Por Jaguar Negro
En dos días estarán en las bodegas del Instituto Electoral de Quintana Roo, Ieqroo, las boletas para las elecciones del 6 de junio.
No así las de la consulta para valorar a la empresa privada Aguakan, una acción que fue promovida para que se empatara con el proceso electoral en ciernes.
El problema no es menor
Para hacer dicha consulta, el Ieqroo necesita poco más de 20 millones de pesos que no estaban presupuestados en esta elección: llámese papeletas, personal, logística y otros recursos materiales que harían posible la consulta en los municipios de la Zona Norte, donde la privada de origen francés presta servicios.
El Ieqroo respondió que, materialmente, no le es posible hacerla con el dinero asignado, pese a las reducciones que se hicieron.
Sin atención política
Sin atención política del Ejecutivo a tiempo, los consejeros (menos su presidenta, Mayra San Román), votaron porque sí procediera la consulta sin medir consecuencias económicas ni logísticas. Es decir, fue aprobara a pocas semanas de la elección.
Con la normativa en la mano, el Tribunal Electoral le respondió a un juicio promovido a esa instancia, que es obligación del Ieqroo hacerla, amparando el derecho de los ciudadanos.
Por su parte, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, respondió que tampoco tiene dinero
Lo cierto es que las papeletas requieren de la misma calidad de las de una elección, algo que no estaba en el panorama financiero y al parecer político del gobierno que encabeza Carlos Joaquín.
Ahora el balón está en la sala regional de Xalapa que deberá emitir sentencia en los próximos días.
En caso de que proceda, el asunto podría escalar a la Suprema Corte de Justicia ante la desatención del Estado, tanto política como financieramente. Primero para hacer la consulta y, en caso de que el Estado deba sacar a la concesionaria, deberá pagarle una millonaria indemnización.
Como muchos otros temas que nadie lo vio venir en el gobierno saliente, cada vez más tambaleante.
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