La resolución de una demanda contra el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Benito Juárez, aprobado el 16 de septiembre de 2022, mantiene en la mira a la magistrada Berenice Polanco Córdova, ante los cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia del instrumento que define el crecimiento de Cancún.
La organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) informó que el caso se encuentra en revisión y advirtió que la decisión podría determinar el futuro urbano de la ciudad, en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades durante la aprobación del programa.
De acuerdo con DMAS, durante la consulta pública del PDU se presentó un plano distinto al que finalmente fue publicado, una discrepancia que forma parte de los cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento.
La agrupación también sostiene que el programa fue aprobado sin transparencia, sin la participación de especialistas en movilidad y urbanismo, sin estudios de capacidad de carga y sin información del Atlas de Riesgos que lo respalde.
A través de sus redes sociales, DMAS subrayó que el documento más importante para la vida de Cancún está ahora en manos de una magistrada cancunense.
Por lo que cuestionó la agrupación si la magistrada Polanco Córdova resolverá conforme a los principios del derecho a un medio ambiente sano, o si terminará por defender un instrumento que, a su juicio, presenta graves deficiencias.
Polanco Córdova anteriormente se desempeñó como regidora y funcionaria del gobierno municipal de Benito Juárez, instancia que actualmente figura como parte demandada.
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