El pasado 14 de septiembre se interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR), una denuncia en contra del senador Félix Arturo González Canto, quien fue gobernador de Quintana Roo de 2005 a 2011, por el remate de 165 predios que eran patrimonio del estado y que fueron entregados a empresarios, funcionarios y diversas personas, en la mayoría de los casos, a precios subvaluados.

Se acompañó la denuncia con tres anexos que suman 156 hojas con el detalle de los predios vendidos por González Canto, en los que se leen los datos de los inmuebles ubicados en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel e Isla Mujeres.

No sobra aclarar que la prescripción de los delitos se interrumpe mientras la persona goza de fuero constitucional, por lo que la presente denuncia deberá ser investigada por la PGR en virtud de que González Canto concluyó su encargo en abril de 2011 y en septiembre de 2012 asumió el cargo de Senador, gozando de fuero hasta la fecha.

El “modus operandi” de la venta de predios que el ex gobernador Roberto Borge Angulo (2011-2016) llevó a cabo durante su sexenio, representó la continuidad del ilegal proceso de desincorporación de terrenos de alta plusvalía que comenzó con Joaquín Hendrics Díaz (1999-2005) y continuó con su sucesor, Félix González Canto. Se trata de tres sexenios en los que la valiosa tierra de Quintana Roo, donde se ubican los destinos turísticos del Caribe mexicano, fue vendida y rematada a través de un esquema totalmente discrecional y sin apegarse a lo que dispone la Ley del Patrimonio Inmobiliario del estado.

Si el remate de predios efectuado por Roberto Borge ha resultado escandaloso, el realizado por Félix González Canto lo supera en el número de terrenos y la plusvalía de los terrenos, así como en el nombre de los personajes involucrados, varios de los cuales se repiten con Borge Angulo.

¿INVESTIGARÁ EL PROCURADOR “CARNAL” A SUS AMIGOS?

Uno de los más grandes negocios del senador Félix González Canto fue la entrega de 352 hectáreas (tres millones 522 mil metros cuadrados) a un grupo de empresarios en los que se incluyen sus prestanombres, además de un personaje vinculado directamente al yucateco Emilio Gamboa Patrón, quien tiene una estrecha amistad con el procurador Raúl Cervantes Andrade, se trata de Emilio Díaz Castellanos.

Como gobernador, Félix González Canto cedió a un grupo de empresarios yucatecos 352 hectáreas de las 500 que tenía bajo su tutela el entonces Instituto de Vivienda del Estado de Quintana Roo (INVIQROO), de esas 352 hectáreas, 31 hectáreas con casi un kilómetro de playa, pertenecían a la Universidad de Quintana Roo.

Sobre las 352 hectáreas se construye uno de los más grandes desarrollos turísticos inmobiliarios: Mayazama, cuya primera fase ya se encuentra vendida y habitada. Se trata también de uno de los desarrollos más controvertidos llamado inicialmente Down Town Tulum, y que tuvo que cambiar su nombre debido a la oposición que generó entre grupos ecologistas.

Las 321 hectáreas que Félix González Canto, a través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), cedió a MAYAZAMA SA de CV y a sus socios las entregó a un precio subvaluado y pagado en cómodas mensualidades.

A través de la escritura pública número 22824, de 31 de diciembre de 2007, pasada ante el notario Reynaldo Vanegas Marín, de la Notaría 5, en Chetumal, es posible conocer los antecedentes de un negocio turbio en el que están involucrados además de los ex gobernadores Joaquín Hendrics y Félix González, empresarios como Díaz Castellanos y otros más como Rodolfo Rosas Moya, (quien sería también socio y prestanombre de los dos ex gobernadores), Emilio Heredia Lima, y los hermanos Francisco Javier y Francisco Evadio ambos de apellido Garibay Osorio, este último fue titular del Instituto de Vivienda del Estado de Quintana Roo (INVIQROO) con Joaquín Hendrics, así como titular del IPAE en los primeros meses de la administración de Félix González Canto.

También son parte de la sociedad Oswaldo José Millet Palomeque, María Isabel Mantecón Ponce,  Juan Enrique Cámara Solís, Manuel Jesús Palma Rodríguez, y Katinka María Kelleher Vales.

En el Antecedente séptimo de la referida escritura pública número 22824, se puede leer que el 22 de septiembre de 2006, el IPAE enajenó a favor de Mayazama una fracción de terreno con una superficie de 3 millones 211 mil 312.90 metros cuadrados, marcado como lote 001, de la manzana 001 de la supermanzana 002 del polígono 4 de la Alcaldía de Tulum, municipio de Solidaridad. El precio pactado fue de 208 millones 738 mil 592 pesos, esto es a unos 15 pesos el metro cuadrado de un terreno sobre el que se proyectaba un exclusivo y lujoso desarrollo turístico inmobiliario y donde actualmente el metro cuadrado se vende en alrededor de seis mil pesos.

Pero la oferta no solo estuvo en el precio, sino en la forma de pago: el predio que González  Canto vendió a Mayazama fue pagado a plazos, pactado a cinco años, pero éste se extendió hasta la administración de Roberto Borge Angulo.

A las más de 321 hectáreas entregadas en cómodos pagos a Mayazama hay que agregar otras 31 hectáreas que eran patrimonio a la Universidad de Quintana Roo, y que Félix González Canto decidió regresar al IPAE para podérselas vender a Mayazama.

En el Contrato de transmisión de propiedad de bien inmueble y sus derechos litigiosos, firmado el 22 de febrero de 2008, entre el rector de la UQROO, José Luis Pech Varguez (actual dirigente de MORENA) y el IPAE, se hace efectivo el contrato de 13 de diciembre de 2007, mediante el cual la Universidad de Quintana Roo aceptó regresar al IPAE un terreno que el entonces gobernador Mario Villanueva Madrid le entregó por decreto de 30 de abril de 1997.

Múltiples caminos se bifurcan en los negocios de Félix González Canto y los empresarios y políticos yucatecos; los nombres se repiten en nuevas inversiones y desarrollos, que van de Quintana Roo a Yucatán, en las diferentes empresas y proyectos los apellidos son los mismos. Por ejemplo, los socios de Mayazama son también los mismos que adquirieron, en Yucatán, en oferta, los terrenos de la Siderúrgica de Yucatán, y en los que a través de Inmobilia Desarrollos construyen un complejo de lujo: Emilio Díaz Castellanos y Roberto Kelleher Vales, Carlos Alberto Palma Rodríguez, Juan Enrique Cámara Solís, Manuel Jesús Palma Rodríguez y María Isabel Mantecón Ponce, esposa de Díaz Castellanos. A su vez, son los mismos dueños del proyecto “Country Towers”.

La bonanza de todos “empresarios” no se entendería sin el contubernio de los gobernadores de Quintana Roo y Yucatán.

¿PROTEGERÁ EL PROCURADOR A SU SUPLENTE?

Un nexo más entre priistas y Raúl Cervantes tiene origen en otro predio ubicado en Playa del Carmen y adquirido por su suplente y hoy senador, Ricardo Urzúa Rivera.

Con una superficie de 154 mil 709 metros cuadrados, el IPAE asignó al terreno de más de 15 hectáreas un valor de un peso por metro cuadrado, esto es, 154 mil 709 pesos. El 8 de diciembre de 2005, el IPAE, siendo su titular Francisco Evadio Garibay Osorio lo vendió a Servicios Aéreos Milenio, de Ricardo Urzúa Rivera, en 3 millones 094 mil pesos; el 8 de junio de 2007, Servicios Aéreos Milenio lo transmitió a Corporación GEO SA de CV, representada por Víctor Segura Gómez y Luis Ignacio Abdeljalek Martín, en 22 millones 517 mil pesos, lo que significa que en un año y medio el predio pasó de 3 millones de pesos a 22.5 millones de pesos. La venta le reportó a Ricardo Urzúa una ganancia de 19.5 millones de pesos. Tres meses después, el 21 de septiembre de 2007, Corporación GEO vendió el terreno a Bacalar Bienes y Raíces SA de CV representada por Elías Reyes Castellanos en 33 millones 988 mil pesos; esto es, en dos meses el terreno elevó su plusvalía en casi 11 millones de pesos.

Servicios Aéreos Milenio es propiedad del senador  Ricardo Urzúa Rivera, y tiene entre sus socios fundadores a Servicio Gobernadores SA de CV, representada por Gabriel y William Jorge Karam Kassab personajes ligados a la industria gasolinera y a múltiples nombres de políticos priista de primer nivel como Roberto Madrazo y empresarios de primera línea como Carlos Hank Rohn. Otro de los intereses directos en Quintana Roo de William Jorge Karam Kassab fue revelado tras hacerse público que es el representante de Inmobiliaria Moka, una de las empresas que adquirieron lotes en el polémico Malecón Tajamar.

Servicios Aéreos Milenio tuvo especial crecimiento en la administración del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, quien fue el principal usuario de sus aeronaves.

El periódico Reforma reveló que el exgobernador Mario Marín Torres favoreció a Servicios Aéreos Milenio (SAM) con contratos de hasta 132 millones 485 mil pesos por la renta de aeronaves, en esa misma época, Ricardo Urzúa también recibió favores políticos del gobernador, pues primero lo hizo suplente de Ardelio Vargas Fosado como diputado federal y al final de su sexenio lo premió con una diputación local.

El 14 de junio de 2010, una aeronave de se accidentó en el municipio maya Felipe Carrillo Puerto, en el que murieron 9 colaboradores del equipo de campaña del entonces candidato a la gubernatura Roberto Borge Angulo. A pesar del hermetismo, se supo que la aeronave pertenecía a Grupo Aéreo Xiknal S. A. del ex gobernador Joaquín Hendricks, empresa que es parte de Servicios Aéreos Milenio, de acuerdo a notas periodísticas.

En septiembre de 2014, Ricardo Urzúa asumió como suplente de Raúl Cervantes Andrade, actual titular de la PGR, cuando éste dejó su escaño de Senador para incorporarse a la docencia, posteriormente lo hizo cuando Cervantes Andrade asumió como Procurador en octubre de 2016.

Información publicada en agosto pasado por Expansión, reveló que en la administración de Roberto Borge Angulo, la empresa Servicios Aéreos Milenio SA de CV recibió de la paraestatal de Quintana Roo VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA de CV (VIP Saesa), más de 101 millones 200 mil pesos en contratos.

Los nexos entre Raúl Cervantes y Quintana Roo no pueden obviarse, por ejemplo, a través del yucateco Emilio Gamboa, que es a su vez amigo y socio de Emilio Díaz Castellanos.

El 25 de octubre de 2016, cuando Cervantes dejó su curul de Senador, desde tribuna, no tuvo empacho para agradecer sentidamente a Gamboa Patrón y remarcar su amistad: “A mi amigo de hace muchos años Emilio Gamboa, al que conocí, sí, como Secretario de Comunicaciones y Transportes y yo abogado nacional de muchas industrias de transporte, litigando, o negociando, (…). Eso lo viví y así fue como nos conocimos. Tu amistad, tu generosidad, tu cariño, tu forma de liderazgo y de amistad de todos siempre te ha acompañado. Yo te lo reconozco y te agradezco la confianza que depositaste en mí desde el inicio de los trabajos de ese gran Senado de la República”, le dijo Raúl Cervantes a Emilio Gamboa.

Así mismo, los vínculos de Emilio Gamboa con Quintana Roo son claros a través de la clase empresarial yucateca, esos nexos quedaron grabados en la historia cuando en octubre de 2016 el ex líder del PRI aterrizó junto con el empresario Emilio Díaz Castellanos, en su helicóptero, en el Área Natural Protegida Arrecife Alacranes. En el helicóptero también viajaba Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)…

Aunque más claro, es el nexo y conflicto de intereses que puede tener Raúl Cervantes, en el caso de su suplente, Ricardo Urzúa, beneficiado por el senador Félix González.

165 PREDIOS Y MUCHOS NOMBRES CONOCIDOS

La lista de nombres de empresarios beneficiados por el ex gobernador Félix González Canto es larga, pero algunos de éstos ya son conocidos pues figuran en la investigación realizada por Somos Tus Ojos, y base de las denuncias presentadas ante la PGR por periodista y abogada Fabiola Cortés Miranda, en contra de Roberto Borge Angulo, actualmente preso en Panamá.

Así por ejemplo, en los anexos vuelve a leerse el nombre de Luis Sierra Sauri, hijo de la ex gobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri, quien junto con sus amigos, la segunda generación de “empresarios” inmobiliarios yucatecos, continuaron el negocio iniciado por sus padres a costa del patrimonio de Quintana Roo.

Los mismos nombres y apellidos se repiten una y otra vez en empresas: Eloy Cáceres Delgado, su esposa, Gabriela Wejebe Gene; Graciela Claudina Vales Cámara, esposa de Jorge Montalvo Ferraez; Inversiones Turísticas Anglo Mexicanas SA de CV, constituida por Carlos Antonio Vales Ochoa, y otros, y por las personas morales Hispanoamericana de Inversiones SA de CV, (cuyos socios son: Playa Sur Condominios AC y Roberto Marroquín Sámano), y Muebles e Inmuebles Corporativos SA de CV (cuyos socios son Luis Alberto Montalvo Ferraez la esposa de éste Martha Elena Millet Molina, Graciela Claudia Vales Cámara y Raúl Montalvo Escamilla.)

Inversiones y Desarrollos S.A. de C.V., constituida por Eloy José Cáceres Wejebe, hijo de Eloy Cáceres Delgado, y  Rodrigo Montalvo Vales, hijo de Jorge Montalvo Ferraez; Desarrollos Simca SA de CV integrada por dos personas morales: Desarrollos Monsi SA de CV (que a su vez tiene de socios a Luis Alberto Sierra Sauri y Rodrigo Montalvo Vales),  Innova Inmobiliaria SA de CV (que tiene como socios a Eloy José Cáceres Wejebe y Luis Alberto Montalvo Millet).

Se trata de múltiples empresas en las que participan los mismos empresarios yucatecos que han logrado parte de su fortuna con la complicidad de los gobernadores de Quintana Roo y Yucatán.

Otro empresario que es parte del expediente en contra de Borge Angulo y que también fue beneficiado generosamente por Félix González Canto, es Ricardo Antonio Vega Serrador quien es considerado prestanombre del Senador. Vega Serrador, también utilizó varias empresas para hacerse de predios patrimonio del estado, como Inmobiliaria Chiluca SA de CV, Inmobiliaria Koh SA de CV, Paloma del Sureste Inmobiliaria SA de CV, Caveri Servicios Inmobiliarios SA de CV, Inmobiliaria Maltico SA de CV e Inmobiliaria La Rotonda SA de CV.

Vega Serrador es conocido como “el zar de las gasolineras” del sureste, y varios de los predios entregados por el IPAE al empresario actualmente son ocupados por estaciones de gasolina.

PARIENTES Y FUNCIONARIOS DEL ACTUAL GOBERNADOR CARLOS JOAQUÍN, PARTE DE LA ENTREGA ILEGAL DE PREDIOS

Jaime Manuel Zetina González, subsecretario de ingresos del gobernador Carlos Joaquín González, también ha sido beneficiado ilícitamente con terrenos propiedad del patrimonio del estado; el 2 de septiembre de 2010, el IPAE le vendió en 2 millones 160 mil pesos un terreno de 6 mil 667 metros cuadrados ubicado en  Akumal, el cual tenía en ese entonces un valor catastral de 5 millones 400 mil pesos. El 21 de septiembre de 2012, Zetina González vendió el predio en 8 millones de pesos, lo que le reportó una ganancia de 6 millones de pesos en dos años.

En la administración de Roberto Borge, Jaime Zetina González recibió de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y firmado por el ahora procesado Mauricio Rodríguez Marrufo, un predio de 1801.53 metros cuadrados ubicado en el Fundo Legal de Cozumel por el que pagó un millón 088 mil 856 pesos. El terreno que recibió el funcionario recibió un “subsidio”, es decir, que pagó menos de lo que en realidad costaba, además, de acuerdo a su registro el lote era parte de una “área verde”.

Jaime Zetina González ha sido uno de los hombres más cercanos a Félix González Canto, se asoció con éste en la empresa Servicios Marinos Holbox SA de CV, donde también figuran Emilio Alberto Gamboa García, Nayn Manuel Moguel Ordaz y Nain Moguel Canto.

Otro actual funcionario beneficiado con el patrimonio inmobiliario de Quintana Roo es Miguel Ramón Martín Azueta, jefe de la Oficina del Gobernador, puesto que Carlos Joaquín González le creó ex profeso y lo que en el hecho convierte a Martín Azueta en una especie de poder detrás del poder.

Con González Canto, el también ex alcalde de Playa del Carmen, Miguel Ramón Martín Azueta, obtuvo el 24 de agosto de 2010, un predio de 5 mil 749 metros cuadrados por el que pagó solo 804 mil 932 pesos, un monto subvaluado, pues el terreno se ubica en la zona cercana a la plaza comercial Centro Maya y a exclusivos fraccionamientos. En la administración de Roberto Borge este predio fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido al ilegal relleno de un cenote que se encontraba dentro del predio y a la deforestación de una superficie de 5 mil 964 metros.

Además de los funcionarios del gabinete de Carlos Joaquín, también familiares cercanos, y no tantos, adquirieron predios que eran patrimonio del estado, como Ignacio Nassim Ruiz Joaquín, hijo de Addy Joaquín Coldwell; y Pedro Óscar Joaquín Delbouis y Nassim Joaquín Delbouis, hijos de Pedro Joaquín Coldwell.

POR QUÉ LA PGR DEBE INVESTIGAR

Al igual que ocurrió con la denuncia interpuesta en contra de Roberto Borge Angulo, la PGR debe indagar las circunstancias que rodean la venta de los cientos de predios desincorporados por Félix González Canto, toda vez que se trata del mismo “modelo de negocio”, además de que algunos nombres se repiten en uno y otro sexenio.

La Procuraduría deberá indagar, con apoyo y coadyuvancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) si las operaciones realizadas en la venta y reventa de predios se enmarcan como actividades vulnerables, de acuerdo a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; la forma de pago de los predios; el origen de los ingresos de los contribuyentes que participaron en las operaciones compraventa de los bienes inmuebles; la constitución de las personas morales, y si los ingresos de éstas fueron reportados al SAT o fueron utilizadas únicamente para trasladar las propiedades.

CON COPIA AL LÍDER NACIONAL DEL PRI, ENRIQUE OCHOA REZA

La denuncia presentada ante la PGR, con copia de su acuse respectivo, fue entregada en la Oficialía de Partes de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en un oficio dirigido a Enrique Ochoa Reza, para que proceda como considere pertinente, pero sobre todo, para poner a prueba el discurso de combate a la corrupción del líder priista…