Las inscripciones al nivel medio superior en Quintana Roo arrancaron con cobros que, en algunos planteles, superan los 3 mil pesos. Y contemplan aportaciones cuyo destino no se informa a los padres de familia, lo que ha reavivado el debate sobre el cumplimiento del principio constitucional de gratuidad de la educación pública.
Luego de que la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) publicó el pasado 8 de julio los resultados de ingreso a los distintos subsistemas de educación media superior, comenzaron los procesos de inscripción.
En la mayoría de los casos, el monto a cubrir rebasa los 3 mil pesos. Esto sin contemplar los gastos posteriores en útiles escolares ni uniformes.
Uno de los casos corresponde a los planteles del Cecyte, aparece la lista de cobros, entre los que solicita una «aportación a la educación media superior» por 1,050 pesos y un pago adicional de 450 pesos para la Asociación de Padres de Familia. En ninguno de los dos conceptos se detalla el destino específico de los recursos que deberán entregar los tutores.
A estos cobros se suman 190 pesos por el seguro escolar, que ofrece una cobertura médica privada por accidentes hasta por 35 mil pesos; 150 pesos por la credencial; y mil 330 pesos por un paquete de siete libros. Así como la compra de playeras para el uniforme, con un costo de 200 pesos cada una.
De esta manera, el desembolso inicial asciende a 3 mil 120 pesos. Sin embargo, al considerar la adquisición de al menos tres playeras, el costo total para concretar la inscripción alcanza los 3 mil 720 pesos, sin incluir útiles escolares ni otros gastos que enfrentan las familias.
Costos inesperados
Por separado, la organización Marea Verde Quintana Roo cuestionó en redes sociales si la gratuidad de la educación pública sigue vigente en el estado. Al señalar que en algunos centros de bachillerato cobran hasta mil 800 pesos bajo el argumento de cubrir materiales, limpieza y otros servicios.
La agrupación afirmó que dichos pagos no aparecen entre los requisitos publicados previamente en el portal de la SEQ -en la publicación de resultados- sino hasta que acuden a los planteles.
Al entregar la documentación, las familias son enviadas a realizar el pago. O en caso de no contar con el recurso, a firmar un convenio para cubrirlo posteriormente.
Marea Verde sostuvo que esta práctica obliga a las familias a asumir costos inesperados para completar el proceso de inscripción.
Y llamó a la SEQ y a los gobiernos estatal y federal a explicar cómo se concilian estos cobros con la garantía constitucional de gratuidad de la educación pública.
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