La abogada y periodista, Fabiola Cortés Miranda señaló que la reforma al Poder Judicial abrió la puerta para que políticos y «amigos» fieles al sistema, sin contar con los conocimientos ni la preparación necesaria, se conviertan en jueces y magistrados federales. Y en su mayoría con negativos antecedentes.
De la lista de aspirantes publicada por el Consejo de la Judicatura Federal, la también activista hizo una relación de los aspirantes como de su trayectoria.
A continuación, la lista íntegra: Para ocupar el cargo de jueces aparecen los nombres de Octavio Asencio Fernández, mano derecha del Magistrado Presidente del Poder Judicial, Heyden Cebada Rivas, y quien has sido señalado por múltiples víctimas de tráfico de influencias, de corrupción, y de negociar los asuntos judiciales.
Héctor Hernán Pérez Rivero, quien fue noveno regidor del Ayuntamiento de Chetumal, y fungió como encargado de despacho de la presidencia municipal, cuando la actual presidenta municipal de Morena, Yensunni Martínez, solicitó licencia para realizar campaña por su reelección al municipio de Othón P. Blanco.
A Pérez Rivero, lo conoció personalmente como contraparte en un litigio en el que defendía a una persona acusada por fraude, «como abogado es experto en chicanerías y trampas», dijo. Posteriormente se incorporó a la política, como candidato del partido Movimiento Autentico Social (MAS) y una vez obtenida la regiduría, se brincó a fracción de Morena.
En mayo de 2022, recordó Cortés Miranda que publicó que Héctor Hernán Pérez Rivero, tenía en la nómina del ayuntamiento de Othón P. Blanco a los abogados que laboran en su despacho Pérez Rivero Abogados Corporativos SC.
Funcionarios joaquinistas
De Jesús Antonio Villalobos Carrillo, señaló que la fortuna le sonrió, porque pasó de ser fiscal del ministerio público a encargado de la Consejería Jurídica cuando Carlos Joaquín González fue Gobernador. Y posteriormente fue designado Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Personaje cercano a Lili Campos Miranda, expresidenta municipal de Solidaridad.
Patricio De La Peña Ruiz De Chávez, fue titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la administración de Roberto Borge Angulo, y fue investigado por los juicios laborales mediante los cuales fueron despojadas personas y empresas de propiedades de alta plusvalía. Fue Secretario Técnico del gobierno municipal (2018-2022).
La polémica Jueza Ruth Gamboa Iñíguez, actualmente Consejera en el Poder Judicial de Quintana Roo y quien ha sido públicamente señalada de actos de corrupción en su función de Jueza. Se le ha relacionado con múltiples casos de despojo.
Ricardo Israel Hernández Montiel fungió como Director de Bacheo y Pipas del ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún en el periodo (2018-2022).
En el listado también están Francisco Amaro Lara, actualmente gerente de Planeación e imagen institucional de la Administración Portuaria Integral (API Quintana Roo).
Fernando José Mezquita Quintal, presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en Solidaridad; también fue titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado.
Compitió para ocupar TJAA
Eugenia Maritza Valencia Hernández, fue funcionaria de la Tesorería del ayuntamiento de Chetumal, y recientemente fue propuesta dentro de una de las ternas que compitieron para la integración del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción (TJAA) de Quintana Roo a la XVIII Legislatura Local. En 2018 fue “proveedora” del Instituto Electoral de Quintana Roo.
Sergio Arturo Ramírez Moxca, fungió como Director de Amparos de la Consejería Jurídica en la administración de Carlos Joaquín González.
Enrique Andrés Velasco Hernández, es titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Solución Integral de Residuos Sólidos de Cancún.
Karina Vázquez Díaz, actual tesorera del ayuntamiento de Puerto Morelos, proveniente de Puebla, donde también fue cuestionada como funcionaria.
Pedro Alberto Gutiérrez Varela, es secretario técnico del ayuntamiento de Puerto Morelos, fue director del Conalep, de donde salió por señalamientos de abuso sexual en agravio de alumnas de la institución. Junto con Karina Vázquez, también fueron funcionarios en Puebla. Pedro Gutiérrez es hombre cercano de la alcaldesa Blanca Merari y ha estado involucrado en diversos escándalos.
Cercana a Cebada Rivas
María De Guadalupe Angélica Chan Flores, Consejera Ciudadana del Tribunal de Justicia de Quintana Roo, cercana al notario presidente, Heyden Cebada Rivas; fue directora del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
Beatriz Alicia Zaldívar Armenta, actual jueza mercantil de Cancún.
Clara Alicia Loeza Granillo, jueza civil en Cancún.
Martín Alberto Zetina Zavala, actualmente Juez de instrucción del Juzgado Familiar de Cancún, es hijo del ex auditor Javier Zetina González y de quien Cortés Miranda documentó información sobre la compra de terrenos que eran propiedad del estado a precios subvaluados.
Fabián Azael Gamboa Song, actual director del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo, hermano de la ex diputada local y federal Lizbeth Loy Gamboa Song, hijos ambos de quien fuera Magistrada presidenta del Poder Judicial de Quintana Roo, Lizbeth Loy Song Encalada.
José Normando Rivas Trujillo, actualmente es Jefe de departamento de asuntos legales de la Consejería Jurídica de Yucatán.
Wendy Fabiola Barrera Ucán, es jueza de ejecución del Poder Judicial de Quintana Roo.
Fermín Monje Montiel, secretario de Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo.
Alma Del Socorro Álvarez May es titular del Órgano Receptor e Investigador de Bacalar.
Juan Antonio Alcocer Basto, fue Jefe de Departamento Jurídico y de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología y director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE).
Ximena Sandoval Liceaga es titular de la Unidad de Derechos Humanos del Poder Judicial de Quintana Roo.
Vigilante con alto sueldo
Frida Sofía Hoil Sánchez, en el 2018, cobraba 17, 663 pesos como “vigilante” en el ayuntamiento de Cozumel.
Gerardo René García Hernández, es titular de la Dirección General de Notarías, dependiente de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo, que encabeza Cristina Torres.
Roberto Ariel Chan Balam ha sido Juez en funciones del Juzgado Cuarto Civil de Cancún; Juez en funciones del Juzgado Primero mercantil de Cancún, Juez Titular del Juzgado Primero mercantil de Cancún, y concursó para ocupar un espacio en el Tribunal de Justicia Administrativa.
Carlos Rodolfo Yáñez Peralta, Corredor Público número 5 en Quintana Roo.
También aspiran a jueces, el actual juez de Distrito Ciro Carrera Santiago, y los siguientes funcionarios del Poder Judicial federal: Raúl Miguel Gaspar Pech Martínez; Karla María Hernández Guerrero, Alejandra Zaraí Canché Chan; Dianna Silva López; Martha Jesús May Hu; María Fernanda Bobadilla Álvarez Malo; Jorge Alejandro García Jarero; Jorge Luis Árevalo Calderón; Guillermo Javier Domínguez García; Guillermo Baca González Pliego; Adrián Armando Pacheco Salazar; José Manuel de la Torre Aréchiga; Ricardo de Jesús Vázquez Carballido y Jarazeth Patricia Zapata Hernández.
Aspiran a ser magistrados
La lista de candidatos a ocupar un cargo como Magistrados de Tribunal del Vigésimo Séptimo Circuito no es mejor que la de los jueces, figuran nombres como el de la actual titular de la Comisión Ejecutiva de Víctimas, Landy Beatriz Blanco Lizama, conocida por su insensibilidad y su trato déspota hacia las víctimas. Blanco Lizama es cercana al ex gobernador Carlos Joaquín González, fue consejera jurídica y funcionaria del extinto IPAE.
También figuran Berenice Penélope Polanco Córdova, secretaria particular de la alcaldesa Ana Patricia Peralta, no asumió su cargo como regidora en la actual administración del ayuntamiento de Benito Juárez. Fue diputada local.
Judith Rodríguez Villanueva, ex diputada de la XVI Legislatura, personaje cercano a Félix González Canto, cuando diputada se le acusó de una modificación a la ley para intentar pasar de diputada a presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que finalmente no logró.
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