El presidente de la Gran Comisión, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, informó que los grupos parlamentarios de la Decimoquinta Legislatura, presentaron un total de 11 propuestas de personas que participarán en el proceso de selección para designar a quien ocupará el cargo de Fiscal General del Estado.

Al vencer el plazo establecido en la convocatoria para la presentación de aspirantes a ocupar dicho cargo, el diputado Eduardo Martínez Arcila, detalló que fueron el PAN, PRD, PES, MORENA, PVEM PRI, PANAL, y el diputado independiente Juan Carlos Pereyra Escudero, quienes presentaron propuestas.

Por parte del Partido  Nueva Alianza, las propuestas son: Oscar Jesús Buenfil Rojas y Luz Margarita González López; por el grupo parlamentario de Acción Nacional, las propuestas son: Roxana Lili Campos Miranda y Miguel Ángel Pech Cen; por el Partido Verde Ecologista de México, las propuestas son: Jorge Rodríguez Méndez y Leopoldo Cárdenas Lozada.

Los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Revolucionario Institucional, Movimiento Regeneración Nacional y el diputado independiente Juan Carlos Pereyra presentaron como primera propuesta a María Aracely Andrade Tolama, sin embargo, el grupo parlamentario de MORENA presentó una segunda propuesta, se trata de Eduardo del Valle García, mientras que el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó a Raúl Ojeda González y a Ana Elizabeth Duk Hoy.

La segunda propuesta del diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, fue Leopoldo Cruz Navarro.

Eduardo Martínez, explicó que este martes la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por la diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, sesionará para analizar cuáles de estas propuestas cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria.

“Una vez que se determine quienes de los aspirantes cumplen con todos los requisitos, se remitirá dicha información al titular del Poder Ejecutivo para que éste seleccione una terna, de la cual la Legislatura designará y tomará protesta al cargo como Fiscal General del Estado en el recinto oficial de sesiones”, indicó.

Cabe destacar que durante la sesión previa al periodo extraordinario, la diputada Laura Esther Beristain Navarrete, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue electa como presidenta de la Mesa Directiva.

En dicha sesión, se dio lectura a la convocatoria expedida para la realización del periodo extraordinario y se realizó la elección para la integración de la Mesa Directiva correspondiente. Fue la propuesta del Partido Encuentro Social (PES), la que obtuvo la unanimidad de votos de los legisladores presentes.

Además de Beristain Navarrete, la mesa directiva estará integrada por los diputados Juan Carlos Pereyra Escudero como vicepresidente, Ramón Javier Padilla Balam como secretario y Fernando Levin Zelaya Espinoza, como prosecretario.

El diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión, informó que la apertura de los trabajos del Primer Periodo Extraordinario se realizará este martes 20 de diciembre en punto de las 17:00 horas.

a Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó el rescate de tres delfines de dientes rugosos o estenos (Steno brandidensis) que vararon en la playa ubicada a la altura del kilómetro 11.5 del Boulevard Kukulkán en la Zona Hotelera de Cancún.

En atención al reporte de parte del personal de Bomberos de la estación Zona Hotelera de Cancún, la PROFEPA procedió a activar la Red para la Atención de Varamientos de Mamíferos Marinos, por lo que a través de la coordinación con el personal de Protección Civil, de la ZOFEMAT, la Dirección de Ecología del Municipio de Benito Juárez, la Secretaria de Marina, la Gendarmería Ambiental, la CONANP y el grupo de médicos veterinarios del Delfinario Delphinus, se valoró la situación y aplicaron las medidas y acciones para el rescate.

Los ejemplares marinos se encontraron vivos en la playa a una distancia de entre 6 a 10 metros de la orilla, observándose fatigados o cansados en virtud de que su desplazamiento era lento, más no errático.

Se presume que los delfines se acercaron a la orilla y por el oleaje intenso que prevalecía en el momento recalaron a la playa. En cuanto a las causas del acercamiento a la playa de dichos ejemplares se cree que es debido a la corrida de la liseta (Leporinus muyscorum), pez que en esta época se concentra en las aguas del mar caribe.

Las maniobras para reorientaron a los ejemplares mar adentro requirieron de la utilización de cuatro motos acuáticas o wave runner.

Cabe señalar que a los delfines, dos hembras y un macho, no se les observo lesiones o heridas en el cuerpo.

Finalmente, los delfines fueron monitoreados mediante recorridos en lancha en la zona, hasta ya no ser avistados, por lo que se infiere que estos se dirigieron a mar abierto.

La especie Steno brandidensis no se encuentra listado en la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo alguna categoría de riesgo, sin embargo las instituciones de gobierno e iniciativa privada se unen para proteger a todo ejemplar acuático o terrestre que lo requiera.

Como parte de los trabajos que el Gobierno del Estado realiza para la prevención de la violencia contra las mujeres, se llevó a cabo una reunión de la Mesa de Coordinación de la Violencia Familiar y de Género, en donde se establecieron acuerdos y estrategias para prevenir y erradicar esta situación en nuestro estado.

Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo (SSPQROO), participó en esta reunión con los enlaces de la Mesa de Coordinación a través de la Subsecretaría de Vinculación con Instancias y Prevención del Delito a cargo de Bibian Melbilui Castillo Dzul, quien estuvo presente en los trabajos.

La funcionaria estatal informó que en esta reunión se trabajó sobre el Base Estatal de Violencia contra la Mujeres (BAESVIM) en Quintana Roo y se acordó que las instituciones que atienden casos de violencia de género deben alimentar esta base de datos, ya que es uno de los requisitos que solicita la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), para evitar la alerta de género.

Aunado a ello, mencionó que no sólo se acordó mantener alimentada la base de datos, sino que además esta información servirá para atender oportunamente cada uno de los casos y con ello generar soluciones para la violencia familiar y de género que se reportan en la entidad.

Castillo Dzul dijo que durante la reunión también se terminó de diseñar el curso especial para los Grupos Especializados en Atención a la Violencia de Género (GEAVIG), ya que la Secretaría de Seguridad Pública desarrolló el protocolo para la creación de estos equipos de trabajo.

La Mesa Coordinación para la Atención de la Violencia Familiar y de Género une el esfuerzo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo (SSPQROO), la Secretaría de Salud (SESA), la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHeQROO),  además, del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), la Fiscalía General y las corporaciones policiales de los 11 municipios.

En día histórico para los habitantes de Puerto Morelos, el Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) aprobó en sesión extraordinaria la creación del Organismo Operador en el onceavo municipio de Quintana Roo, que se encargará de brindar el suministro del vital líquido, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales.

En este sentido, la presidenta municipal Laura Fernández Piña agradeció el respaldo del gobernador Carlos Joaquín González, de los presidentes municipales y de la CAPA, por sacar adelante el proyecto de acuerdo. Asimismo, se comprometió a ser una gestora incansable para obtener recursos con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica y de saneamiento en Puerto Morelos. “Estoy muy agradecida con todos los actores que tuvieron que ver para hacer realidad la creación del Organismo Operador, porque se privilegió el derecho humano al agua y un medio ambiente sano”, agregó.

Luego de intenso análisis por parte de los equipos jurídicos de los 11 ayuntamientos del Estado, las secretarías de Finanzas y Planeación y de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Contraloría y de la misma CAPA, hoy se aprobó la resolución. “Los habitantes de este joven municipio sufrieron durante mucho tiempo abusos por parte de la empresa concesionaria a Aguakan, con cobros injustificados y con un mal suministro del vital líquido. Además, la empresa jamás reparaba las calles que dañaba cuando requería abrir zanjas”, comentó.

Reiteró que esta era una sentida demanda de la población que hoy llega a buen fin, en un acto de justicia, ya que Puerto Morelos es un municipio autónomo, que nació sin ataduras ni herencias malsanas. “Nuestro compromiso, desde el primer minuto de la administración 2016-2018, ha sido brindar servicios públicos de calidad”, indicó. “Junto con el gobernador Carlos Joaquín González, a quien agradezco su respaldo incondicional en esta lucha, hicimos esta promesa compartida en campaña, de velar por los verdaderos intereses de los portomorelenses y recuperar el suministro del agua y el saneamiento de las aguas residuales que estaban en manos de un particular, con el que el municipio jamás suscribió algún convenio”, explicó.

Asimismo, Laura Fernández, quien estuvo acompañada por el director general de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, Josué Arjona Dzib, agradeció de la misma manera a cada uno de los integrantes del Consejo Directivo de la CAPA por haber tomada esta decisión, que es un acto de justicia para miles de familias portomorelenses y pidió a los diputados del Congreso del Estado hacer las adecuaciones pertinentes para que en el próximo Presupuesto de Egresos del Estado, la CAPA tenga suficiencia financiera para poner en funcionamiento a la brevedad el Organismo Operador en Puerto Morelos.

Indicó que con trabajo en equipo, 2017 será un año histórico para Puerto Morelos, con la entrada en funcionamiento de este organismo, luego de que se hagan algunas adecuaciones solicitadas por los consejeros jurídicos de la misma CAPA y Sefiplan.

Por su parte, el director general de la CAPA, Gerardo Mora Vallejo, indicó que este órgano descentralizado busca crear las mejores condiciones financieras que permitan salir adelante de manera gradual, pero firme, a fin de crear más y mejores oportunidades para los quintanarroenses. También destacó la legitimidad de la solicitud de la Presidenta Municipal.

La sociedad quintanarroense exige la aplicación de la justicia contra quienes lesionaron las finanzas públicas y la presentación de las demandas que ha realizado el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de la Gestión Pública, es la respuesta a esa petición. La coordinadora de la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional en la Décimo Quinta Legislatura, Mayuli Martinez Simón manifestó que la Fiscalía General del Estado asume la responsabilidad de cumplir con las investigaciones y con total transparencia para ir al fondo de las denuncias presentadas.

La renuncia de Carlos Arturo Alvarez Escalera a la Fiscalía General del Estado fue la respuesta a la exigencia de la sociedad que se mostraba incrédula a una actuación apegada a la transparencia y rendición de cuentas por responder a intereses de la anterior administración, afirmó. Es, también, parte de los compromisos que adquirimos como diputados con la sociedad para dar marcha a tras a las acciones de impunidad implementadas por la anterior legislatura.

La coordinadora de la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional manifestó que las acciones que ha implementado la administración estatal han sido contundentes, firmes, para lograr reunir los elementos que permitan dar firmeza a las denuncias contra los funcionarios de la administración anterior y proporcionar los elementos a quien asuma la titularidad de la Fiscalía General del estado para avanzar con firmeza en la aplicación de la justicia.

Acción Nacional reitera su compromiso con la sociedad que demanda la aplicación de la justicia contra quienes saquearon las finanzas del Estado así como también con la exigencia de contar con una persona que responda a la exigencia de llegar a fondo de las investigaciones en torno a las demandas que presentó la Secretaría de la Gestión Pública, manifestó.

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo que preside Harley Sosa Guillén, anunció que durante el periodo vacacional decembrino habrá guardias físicas en las visitadurías generales para atender cualquier denuncia por violaciones a los derechos humanos.

El periodo vacacional en este organismo será del 21 de diciembre de 2016 al 3 de enero de 2017. Durante dicho periodo, las Visitadurías Generales con sedes en Chetumal Cancún y Playa del Carmen contarán con una guardia física entre semana, que será cubierto con personal de la visitaduría.

Sosa Guillén recordó que el 075 opera en todo el estado, los 365 días del año, las 24 horas, por lo que la ciudadanía puede marcar a este número en caso de alguna afectación a sus derechos en cualquiera de los municipios en el que se encuentre.

Asimismo manifestó que estarán pendientes en todos los municipios en caso de advertir alguna situación que amerite la intervención de la comisión.

Al menos tres denuncias ante la Auditoría de Superior de la Federación, ha presentado el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, en contra de la pasada administración de esta dependencia, encabezada por Francisco Javier Novelo Ordóñez, por probable daño y afectación al patrimonio del IEEA, afirmó su titular, Rafael Quintanar González.

Explicó que, tras la revisión de cada una de las áreas y coordinaciones a efecto de conocer la situación real de la dependencia, se documentaron inconsistencias e irregularidades incurridas en la pasada administración del IEEA, encabezada por Javier Novelo Ordoñez.

“Hay algunas muy avanzadas por parte de la Auditoría Superior de la Federación, hay tres muy fuertes que, en todo momento,  hemos estado informando en tiempo y forma a la Gestión Pública, precisamente a Rafael del Pozo para que se vaya revisando por parte de su equipo de trabajo y cumplir con lo conducente”, detalló.

Externó que el 80 por ciento de los recursos que percibe el IEEA provienen del gobierno federal y el 20 por ciento restantes de carácter estatal, por lo que ambos recursos que son parte de los ciudadanos y que no se puede permitir se manejen con impunidad.

De las tres denuncias, una de ellas se refiere a la compra de vehículos, aproximadamente 30 unidades, con un capítulo que no corresponde. La siguiente está vinculada con una partida de 25 millones de pesos de una deuda promedio de mil 114 millones de pesos referente al capítulo de educación de Quintana Roo.

Así como una más concerniente a gastos diversos que no se comprobaron en tiempo y forma.

Adicionalmente, se han registrado inconsistencias con algunos ex trabajadores por tratar de hacer mal uso de esa información y, por otro lado, se han documentado otras inconsistencias.

“Claro que se va a proceder, es la línea que ha marcado el gobernador, Carlos Joaquín de que se acabe con la impunidad, que se genere transparencia en el ejercicio de gobierno y nosotros lo único que hacemos es canalizar la información a donde corresponde”, añadió.

La denuncia de una madre logró un duro exhorto de la Secretaría de Educación, por no aplicar el reglamento aprobado por el gobierno.

Por Luciano Núñez

Todo comenzó con un incidente. Después, la lucha de una madre por llegar al fondo de un supuesto abuso disciplinario contra su hija, reveló que el instituto particular Wozniak (militarizado), no aplica el reglamento autorizado por la Secretaría de Educación de Quintana Roo, por lo cual, recibió un exhorto de la autoridad educativa. “Lo que busco es que los padres sepan que, lo que firman cuando van a esa escuela, que dice es militarizada, no está reconocida como tal”, dice Tayde Moreno Osorio, madre de Tayde Luisa Archila Moreno, ex estudiante del instituto Wozniak, ubicado en Chetumal.

La denuncia

La denunciante, que inició una cruzada contra supuestos abusos de la institución, recuerda que su hija ingresó en agosto pasado al primero de secundaria. En esa ocasión, afirma que entregó un certificado médico en el que se advierte de un problema en las rodillas de su hija.

De acuerdo a la denuncia que consta en la Secretaría de Educación, Moreno Osorio asegura que su hija fue, “arrestada por no llevar una flauta”. Y las autoridades le habrían aplicado como castigo marchar bajo el sol, “y es cuando cae sobre unas varillas con piedras y se lesiona”, recuerda.

Un conserje le advirtió de lo sucedido y, según el relato de la mujer, éste trabajador habría sido despedido. Al día siguiente la menor fue llevada al médico para una valoración y, cuando los padres fueron al colegio, fueron echados. Fue ahí cuando decidieron emprender una cruzada para cuestionar los métodos militarizados del instituto. Toda una serie de denuncias les llevaron meses. “Todo comenzó a fluir cuando se fueron las anteriores autoridades”; afirma en entrevista con Pirámide.

Cuestionada sobre las cláusulas del contrato, la mujer reconoce que ellos lo firmaron sin leer. “Pero con esa culpa decidimos continuar, investigar y recibimos ayuda de un capitán de puerto que nos fue guiando”, agradece.

Lo que descubre

Las denuncias la llevaron a realizar un viaje a México para indagar sobre el funcionamiento del Colegio Militarizado. ”Descubrimos que no son marinos, que usan ilegalmente el estandarte de la Armada de México”, afirma. Y agregó que el costo por gastos iniciales oscila entre los 10 y 15 mil pesos de uniformes y materiales, además de la colegiatura de 1700 pesos.

Primeramente, intentaron demandar ante la Defensa del Menor, pero les dijeron que no iba a proceder. De ahí, fueron a la Secretaría de Educación de México, donde le informaron que en Quintana Roo no hay colegios militares autorizados. Simplemente iniciaron sus trámites como colegio de asesorías y luego como colegio particular. “Nuestro propósito es que la gente se entere que ese reglamento es falso. La Secretaría de Educación dice que ese reglamento no es válido, pero sí tienen uno autorizado, que no es el mismo que aplican”, explica, y agrega que por todo lo sucedido su hija tomó terapias psicológicas.

Duro exhorto

Según el oficio SEQ/DAJ/DIRE/1701/2016, dirigido a la institución y a su director, Angelino Cambranis Dïaz, dice a la letra: “Resulta que el reglamento escolar que se encuentra aplicando la institución educativa de nivel secundaria denominada Wozniak, y el cual exhibe dicho director al momento de rendir su informe, para acreditar que la madre lo firmó de conformidad, no se encuentra autorizado por esta Autoridad Educativa, toda vez que es distinto al que se presentó al momento de solicitar su incorporación a los Servicios Educativos de Quintana Roo y el cual fue el aprobado”. El exhorto para garantizar el interés superior del menor, y dar cumplimiento a las disposiciones previstas en la ley General de Educación, está firmado por Enrique Miguel Paniagua Lara, director de Asuntos Jurídicos de los Servicios Educativos.

Baja automática por hablar con la prensa

En el Reglamento General de Segundaria Wozniak, artículo XI, dice: “…De igual forma al padre de familia, alumno, cadete o tutor, que se le sorprenda conduciéndose de una manera desleal, y afecte la imagen de la institución o algún miembro de la misma, en radio, prensa o algún medio de comunicación escrito o impreso o por internet, automáticamente causará baja del plantel.

Por lo anterior, dice la madre de la alumna que la amenazaron. “Me dijeron que pare, que no sabía dónde me estaba metiendo. Pero pienso que los que pierden son los niños”, lamenta, “porque ni siquiera los deberían obligar a usar las botas militares”. Lo positivo de todo, es que la familia está más unida que nunca.

Director de Instituto Wozniak

Código militar

Los estudiantes reciben una formación con tintes militares, lo que trasunta en el reglamento en el que usan términos como Rancho (comida) o  centinela.

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del CEN del PRI suspendió sus derechos partidistas al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.

Como resultado de su XII sesión ordinaria, el organismo priista fundamentó la medida en la gravedad de las acusaciones en contra del ex mandatario quintanarroense.

“En el Procedimiento Sancionador iniciado por el militante Octavio Delgado Casillas en contra del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, se determinó emitir la medida consistente en la imposibilidad para ejercer sus derechos de militante, hasta en tanto se resuelva el procedimiento iniciado en su contra, dada la gravedad de las acusaciones, con efectos jurídicos de cara a cualquiera de los escenarios que contempla el artículo 58 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional”, indica el resolutivo de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria.

En la misma sesión, la Comisión resolvió expulsar del partido a Arturo Bermúdez Zurita, José Antonio Chara Mansur Beltrán y Gabriel Deantes Ramos.

En los tres casos, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria acreditó su falta de probidad como militantes del PRI durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz.

“En los Procedimientos Sancionadores iniciados el 20 de septiembre último en contra de los militantes Arturo Bermúdez Zurita, José Antonio Chara Mansur Beltrán y Gabriel Deantes Ramos, por realizar conductas contrarias a los documentos básicos del Partido Revolucionario Institucional, y por falta de probidad durante el gobierno de Javier Duarte en el estado de Veracruz, se determinó su expulsión, al acreditarse que los señalamientos de corrupción en su contra y su actuar han generado un deterioro grave en la imagen de nuestro instituto político”, se señala.

En la sesión también se aprobó la expulsión del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por vulnerar sistemáticamente los estatutos del partido, el código de ética y cometer actos de falta de probidad durante su gestión, al ser señalado como autor de diversos actos de corrupción y, en consecuencia, haber afectado la imagen del PRI.

Con estas acciones, el PRI refrenda su compromiso de combatir frontalmente la corrupción y sancionar todas las conductas que afecten el desempeño de los funcionarios públicos emanados de sus filas.

En el Partido Revolucionario Institucional se seguirán analizando con toda puntualidad los otros casos señalados por las instituciones del Estado mexicano y en los medios de comunicación.

Con la asistencia del secretario de Infraestructura y Transporte (Sintra), Jorge Portilla Manica, este viernes se realizó en el auditorio de la Universidad del Caribe, la Mesa de Trabajo Movilidad y Transporte, en la que participaron alrededor de 200 personas, quienes presentaron más de 35 propuestas.

Acompañado del director de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría, Alejandro Ramos Hernández, señaló “vamos a seguir trabajando en estos foros para tener una ley de movilidad que dé certeza y seguridad a quienes ya prestan el servicio de manera ordenada.

“Las principales personas que deben salir beneficiadas son los ciudadanos que reclaman un mejor servicio y mejor atención”, remarcó.

Ante empresarios y representantes del transporte de pasajeros, arrendadores de autos, aplicaciones, mototaxis, universitarios, asociaciones civiles y sociedad en general, indicó que otro concepto que permitirá la Ley de Movilidad y Transporte es analizar aquellas rutas que estén saturadas para redistribuirlas y tener acceso a un mejor transporte”.

Por su parte, el director de Comunicaciones y Transportes, Alejandro Ramos Hernández, recalcó que se trabaja en apego a la ley. “Estos fotos permitirán ordenar la prestación del transporte en todas sus modalidades, garantizando la seguridad y calidad en la prestación del servicio en beneficio del usuario”.

PROYECTO FERROVIARIO

Previo al evento, Portilla Manica señaló, ante reporteros de diversos medios de comunicación, que son varios los empresarios que se han manifestado por invertir en un proyecto ferroviario para unir Cancún y Chetumal, siendo una posible primera etapa la ruta Cancún-Tulum.

Señaló Jorge Portilla que con este proyecto se podrá desahogar el tránsito pesado en la zona turística y hacer paradas multimodales para de ahí, tanto turistas como trabajadores, puedan tomar su transporte para llegar a su destino final.

De igual forma expresó que con esta ley de movilidad se contempla regular el servicio de mototaxis, el cual prevalece en las zonas rurales y en algunas colonias irregulares en donde por falta de urbanización no pueden acceder al servicio de transporte colectivo ni de taxis.

Aclaró que “no estamos de acuerdo en que trabajen en zonas urbanas por el riesgo que ello significa”.

Precisó que estas reuniones también persiguen ofrecer igualdad de condiciones para dar el servicio, con mejores unidades y personal más preparado.

En lo que respecta al pirataje, se manifestó a favor de imponer “medidas más enérgicas y económicas”.

Refirió que el pirataje no solo es de uber, sino también se tiene entre taxistas, y hasta transportistas que en el mismo aeropuerto ofrecen un servicio sin contar con la concesión, concluyó.