Por Jaguar Negro
Los recursos económicos y medios con los que cuenta un gobierno son incuantificablemente superiores a los que dispone un medio de comunicación. No hay punto de comparación. La fuerza de un medio, sin embargo, es su información y sus lectores.
Desde hace un tiempo, la Coordinación General de Comunicación, ha adoptado una forma intimidatoria hacia los medios electrónicos de Quintana Roo. El modus operandi es esbozar notas aclaratorias para un medio de comunicación, cuando consideran que la información es inexacta, y el paso siguiente es hacer pública dicha información en redes sociales.
El derecho a la libertad de expresión está consagrado en la Constitución, como así también el derecho de réplica. El procedimiento dice, en su artículo 18: “Los medios de comunicación que hayan transmitido o publicado la información que dé origen a la réplica adquirida o proveniente de las agencias de noticias o de los productores independientes, estarán obligados a difundir la réplica o rectificación respecto de la información falsa o inexacta que éstas les envíen”.
Es decir, el mismo medio debe recibir la réplica y publicarla en el mismo espacio. En ningún caso contempla que el estado lo haga a través de sus redes, debido a que la ley contempla las vías y la mecánica para aclaración de información inexacta.
La función del estado es vigilar el cumplimiento de la ley y no amedrentar a medios difundiendo públicamente lo que está legislado en la Constitución. Los casos en los que particularmente ha funcionado este esquema es en la Secoes, Secretaría de Contraloría del Estado, a cargo de Rafael del Pozo. Incluso, en la nota aclaratoria última, confirma la información del Punto Sobre la I, que publicó observación a la CAPA y a la misma Secoes. ¿Qué seguirá? Dado que la finalidad no es aclarar, sino intimidar, querer evitar que otro medio haga su labor informativa.
