El Juzgado Octavo de Distrito en Quintana Roo concedió un amparo a un ciudadano de Tulum y ordenó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ejecutar de manera inmediata la demolición y restauración del ecosistema afectado por el desarrollo inmobiliario Adamar, ubicado en la Bahía de Solimán.
Este fallo se basa en la omisión de la autoridad para cumplir sus propias resoluciones emitidas en 2024, cuando determinó que el proyecto —a cargo de la empresa Desarrollos Tulum Dieciséis, S.A.P.I. de C.V.— causó daños a 731.80 m² de duna costera, hábitat de especies protegidas como tortugas marinas y aves, precisó Mónica Huerta, abogada e integrante de Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).
La sentencia, emitida el viernes 15 de agosto, obliga a la PROFEPA a supervisar directamente la demolición, cobrar las multas pendientes, que superan el millón de pesos.
Así como dar seguimiento a la denuncia penal presentada por delitos ambientales y garantizar la restauración completa del sitio, sin delegar responsabilidades a la empresa infractora.
El fallo sienta un precedente importante en la defensa judicial del medio ambiente en México, reforzando el derecho constitucional a un entorno sano y el deber del Estado quien debe actuar con firmeza ante daños ecológicos, especialmente en zonas de alto valor ambiental como Tulum.
Organizaciones como DMAS destacaron que la sentencia también abre la vía para que cualquier ciudadano o colectivo exija la protección ambiental a través del amparo.
El proceso se encuentra en espera de que la sentencia cause ejecutoria; si PROFEPA no interpone un recurso de revisión en los próximos días, estará legalmente obligada a cumplir con todas las medidas ordenadas por el juez.
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