Por Ignacio Alonso Velasco
Durante las últimas semanas hemos podido leer y/o escuchar declaraciones muy rotundas sobre la disputa territorial existente en la Península de Yucatán, emitidas por gobernadores, secretarios de gobierno o legisladores, tanto locales como federales. Este no es un asunto nuevo, pero ahora está viviendo un repunte en cuanto al interés que ha vuelto a despertar.
Desde que en 1902 se constituyera el Territorio Federal de Quintana Roo en la Península de Yucatán, México, existe una disputa por una franja de tierra superior a los 10,200 km2. Dada la coyuntura política, no se vislumbra una pronta solución al problema, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue sin pronunciarse al respecto, por la vía contenciosa, y las entidades federativas implicadas no se ponen de acuerdo sobre la delimitación de sus territorios estatales, por la vía de un convenio amistoso.
Los pobladores de las localidades ubicadas en la franja en disputa tienen muchas necesidades y, para que éstas sean gestionadas, piden al gobierno más cercano, el municipal, que las atienda. Los Ayuntamientos tienen la intención de satisfacer las demandas de su población, pero temen incurrir en responsabilidades debido al conflicto territorial en curso.
Por medio de mi tesis doctoral he podido comprobar que la inexistencia de un “modelo de gestión intermunicipal consistente entre Yucatán, Campeche y Quintana Roo está generando ineficiencia y falta de respuestas oportunas para lograr el desarrollo sostenible de esta área rural del Estado mexicano, lo que, a su vez, está generando situaciones de “ausencia de estado” o de “intervención desordenada” del mismo. Por ello, es que en mi trabajo de investigación propongo la posibilidad de la asociación intermunicipal como solución a las consecuencias negativas que se derivan de la disputa territorial sobre la población asentada en el territorio bajo indefinición jurisdiccional.
El verdadero problema no debería ser a qué Estado deben pertenecer estas comunidades, sino las condiciones deplorables que día a día enfrentan las personas que ahí viven, sin oportunidades de trabajo, excluidos de los programas federales y con falta de atención por parte de las autoridades municipales.
Los recursos que esgrimen para la defensa de sus posturas las Entidades Federativas enfrentadas son de carácter histórico, geográfico, cartográfico, jurídico y político. De ellos depende el poder que las partes van adquiriendo en la disputa. Los objetivos de todos deberían ser superar la estructura conflictual y sustituirla por una menos violenta o más favorable para el desarrollo. La herramienta será el profundo conocimiento del tema sobre el pasado, el presente y el futuro al que se aspira. Se debe privilegiar la negociación, la conciliación y la suma de esfuerzos para un futuro mejor. El punto de referencia debe ser el desarrollo territorial con justicia social, la tesis aquí es que el esfuerzo unido de los pueblos podría alcanzar mejores niveles de desarrollo. Solo así se lograría la unidad política, económica y cultural de la región que el poder central estratégicamente dividió.
********
(*) Ignacio Alonso Velasco nació en Madrid, pero desde el año 2005 vive en México. Es Licenciado en Derecho y Maestro en Gestión y Análisis en Políticas Públicas, tanto en España como en México. Acaba de concluir sus estudios de doctorado. Docente de la Licenciatura de Derecho en la Universidad Modelo y en la Universidad Vizcaya de las Américas, ambas en sus campus de Chetumal. Es asesor jurídico en la XVI legislatura de Quintana Roo.
Artículo anterior
