La organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) presentó el jueves 12 de marzo de 2026 una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por presunta contratación indebida de un ex servidor público, por lo que solicitó que se investigue el caso.
La denuncia se refiere a Ari Adler Brotman, quien al final del primer año de gobierno de la gobernadora Mara Lezama aparecía como encargado de despacho de la Dirección General del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado (Idefin).
De acuerdo con información recabada, el 24 de febrero de 2024, Adler Brotman asistió como director general de Idefin en representación de la mandataria estatal a la Convención Anual de la Industria Cárnica 2024, donde se realizó la toma de protesta del Comité Directivo del Consejo Mexicano de la Carne.
Posteriormente, en febrero de 2025, con motivo del segundo aniversario de un periódico local, Adler Brotman —en su calidad de director general de Idefin— envió un mensaje de felicitación al medio.
Y el 29 de agosto de 2025, seis meses después, la naviera Royal Caribbean International informó mediante un comunicado anunció que el exfuncionario sería su representante en Quintana Roo para impulsar dos proyectos turísticos: Perfect Day en Mahahual y Royal Beach Club Cozumel, ambos señalados por organizaciones ambientalistas como iniciativas polémicas.
«Como parte de su trayectoria profesional, Adler Brotman cuenta con amplia experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos tanto públicos como privados y tiene un vasto conocimiento del cumplimiento del marco legal mexicano lo que le permite asegurar que todas las actividades relacionadas con los proyectos que lidera cumplan con las regulaciones locales, estatales y federales», señala el comunicado de la naviera.
Agrega DMAS que pese a la salida del exdirector General de Idefin, en la página oficial de la dependencia estatal aún aparece el nombre, fotografía y datos generales de Adler Brotman como director de esa dependencia estatal.
Mínimo debió dejar pasar un año
DMAS afirmó que debió transcurrir al menos un año desde la salida del cargo público hasta antes de integrarse a una empresa privada vinculada con proyectos de inversión en el estado.
Por ello, solicitó a la Secretaría Anticorrupción investigar y determinar si la naviera y el exfuncionario incurrieron en irregularidades.
La agrupación recordó que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo, en su Sección Octava sobre Contratación indebida de Personas Ex Servidoras Públicas, establece en el Artículo 78 que incurre en esta falta el particular que contrate a un exservidor público dentro del año posterior a su salida del cargo, cuando posea información privilegiada obtenida en el servicio público que pueda generar ventajas en el mercado.
La norma también señala que tanto el particular que contrate como el exfuncionario pueden ser sancionados en caso de comprobarse dicha conducta irregular.
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