Al menos, 22 casos de candidatos que se bajaron por amenazas corresponden a integrantes del PRI; 10 del PAN y 14 del PRD; en MC no tienen registro de aspirantes que hayan renunciado a sus candidaturas por la inseguridad, mientras que Morena y sus aliados afirman no estar al tanto de este tipo de situaciones.
Los aspirantes, quienes en su mayoría aspiraban a presidencias municipales, así como a diputaciones locales o federales, informaron a las dirigencias de sus estados sobre estas situaciones, pero evitaron denunciar y han pedido el anonimato en sus nombres y localidades por las que pretendían competir.
De forma paralela, los mismos partidos políticos han armado sus mapas de riesgo, en donde han encendido focos rojos en 15 de las 32 entidades, es decir, abarcan 46% del territorio nacional.
Los estados y municipios donde se advierten mayores riesgos de violencia durante este proceso electoral son: Chiapas, particularmente en los municipios de La Trinitaria, Las Rosas, Maravilla Tenejapa y Tuxtla Gutiérrez, entre otros.
En el mapa se encuentra 100% de los territorios de Guerrero, Michoacán, Jalisco (excepto Guadalajara), Sinaloa, Nuevo León (excepto el área metropolitana), Tamaulipas, Morelos, Quintana Roo y Zacatecas.
De manera parcial, destacan el norte y sur de Veracruz, el norte de Sonora, la franja de refinerías y gasoductos en Guanajuato, el norte de San Luis Potosí, y el Estado de México en su frontera con Michoacán.
Líderes de los partidos de oposición en el Congreso urgieron crear un registro de violencia política electoral , y a los gobiernos federal y locales investigar de facto sin necesidad de que haya denuncia de por medio.
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