Por Jaguar Negro
Cancún, Quintana Roo. El complejo entramado de la próxima legislatura, que estaría encabezada —al menos un año en la Junta de Coordinación Política, Jugocopo, por la senadora con licencia Marybel Villegas Canché—, avizora un panorama difícil para la salida del actual gobernador, Carlos Joaquín.
Los nombres que figuran para integrar la próxima legislatura hablan de un control de Morena que pone en vilo (y contra las cuerdas) a los “joaquinistas”, dado que ante los números de la cuenta pública que ofreció la Secretaría de Hacienda, ha puesto en focos, no rojos, pero sí bastante amarillos en la administración del actual gobierno.
Algo así como una deuda flotante de 4 mil millones de pesos, palabras más, palabras menos, que se suma a la de 19 mil millones de pesos.
Desde hace varios años, la senadora Villegas Canché ha decidido enfrentar al gobernador desde la tribuna del senado, incluso, lo responsabilizó por lo que fuera a pasarle y le enderezó una denuncia pública.
Finalmente, una operación política allanó acuerdos para que Marybel pudiera hacer campaña y aspirar a la presidencia municipal de Benito Juárez, algo que quedó en el camino al ser designada Mara Lezama para esa encomienda y ahora para la gubernatura.
Sin embargo, fruto de negociaciones al interior del partido, Villegas Canché habría logrado para entrar a la unidad morenista, hacerse no sólo de un espacio en el Congreso próximo, sino del control de la Jucopo, que funciona casi como la desaparecida Gran Comisión, donde se controlan los dineros y la agenda.
Hasta ahora son “contados” los diputados que estarían apoyando a Mara Lezama, el bloque del Partido Verde y Hugo Alday Nieto, pero podría todo concluir en una álgida división al interior de Morena, como se ha dado en la legislatura actual, cuyos integrantes se encarnizaron en la pugna por el control de la bancada de Morena.
Así, la configuración del congreso y las cuentas públicas de Carlos Joaquín son el dilema político más grande a resolver.
Te puede interesar Jaguar Negro | El jugoso botín de 250 mdp en Derechos Humanos que los diputados se pelean
