Ante la reciente creación del Fideicomiso para el Fortalecimiento a la Actividad Turística en el estado de Quintana Roo (Foatqroo), el Observatorio Legislativo de Quintana Roo señaló que éste no sólo se enfocará al mantenimiento de la zona hotelera de Cancún. No se menciona la fuente de ingresos y no existe una estructura o alguna persona al frente del fideicomiso.
Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo, explicó que este fideicomiso no se circunscribe a la zona hotelera, sino en general al funcionamiento de los proyectos turísticos del estado, entre otros puntos.
Además, no existe una estructura o una persona al frente de dicho fideicomiso. Únicamente será una entidad financiera que administrará «contratos de servicios para pagos a empresas (seguramente privadas) que tendrán la responsabilidad de realizar los servicios públicos que se requieran en los proyectos turísticos del Estado».
Una tercera observación es que no menciona fuentes de ingreso para la operación y administración, sino que el documento sólo señala que el patrimonio se constituirá por las «aportaciones necesarias».
No hay acuerdo de Cabildo
Y como cuarto punto, indica que el Fideicomiso contará con un Comité Técnico al que podrán sumarse ciudadanos de diversos sectores. Pero no precisa una cantidad límite.
Además, no se ha llevado al Cabildo el hecho de que el Gobierno del Estado se encargará de la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos que viven y a los turistas que pernoctan en la zona hotelera, a través de un acuerdo.
«Es oportuno recordar que hemos planteado, sobre esta situación, que es necesario que se dé un acuerdo de cabildo para que el Estado asuma los servicios públicos que el, o los Municipios tienen la facultad y obligación de proporcionar a sus habitantes y visitantes, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 constitucional», precisa Galaviz.
Hasta el año anterior, Fonatur se encargaba del mantenimiento y de los servicios de la zona hotelera. Al concretarse este año su desaparición, dejó en caja al Gobierno del Estado 155 millones de pesos.
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