Cancún, Quintana Roo.- Los diputados del Grupo Plural del Congreso del Estado alertaron sobre un crecimiento desmedido del delito de extorsión en la entidad, por lo que consideraron que es necesario que no haya resquicios en la Ley por donde los criminales puedan escaparse y así, ofrecer justicia a las víctimas.
Hugo Alday Nieto, presidente de la Comisión de Justicia, indicó que esta semana se presentó un exhorto al Congreso de la Unión para que este delito amerite prisión preventiva oficiosa, una petición que han hecho en numerosas ocasiones las cámaras empresariales, así como pequeños y medianos comerciantes.
“Sabemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un tema con México precisamente en este tipo de acciones de prisión preventiva oficiosa, sin embargo, creo que tenemos que aprovechar esta herramienta para que podamos hacer justicia a todas esas personas que se ven afectadas día con día en el estado de Quintana Roo”, dijo.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero y febrero de 2023 se abrieron 16 carpetas de investigación por este delito, mientras que en 2022 hubo un total de 85 denuncias.
“Es un cáncer que nos está carcomiendo como sociedad, te habla alguien que tiene toda su vida aquí, he visto la evolución de la sociedad, y en este aspecto estamos muy mal y no podemos permitirlo. No puede ocurrir esto en Cancún, ni en ninguna parte del país. Queremos trabajar libres y tranquilos”, señaló Guillermo Brahms, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En este sentido, Ricardo Velazco, legislador por parte de Morena, recordó que este delito afecta a todos los sectores de la sociedad, no sólo a los empresarios, sino a los ciudadanos que buscan independencia económica a través de pequeños negocios.
Asimismo, recordó que este “cáncer” es el que ha acabado con las zonas turísticas de destinos como Tulum o Cancún, cuya zona centro está plagado de comercios cerrados.
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“Eran atractivos para el turismo nacional e internacional. Ahora son negocios abandonados, grafiteados y se abandonaron por esa razón, porque tenían que pagar los impuestos ante el estado, el municipio, la federación y a los extorsionadores”, dijo.
Alday Nieto agregó que este es el motivo por el cual buscan la modificación del Artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
“Para que la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo tengan la posibilidad de actuar, y ya no tengan ningún resquicio por donde se les puedan escapar estos sujetos y con ello darle una respuesta inmediata sólida y certera a todos los comerciantes y a todas las víctimas del delito de extorsión o del cobro del derecho de piso”, señaló.
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