La agrupación Sélvame del Tren afirmó que el gobierno federal ha usado esta figura jurídica como una estrategia ilegal para blindar proyectos que calificó como “ecocidas”, lo que ha generado opacidad y ha impedido una evaluación real de los daños ambientales.

La agrupación Sélvame del Tren denunció que la declaratoria de “seguridad nacional” fue utilizada de forma indebida para encubrir daños ambientales provocados por las obras del Tren Maya, particularmente en la Selva Maya.

A través de un comunicado difundido en sus redes, la organización afirmó que desde el inicio el gobierno federal ha documentado el uso de esta figura jurídica como una estrategia ilegal para blindar proyectos que calificó como “ecocidas”, lo que ha generado opacidad y ha impedido una evaluación real de los daños ambientales.

Señaló que, pese a las afectaciones reconocidas en el sistema de cenotes, cavernas y ecosistemas sensibles de la Península de Yucatán, autoridades como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se encuentran limitadas para transparentar información debido a una denominación que consideran ilegal.

Sélvame del Tren advirtió que esta falta de transparencia vulnera el derecho constitucional de acceso a la información, frena la supervisión independiente y favorece la impunidad, además de obstaculizar cualquier proceso efectivo de reparación ambiental.

La protección del medio ambiente requiere diagnósticos claros y acciones verificables, no el uso de “secretos de Estado” para justificar daños ecológicos. Añadió que ninguna obra puede colocarse por encima de la Constitución, las leyes ambientales vigentes ni del Acuerdo de Escazú.

Entre sus exigencias, demandó la liberación inmediata de los dictámenes y estudios técnicos relacionados con el proyecto, así como la presentación de un plan de restauración y mitigación ambiental que incluya plazos, responsables y recursos específicos.

La organización afirmó que mantendrá su defensa del patrimonio natural del país y de la justicia ambiental, al sostener que la sociedad merece claridad y garantías sobre la protección de los ecosistemas.

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