Por Jaguar Negro
Cancún, Quintana Roo. El Poder Judicial de Quintana Roo interpuso una controversia constitucional como consecuencia de la disminución en su presupuesto, aprobado por la legislatura que encabeza Renán Sánchez Tajonar, del Partido Verde.
Jaguar Negro indagó los motivos por los cuales los magistrados se animaron a desafiar la decisión presupuestal, y las fuentes concuerdan que no se trata de un tema salarial, que ya está plasmado en la Constitución Mexicana, en lo que respecta a los derechos adquiridos, sino que se trata de un tema mucho más profundo y que tiene que ver con la consecución de justicia.
Lo que realmente lastima, ésa fue la palabra utilizada por la fuente, es que este recorte sin criterio colapsa el sistema de forma automática.
Para poner el asunto en papel, nos revela que las salas orales están en condiciones más que deplorables: edificios que funcionan al 40 por ciento y jueces que no han sido reconocidos en su salario en 15 años.
“Si los diputados quieren ver cómo está el sistema judicial, deberían recorrer las salas orales de Cancún, Playa del Carmen y Othón P. Blanco, donde podrán tener una cabal idea de cómo está el sistema de justicia”, agrega la entrevistada.
“No es ni siquiera hablar de la modernización, sino del mantenimiento de lo poco con lo que contamos”, dice la fuente que pide secrecía.
Mientras al Consejo de Promoción Turística le fue incrementado el presupuesto, de 628 millones a 700 millones de pesos, y que además contará con el 20 por ciento de lo que se genera del Impuesto al Hospedaje, el Poder Judicial quedó en 714 millones 600 mil pesos, pero con 21 millones para el fondo de aportaciones de Seguridad Pública; mientras que en 2022 estaba en 705 millones 800 mil pesos, pero con casi 6 millones para Seguridad Pública.
Es decir, quedó en 693 millones para un órgano que se supone es autónomo y se cae a pedazos.
“La manera en que se hace la reforma es la que pega sobre el porcentaje, que se podría haber mantenido”, aseguró esta fuente.
No sólo dolió la manera en que se hizo, sino cómo está la percepción ciudadana con respecto a la justicia en Quintana Roo, que está entre los últimos lugares del país. Es por ello que insisten: “No es una cuestión de sueldos, es algo de más calado que eso”.
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