Las fuerzas de oposición han detectado al menos cuatro violaciones al procedimiento legislativo que dio lugar a la consumación de la reforma al Poder Judicial y anunció que va por amparos para echarla abajo. Las irregularidades que encontró son votación irregular, además de que no se respetaron los tiempos en los congresos locales, no se dio tiempo a que los legisladores analizaran la iniciativa y tampoco hubo participación de grupos minoritarios.
“Al pasar al Senado, el dictamen fue muy rápido, además de que fue más grave cuando pasó a los congresos locales, ya que no les dieron el tiempo necesario para analizarlo, pues aún no acababa la sesión en el Senado cuando Oaxaca ya estaba convocando; es decir, ni siquiera lo pasaron a comisiones en los congresos locales y una reforma de este calado implica que los municipios donde hay población indígena, también sean partícipes y no se hizo así”, agregó.
Mencionó que el proceso se llevó a cabo a pesar de la existencia de una orden de suspensión emitida por una jueza federal, aparte de que había una orden de suspensión para que no se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF); “es decir, ha habido desacato tras desacato” a las determinaciones de jueces federales.
La también coordinadora del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados mencionó que los recursos legales para “echar abajo” la reforma judicial son los juicios de amparo para impugnar el proceso legislativo, y la controversia constitucional presentada por los municipios.
“En una última etapa es acudir a la Corte Interamericana (de Derechos Humanos), puesto que la reforma violenta tratados internacionales a los que México está suscrito, y se está viendo lo de las acciones de inconstitucionalidad”, explicó la legisladora. Con información de La Razón.
