Un juicio en curso contra el Ayuntamiento de Tulum por autorizar la construcción de Adamar sin licencia en la Bahía de Soliman dio un giro luego de que se revelara la emisión de una nueva licencia de “regularización”. Pese a que la obra fue previamente clausurada por orden judicial.
Antonella Vázquez, representante de Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) recordó que el proyecto fue autorizado originalmente con una licencia que permitía cinco niveles y 20 departamentos, basándose en el programa del centro de Tulum. Sin embargo, la edificación, con la nueva licencia emitida el 13 de febrero de 2024 rebasó lo permitido y alcanzó siete pisos, además de sumar 28 departamentos en una zona catalogada de conservación.
En marzo de 2024, un juez ordenó la suspensión de los trabajos, pero la construcción continuó. A ello se sumó la resolución de la Profepa, que reconoció daño ambiental y la falta de cumplimiento de la normativa.
«Cumplía» con lineamientos
Pese a este contexto, el municipio de Tulum informó al tribunal que había emitido una licencia de “regularización”. Según el reglamento de construcción, este tipo de permisos se otorgan únicamente a obras que, sin haber solicitado autorización previa, cumplen con los lineamientos legales y técnicos, condición que, aseguran los demandantes, no se cumple en este caso.
La representante de DMAS considera que la nueva licencia “premia” al desarrollador, ya que avala el edificio de siete pisos con la inclusión de un supuesto sótano con planta de tratamiento, cuya existencia no ha sido constatada.
Además, critica que ahora se haga referencia al Programa de Ordenamiento de Cancún–Tulum, cuando éste también identifica el polígono como una zona de conservación ambiental.
El proceso judicial sigue en espera de audiencia constitucional para definir la legalidad de las licencias y el destino final de la obra -que ya planteó la demolición del edificio de departamentos creados para compradores de alto poder adquisitivo.
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