Por Ignacio Alonso Velasco

Durante décadas, México fue presentado como un país en transición democrática.

Después de la larga hegemonía del partido único, las reformas electorales, la alternancia presidencial y la creación de organismos autónomos parecían confirmar que el país avanzaba —aunque lentamente— hacia una democracia más sólida. Sin embargo, hoy ese optimismo comienza a resquebrajarse.

Las alertas ya no provienen únicamente de la oposición política o de sectores ideológicamente enfrentados al gobierno. Diversos organismos internacionales y centros de análisis especializados han comenzado a clasificar a México como una democracia deteriorada. El dato más inquietante quizá sea el del Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit, que dejó de considerar a México una “democracia imperfecta” para ubicarlo dentro de la categoría de “régimen híbrido”: una zona gris entre la democracia y el autoritarismo.

No es una degradación menor. En esa categoría México comparte espacio con países latinoamericanos marcados por crisis institucionales persistentes, polarización extrema y debilitamiento de contrapesos democráticos. La pregunta inevitable es incómoda: ¿Cómo llegó México a este punto?

Las razones que explican esta caída son múltiples. Analistas internacionales señalan fenómenos cada vez más visibles: militarización de tareas civiles, ataques constantes a periodistas y medios de comunicación, presión política sobre organismos autónomos y una creciente concentración del poder. A ello se suma la polémica reforma judicial impulsada y aprobada por Morena, la cual ha despertado fuertes cuestionamientos sobre el futuro de la independencia judicial en el país.

El problema no es únicamente jurídico; es profundamente político. Cuando un gobierno concentra demasiado poder y simultáneamente debilita los mecanismos de vigilancia institucional, la democracia comienza a perder calidad, incluso si continúan celebrándose elecciones.

Otros indicadores internacionales coinciden en el diagnóstico. Organizaciones como Freedom House y Bertelsmann Stiftung mantienen a México dentro de un rango de desempeño democrático medio, pero advierten sobre problemas graves: deterioro del Estado de derecho, violencia contra periodistas, impunidad estructural y debilitamiento institucional.

Especialmente preocupante resulta el tema de la justicia. La plataforma International IDEA muestra que México obtiene sus peores evaluaciones precisamente en el rubro de Estado de derecho. En otras palabras: el problema no es solamente quién gobierna, sino la fragilidad de las reglas que deberían limitar el poder.

En medio de este contexto aparece otro debate que parecía superado: la prohibición de la reelección consecutiva aprobada en 2025. El discurso oficial reivindica el viejo principio revolucionario del “sufragio efectivo, no reelección”, históricamente asociado a la lucha contra las dictaduras personalistas. Sin embargo, la realidad contemporánea es mucho más compleja.

En la mayoría de las democracias modernas, la reelección legislativa y municipal no se considera una amenaza autoritaria, sino un mecanismo que fortalece la profesionalización política y la rendición de cuentas. Un representante que aspira a reelegirse tiene incentivos para responder mejor a sus electores. En contraste, prohibir nuevamente la elección consecutiva podría fortalecer prácticas de improvisación política y dependencia partidista.

Lo más interesante es que la ciudadanía mexicana parece mantener una relación ambivalente con este tema. Diversas encuestas muestran que gran parte de la población no asocia automáticamente la reelección con una mejora democrática ni considera que ésta garantice mayores niveles de rendición de cuentas. Persiste una desconfianza histórica hacia la permanencia en el poder, incluso en esquemas democráticos.

Y quizá ahí radique el verdadero dilema mexicano: el país intenta combatir los riesgos de concentración política recurriendo a símbolos del pasado, mientras enfrenta desafíos institucionales propios del siglo XXI. El problema de fondo no parece ser únicamente la reelección o la no reelección, sino la debilidad estructural de las instituciones encargadas de vigilar al poder.

México aún celebra elecciones competitivas, conserva pluralismo político y mantiene espacios de libertad pública, pero las democracias no se deterioran de manera súbita; suelen hacerlo gradualmente, normalizando el desgaste institucional hasta que éste se vuelve irreversible.

La discusión ya no consiste en preguntarse si México es plenamente democrático o plenamente autoritario. La verdadera pregunta es mucho más inquietante: ¿cuánto deterioro institucional puede soportar una democracia antes de dejar de serlo?