Coinciden los dirigentes del PRD y el PAN que no hay transparencia en la licitación ni en el contrato que ganó la empresa Óptima Energía para el mantenimiento de 52 mil luminarias en Benito Juárez y hacen un llamado a los diputados a rechazar dicha concesión que está propuesta para los próximos 15 años. Mientras que la legisladora, Mayuli Martínez Simón reconoce que las concesiones no han sido beneficiosas para los ciudadanos.
Jorge Aguilar Osorio, presidente estatal del PRD, criticó que en este proceso de licitación por el Comité de Compras y luego la posterior aprobación vía cabildo no hay transparencia ni acceso al contrato de concesión y si piden la información vía transparencia, en broma respondió que van a tardar varios años en entregarle los datos.
Consideró que este servicio es importante porque si no se brinda o existen problemas, los ciudadanos saldrán afectados porque faltará alumbrado y dará pie a una inseguridad mayor. Aunado a que la concesión implicará el recorte de cien empleados municipales.
Cada lámpara LED, dijo que tiene un costo de 5 mil 500 pesos y si se cambian 52 mil, significa una inversión de 250 millones de pesos y la concesión es por 500 mdp; y cada foco tiene una vida útil de 50 mil horas, es decir, pueden durar cinco años -durante el lapso de la concesión deberán ser repuestas en tres ocasiones-. Y preguntó qué pasará en caso de una contingencia, ¿quién cambiará los focos?
Eduardo Pacho Gallegos, presidente en Benito Juárez del PAN, añadió que Óptima Energía está establecida en Nuevo León y hasta donde han indagado tuvo problemas en Acapulco y Tijuana para operar la concesión, por lo que se pronunció a favor de que los diputados no la autoricen.
Ambos hicieron en reiteradas ocasiones un llamado a los diputados, instancia que ahora le corresponde aprobar o rechazar la concesión, a fin de que no la autoricen por el probable perjuicio económico y en materia de seguridad que enfrentará la población de Benito Juárez.
En tanto, por separado la legisladora de Acción Nacional, Martínez Simón reconoció que las concesiones no han dejado buen sabor de boca porque recordó que en la administración de Andrés Ruiz Morcillo (2008-2010) el cambio de lámparas a las tipo LED generó una deuda al Ayuntamiento capitalino; mientras que en Benito Juárez, el servicio de agua potable y alcantarillado no ha sido el que esperaban los habitantes, incluso, el dirigente de los perredistas, Aguilar Osorio señaló que este servicio es más caro que la energía eléctrica “así de mal estamos en Benito Juárez”.
Con un voto unánime, el Cabildo de Benito Juárez aprobó en sesión esta mañana la licitación de 52 mil luminarias a la compañía Celsol, proveniente de Monterrey, contrato que deberá ser avalado por el Congreso del Estado para tener validez, por exceder el plazo de duración de la actual administración.
Todas las bancadas La propuesta fue aprobada por el voto unánime de todas las bancadas presentes, incluso la de Morena, compuesta por Julián Ramírez Florescano y Reyna Durán Ovando, pese a que sus correligionarios ayer entregaron un oficio exigiendo que se frenara esta medida. También contó con el aval del perredista Antonio Meckler Aguilera, no obstante a que poco antes el dirigente de este partido, Jorge Aguilar Osorio, criticara esta licitación en una conferencia de prensa.
Ausente el PES Ausentes de la sesión estuvo la bancada de Encuentro Social, compuesta de Gregorio Sánchez Martínez y su sobrina, Karla Gasca Sánchez. La empresa irá cambiando las luminarias de la ciudad en distintas etapas, para poner focos con tecnología led, y será encargada de darles mantenimiento.
No tiene capacidad económica BJ Según la propuesta leída por el secretario general, Guillermo Brahms González, se utilizarán los remanentes del Derecho de Alumbrado Público (DAP) como forma de pago para este contrato irrevocable. En entrevista posterior, Brahms González afirmó que el municipio tiene un déficit de entre 15 y 20% y el Ayuntamiento no tiene la capacidad económica para realizar esta inversión. Admitió que la empresa ganadora fue la única inscrita, pero argumentó que fue analizada a conciencia. “Con este acuerdo se pretende disminuir un 60% de la energía y el elevar en un 50% de luminosidad; queremos tener una ciudad de vanguardia autosustentable”, aseveró, añadiendo que se tendrá un ahorro financiero de 500 millones de pesos. Cuestionado sobre los ingresos del DAP que serán entregados, dijo no tener la cifra exacta, pero es arriba de los 100 millones de pesos anuales. Invitó a quienes critican esta medida a dar una vuelta por la ciudad y preguntarle a la gente, alegando que se está avanzando hacia una ciudad de primer nivel, sin endeudar y, al contrario, generando ahorros.
La prensa nacional se ha hecho eco del caso de Playa Delfines en Cancún, y de otros en el resto del país. En un extenso reportaje, el medio nacional, Reporte Ínidigo, da cuenta de la situacion en México y aborga particularmente el caso de Quintana Roo.
Con la aprobación del Congreso para que empresas foráneas puedan comprar terrenos en costas y litorales del país, las playas de los mexicanos han sido privatizadas. Tal es el caso de la playa pública Delfines en Cancún que fue vendida a la empresa Villas Solaris para que construyan dos clubes privados
Desde que el Congreso Federal modificó el artículo 27 constitucional en el 2013 con el que se permite que extranjeros adquieran terrenos en costas y litorales del país, ha venido en aumento la privatización de las playas mexicanas.
Bajo el pretexto de una mayor recaudación fiscal y un sostenido crecimiento del sector turístico, la modificación de dicho artículo ha permitido que playas que eran propiedad de la nación en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Baja California y Baja California Sur, se conviertan en inversiones de consorcios internacionales que buscan el desarrollo de polos turísticos, muchas veces a costa del bienestar de las comunidades indígenas y del cuidado del entorno ambiental.
En Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Baja California y Baja California Sur, playas que eran propiedad de la nación se han convertido en desarrollos de polos turísticos
Privatización en Quintana Roo
El caso más reciente es el que se registra en Cancún, Quintana Roo, en donde el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) vendió a la empresa Villas Solaris S. de R.L. de C.V. parte de la playa pública Delfines, en donde el consorcio ya inició la construcción de dos clubes privados.
En este caso la inconformidad social no sólo se finca en el hecho de que es una de las pocas playas públicas de las que podía disponer la comunidad, sino que se trata también de un santuario para la reproducción de tortugas de las especies Blanca, Laúd, Caguama y Carey, y para las aves de la especie Pluvialis, mejor conocidas como chorlitos.
La privatización de La Playa Delfines que está en curso en Cancún no es el primer intento del sector empresarial por hacerse de la playa pública más importante de las 10 que tiene este destino turístico.
En el 2005 otro consorcio había pretendido hacerse de la propiedad de este sitio; la firma italiana Bi&Di había logrado permisos de la federación para construir el desarrollo turístico “La Herradura”.
Las intenciones de la firma Bi&Di fueron frenadas ante la protesta permanente de un grupo de ciudadanos que tuvieron que recurrir ante el portal de Change.Org para presionar al gobierno y revocar los permisos, lo que ocurrió en el 2014 cuando la SEMARNAT retiró la autorización para la construcción de un hotel, áreas recreativas privadas y dos clubes de playa.
Ahora, de nueva cuenta surge el conflicto social por lo que se apunta como el despojo de una playa pública a los habitantes de Quintana Roo, luego de que la empresa Villas Solaris S. de R.L. de C.V. pretende con una inversión de 90 millones de dólares la construcción de un hotel de 14 pisos con 450 habitaciones en la zona turística comunal de Delfines.
Aun cuando el anuncio de la construcción de lo que sería el hotel Grand Solaris Cancún se hizo apenas a mediados de este año, la adquisición de cinco hectáreas de terreno de la playa pública se hizo en el 2005, durante la administración del gobernador Félix González Canto, donde la parte vendedora fue el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entonces encabezado por John McCarthy.
Pero fue durante la administración de Roberto Borge, ya en el 2014, cuando se otorgaron todos los permisos locales de revisión al impacto ambiental y para la construcción del desarrollo turístico.
Secuestro extranjero
En Nayarit existen 34 playas públicas consideradas desde el 2014 en el plan de desarrollo municipal de Bahía de Banderas, y a la fecha 31 son ocupadas por desarrollos turísticos de empresas internacionales.
En esa entidad, por gestiones del hoy exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, bajo el proyecto de promoción a la inversión que se gestó en su administración, sólo se dejaron tres playas con carácter público: Bucerías, La Cruz de Huanacaxtle y La Manzanilla, en donde grupos indígenas y pobladores de la zona se opusieron a la instalación de nuevos hoteles.
Allí mismo, en Nayarit, en 2015 la pasada administración estatal cedió el dominio de más de 100 hectáreas de la zona conocida como Playa del Rey, pública y sitio ceremonial de los pueblos naturales, y en donde se pretende la construcción de tres complejos turísticos de las empresas Desarrollos Turísticos Paraíso del Rey S.A. de C.V. y Desarrollos Turísticos Aramara S.A. de C.V.
En Michoacán ocurre un caso similar. Desde el 2008, aún sin reforma al Artículo 27 Constitucional, un grupo de particulares se apropió de 250 hectáreas de playa dentro de la Bahía El Tamarindillo, en el ejido El Ticuiz, en donde las protestas de los ejidatarios resultaron infructuosas pese a que se demostró la falsificación de actas ejidales que cedían la propiedad en favor de un grupo de empresarios que a la fecha ha instalado un conjunto residencial en la zona.
La disputa de los predios de playa en la zona de El Tamarindillo se mantiene vigente, aunque las denuncias de los ejidatarios contra los que se han hecho de la propiedad se mantienen congeladas en dos agencias del ministerio público, tanto del fuero federal como del local.
En Jalisco sucede lo mismo. Desde el 2012 ya son 33 de las 36 playas públicas de esta entidad las que se encuentran bajo el dominio de consorcios hoteleros que han establecido allí sus desarrollos turísticos y empresariales, negando la posibilidad del acceso público a las playas, con afectación directa para algunos grupos de pescadores como sucede en la Playa Careyitos, que ahora es propiedad de la empresa Imágenes y Espectáculos de Lujo S.A. de C.V.
Un botín, las playas de Baja California Sur
De acuerdo al Colectivo Pericú, de Baja California Sur, en esa entidad también se registra el fenómeno de la privatización de playas. Allí los espacios de Nopoló y Tripuí, que eran espacios comunales, han comenzado a ser invadidos por desarrollos turísticos propiedad de consorcios nacionales e internacionales.
Organizaciones civiles de esa entidad como el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y La Vida que encabeza Juan Trasviña, han venido alertando desde el 2014 sobre los intereses particulares que existen entre algunos grupos de empresarios por hacerse de las playas públicas, entre ellas la de Los Arbolitos y El Médano.
Greenpeace ha alertado que desde el 2008 la empresa Hansa Urbana pretende una autorización federal para construir en la Playa de Cabo Pulmo un proyecto turístico denominado Cabo Cortés
Pero el mayor riesgo de privatización que se registra en Baja California Sur es el que se da en torno a la Playa de Cabo Pulmo, en donde organizaciones internacionales como Greenpeace han alertado que desde el 2008 la empresa Hansa Urbana pretende una autorización federal para construir en el sitio un proyecto turístico denominado Cabo Cortés.
En el 2011 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó al consorcio Hansa Urbana la ocupación de una extensión de 3 mil 800 hectáreas para construir una marina, 27 mil habitaciones de hotel y dos campos de golf en el área de Cabo Pulmo.
“El riesgo principal para el arrecife de Cabo Pulmo es el arrastre de contaminantes, sedimentos del dragado de la marina, aceites de las embarcaciones, salmueras de la desaladora y aguas residuales”, manifestó Greenpeace. Lo que impactaría directamente en la gran biodiversidad conservada y recuperada en 15 años de trabajo.
Pese a los señalamientos de la organización internacional que lucha por la preservación del medio ambiente, con relación al riesgo que implica la privatización de la playa de Cabo Pulmo, en Baja California Sur las autoridades estatales y la misma federación han sido omisas, pues el proyecto sólo se encuentra suspendido, pero no cancelado.
Diputados, el origen del problema
El proceso de privatización de las playas mexicanas, prohibido desde 1917, inició el 24 de abril del 2013, cuando en el pleno de la Cámara de Diputados se aprobó la reforma al artículo 27 constitucional.
En 2013 se eliminó la protección que evitaba que extranjeros pudieran comprar terrenos en las costas de México; impedimento impuesto desde 1917
Con él se eliminó la prohibición que existía para que extranjeros pudieran comprar predios dentro de la zona restringida que comprendía los primeros 100 kilómetros a partir de las fronteras y los primeros 50 kilómetros a partir de los litorales.
El proyecto de reforma al citado artículo constitucional, que fue promovido por la fracciones del PRI y avalado por la PAN, para ser finalmente ratificado en el Senado de la República, contó con el voto a favor de 356 diputados, otros 119 se dijeron en contra, mientras que dos legisladores se abstuvieron de la votación, haciendo válida la posibilidad de que extranjeros pudieran comprar playas mexicanas.
El proyecto de reforma al artículo 27 constitucional contó con el voto a favor de 356 diputados, 119 se dijeron en contra y dos legisladores se abstuvieron de la votación
En su momento, de acuerdo al histórico de la Cámara de Diputados, se estableció que el Estado mexicano seguiría con el dominio de tierras y aguas nacionales, y que para ello deberían contar, quienes aspiraran a la compra de playas, con el aval de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que los posibles propietarios no invocaran la protección de sus gobiernos.
Entre las voces de diputados que se alzaron contra esa iniciativa de reforma se escuchó la de la diputada Loretta Ortiz, del Partido del Trabajo, la que recalcó la propiedad de la nación sobre las playas, pronosticando que los litorales en manos de extranjeros generarían conflictos y que muchas playas se verían cerradas para los mexicanos.
Otra voz disidente frente al origen del proyecto de privatización fue la del entonces diputado del partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal.
“Se trata de un ejercicio urgente para entregar nuestras tierras cercanas a las costas y nuestras fronteras a los extranjeros”, explicó, “vendrá a favorecer los intereses de los extranjeros por encima de los intereses nacionales”.
Jalisco, un caso excepcional
En Jalisco es donde se registra el único caso, desde que en el 2013 se permitió la privatización del litoral mexicano, en donde una playa ha sido recuperada a favor de la comunidad luego de que los intereses de particulares afectaron a toda la colectividad, negando el acceso a pescadores y paseantes locales.
La Playa de Tenacatita fue recuperada por el Gobierno municipal de esa localidad, y ahora se encuentra bajo su resguardo para garantizar su uso público con fines de esparcimiento y de preservación al medio ambiente, luego que el consorcio que había logrado su propiedad incumplió con las normas de cuidado ambiental.
La Playa de Tenacatita fue recuperada por el Gobierno municipal y ahora se encuentra bajo su resguardo luego de que el consorcio que había logrado comprarla incumplió con las normas de cuidado ambiental
Para hacerse de la propiedad de la playa de Tenacatita, la inmobiliaria Rodenas desalojó por la fuerza, en el 2010 al amparo de una orden judicial, a los ejidatarios de El Rebalse de Apazulco, los que se habían negado a la expropiación del suelo luego de que la federación cedió desde el año 1992 en propiedad 294 mil metros cuadrados de playa.
Para apropiarse de la playa de Tenacatita, la inmobiliaria Rodenas desalojó a los ejidatarios de El Rebalse de Apazulco
Una parte de la zona costera de Tenacatita había sido entregada en propiedad a la empresa inmobiliaria Rodenas, la que había anunciado desde el 2013 un polo de desarrollo turístico, en aparente beneficio de la economía local, en donde planeó la construcción de residencias vacacionales, las que se dijo fomentarían el empleo para los habitantes de esa parte del estado.
Sin embargo, la inmobiliaria Rodenas no cumplió con la presentación de los estudios de impacto ambiental y prorrogó sin explicación alguna los inicios de los trabajos de construcción del desarrollo ofrecido, vedando el paso de los lugareños a la zona de playa, lo que también afectó a decenas de familias de pescadores.
Con base en ello, el Gobierno municipal, con el respaldo del Gobierno estatal de la administración pasada, decidió iniciar acciones legales para la recuperación de la playa, lo que se logró ante la instancia judicial federal al argumentarse la afectación económica y social que representaba el cierre de la playa para los habitantes de Tenacatita.
En Cancún, un velo de dudas
La privatización de La Playa Delfines que está en curso en Cancún, no es el primer intento del sector empresarial por hacerse de la playa pública más importante de las 10 que tiene este destino turístico.
En el 2005 otro consorcio había pretendido hacerse de la propiedad de este sitio; la firma italiana Bi&Di había logrado permisos de la federación para construir el desarrollo turístico “La Herradura”.
Aunque a mediados de este año se anunció la construcción de lo que sería el hotel Grand Solaris Cancún en la Playa Delfines, la adquisición de cinco hectáreas de terreno del lugar se hizo en el 2005
Las intenciones de la firma Bi&Di fueron frenadas ante la protesta permanente de un grupo ciudadanos que tuvieron que recurrir ante el portal de Change.Org para presionar al gobierno al cese de los permisos, lo que ocurrió en el 2014 cuando la SEMARNAT retiró la autorización para la construcción de un hotel, áreas recreativas privadas y dos clubes de playa.
Ahora, de nueva cuenta surge el conflicto social por lo que se apunta como el despojo de una playa pública a los habitantes de Quintana Roo, luego que la empresa Villas Solaris S. de R.L. de C.V. pretende con una inversión de 90 millones de dólares la construcción de un hotel de 14 pisos con 450 habitaciones en la zona turística comunal de Delfines.
90Millones de dólares pretende invertir Villas Solaris S. de R.L. de C.V. en la construcción de un hotel con 450 habitaciones en la zona comunal de Delfines
Aun cuando el anuncio de la construcción de lo que sería el hotel Grand Solaris Cancún se hizo apenas a mediados de este año, la adquisición de cinco hectáreas de terreno de la playa pública se hizo en el 2005, durante la administración del gobernador Félix González Canto, donde la parte vendedora fue el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entonces encabezado por John McCarthy.
Pero fue durante la administración de Roberto Borge, ya en el 2014, cuando se otorgaron todos los permisos locales de revisión al impacto ambiental y para la construcción del desarrollo turístico, por lo que transacción ha corrido un velo de dudas entre la población.
Los delanteros sudamericanos son muy buscados en Europa. El Tío Dardo asegura que tiene que ver con las Guerras Mundiales. Las dos conflagraciones globales, argumenta, hirieron la esperanza y la gente dejó de procrear hijos con la alegría de tenerlos, y por eso, no hay buenos delanteros allá, salvo alguno que aparece de vez en cuando, como una excepción a la regla.
Así, para poder ingresar el balón dentro de los tres palos, han solicitado el millonario apoyo de los Messis, de los Ronaldinhos, de los Batistutas, de los Chicharitos, de los Hugoles, y una lista interminable, “infinita” diría el hincha de San Lorenzo, El Cuervo. “Las guerras mundiales apagaron los goles”, diría el hombre que todo lo aprendió de la radio. Algo parecido ha pasado en la política de Quintana Roo. No hay nada nuevo bajo el sol en las candidaturas de Norte a Sur en el Estado. Nos ha venido a hacer falta un Kumamoto por la lateral derecha, por decir, alguien que tome la banda y dé ganas de verlo correr.
«Cartas fuertes»
Fíjese estimado fanático de Pok Ta Pok que las cartas fuertes de la política quintanarroense son y siguen siendo -desde hace casi dos décadas-, un puñado de políticos (y ahora sus hijos) que han pasado por todos los partidos, por todos los cargos, por todas las sospechas, por todas las traiciones, y seguirán siendo quienes decidan, por ejemplo, si se pavimenta o no una calle, si se conecta un barrio con otro, si hay que poner más luces, más hoteles, menos playas o poner en marcha un programa contra las adicciones. El gran dilema de los partidos es la falta de candidatos. Esa ausencia goleadora es la que hace que mirar para otro lado o hacia atrás, sean empresarios o líderes de opinión, porque ningún joven formado en la cantera de la política, de los estatutos y las ideas, está a mano, listo para ponerse la camiseta.
Goleadores en BJ y Chetumal
Es por lo anterior, que al menos cuatro partidos se disputan a Mara Lezama en Benito Juárez; la conductora y colega que hace de la radio una herramienta social; y en la capital del Estado, Othón P. Blanco, Luis Torres, ha construido un liderazgo que lo tiene deshojando la margarita entre la diputación y repetir la presidencia, seguro de lo que tiene.
En el PRI el panorama es casi tan desolador como un estadio vacío: Raymundo King asoma como candidato, imagínese; y los que deberían ser candidatos están amparados y viviendo en lejanos países o estados vecinos. En el PRD, el clan Ramos ya postuló -con el diputado Emiliano Ramos– a casi toda la familia y la dinastía seguirá con la descendencia.
En ese vacío de goles y de ideas, Juan Ignacio García Zalvidea, el Chacho, ha regresado al ruedo con el PT; Greg Sánchez volverá a ser candidato por el PES y Patricia Sánchez en el PAN; sólo faltaría Víctor Viveros por el PRI para que la lista sea idéntica a la de hace 10 años, cuando disputaron presidencia todos estos políticos; así, la lista Usted la conoce más que nadie: Marybel Villegas (apadrinada por Félix González Canto) irá por MORENA y Baltasar Tuyub por el PAN. Sólo dos políticos “jóvenes” se han mantenido en sus partidos: Frank López, PAN; y Chanito Toledo en el PRI. Ambos con varias candidaturas sobre los hombros, no son nada fresco, pero tienen el valor de la perseverancia en las ideas de un instituto político, y eso, ya se diría es algo para empezar a jugar.
Todos los jugadores estarán en las redes sociales levantando niños para la foto, en los espectaculares nuestros de cada día, asistirán a los cumpleaños y bautizos, ahora más que nunca porque la precampaña arranca en enero.
Cómo andan las canteras de Estado y Congreso
Usualmente, el gabinete estatal y la Legislatura han sido usinas de candidatos, en esencia, pero en el gabinete del cambio no asoma nadie que tenga carisma, trabajo sólido y perfil de candidato: sólo el que podía: Juan Vergara, secretario de finanzas, se descartó de la contienda y la lectura seguramente la hará el gobernador del Estado, Carlos Joaquín, ¿por qué no tiene un candidato que asome como algo más o menos sólido?: Sin dudas el que más ha sobresalido ha sido Julián Ricalde, pero por darle una escandalosa golpiza a un senador en decadencia. En tanto, el Congreso del Estado, mantendrá la diáspora que habitualmente sucede frente a un proceso. Se irán en bandadas de todos los colores y todas las formas. Unos por presidencias municipales, otros por diputaciones y senadurías.
El daño del «post Borgismo»
Luego entonces, ¿Qué guerras mundiales han pasado por el estado para que no haya políticos nuevos? ¿Por qué los jóvenes están más interesados en crear una app que en meterse a estudiar ciencias políticas? El otrora portero del Marquéz de Sobremonte F.C., Hugo Martoccia afirma que El Borgismo acabó con la discusión y la clase política en Quintana Roo, algo que tardará años en recuperarse.
Para el Tío Dardo las respuestas no son infinitas, pero sí muchas. La estructura de los partidos ha propiciado que sean unas familias las que monopolicen las candidaturas y, de esta manera, cierren en paso y desalienten a quienes verdaderamente tienen condiciones para generar cambios sociales.
Los gobiernos, por su parte, han apostado a cubrir favores de campaña que a premiar las buenas propuestas y el talento, a la innovación. De esta forma, la política adolece de falta de interés por dos cosas: huele a todo menos a rosas y las familias se han adueñado de la pelota.
Luciano Núñez
(*) Es life coach, técnico y licenciado en Comunicación Social, con postgrado en Opinión Pública por FLACSO y diplomados en La Salle Cancún. Trabajó en El Siglo de Tucumán, Argentina; agencia EFE México, Luces del Siglo y Periódico Quequi. Fue director de Comunicación Social en Benito Juárez, Cancún.
Co-Fundador de Revista Dos Puntos y director general de Grupo Pirámide.
Noticias Pirámide, Chetumal.- Adrián Chicato Alonso candidato para contender por la presidencia municipal de Benito Juárez podría ver sus aspiraciones políticas truncadas, ya que se espera que en los siguientes días estaría siendo demandado legalmente por delitos relacionados con extorsión y usurpación de funciones, al defraudar a diferentes servidores públicos por una cifra superior a los 6 millones de pesos.
El ex delegado nacional del Revolucionario Institucional en Quintana Roo y ex titular de enlace institucional de la administración en esta administración gubernamental en la zona norte, habría solicitado diferentes cantidades de dinero a servidores públicos de diferentes órdenes de gobierno bajo el argumento de estar “apoyando a Carlos Joaquín para formar equipos de trabajo”.
Chicatto Alonso fue postulado por la organización civil “Ahora Quintana Roo” para contender por la presidencia municipal de Benito Juárez.
El modus operandi de Chicatto Alonso era argumentar con diferentes servidores públicos y dirigentes de sindicatos que él tenía la encomienda del gobernador del estado Carlos Joaquín para establecer equipos de trabajo que fueran acorde a las políticas de la nueva administración gubernamental.
Sin embargo esto significaba que se tenían que desembolsar cantidades que iban de los 200 a los 700 mil pesos, de acuerdo al cargo y posición política de los afectados.
Varios servidores públicos en el sur del estado manifestaron que dentro de unos días; interpondrán denuncias formales ante la Fiscalía por los delitos de fraude y usurpación de funciones en contra de este personaje, ya que se cuenta con las pruebas tanto en conversaciones telefónicas, videos y recibos de los depósitos que se hicieron a nombre de familiares de Chicato.
Esta situación vendría a dejarlo fuera totalmente de sus aspiraciones políticas para contender por la presidencia municipal de Benito Juárez, ya que se abriría un proceso legal en su contra, advirtió uno de los denunciantes que solicitó por el momento anonimato para no entorpecer los procesos que se harán en los próximos días.
Se mencionó que bajo el argumento de “estar trabajando para el gobernador”; Chicatto extorsionaba literalmente a los funcionarios diciéndoles que hablaría bien de ellos para que no fueran removidos de sus puestos o dirigencias sindicales.
Una disculpa pública ofreció la Procuraduría General de la República (PGR) a los usuarios de las cajas de seguridad de FNS que no han podido obtener sus pertenencias. En conferencia de prensa, el subprocurador de la PGR, Alberto Elías Beltrán, expuso que la mitad de las cajas no han sido reclamadas aún y presumiblemente pertenecen al crimen organizado. En total son mil 500 cajas las que fueron aseguradas por la Seido desde el pasado 27 de octubre y que ha generado inconformidad por parte de los usuarios. En este caso, especificó Elías Beltrán, en la mitad de las cajas encontraron millones de pesos (no especificó cantidad exacta), tarjetas para clonar y armas de diverso calibre. El funcionario ofreció disculpa a los usuarios y prometió agilizar los trámites para la devolución de sus cosas a quienes no tienen vínculos de ningún tipo ni contenido ilícito. Expresó que duplicarán el personal para atender a los usuarios. Sobre la mitad de las cajas que no han sido reclamadas, detalló que ahí es donde se investigará a fondo. En cuanto a si hubo violación a los derechos de los usuarios, mencionó que será la Procuraduría de Derechos Humanos la que determine si se violentaron.
Hay 25 nacionalidades involucradas
El funcionario comentó que entre los usuarios hay 25 nacionalidades involucradas como propietarios, por lo que insistió que poco a poco se hará la entrega, reiterando que la mitad de ellas no ha sido reclamada. Uno de los involucrados como usuario, que no quiso identificarse, comentó que sí han visto que ya inició la entrega pero el proceso va muy lento. Comentó que vio positivo que la PGR ofreciera una disculpa, pero agregó que con eso no basta, porque se requiere la devolución de las cosas, “que haya hechos y no palabras nada más”, añadió. Expuso que el amparo es la única defensa legal que tienen ante esta situación con las autoridades federales. “Son 1540 historias en la caja y si se hará una investigación que se haga como debe ser y no así como nos están tratando, nos piden demostrar más de cinco años de pago de impuestos de Hacienda y otras cosas de hace años, porqué”, citó.
Noticias Pirámide, Chetumal.- La XV Legislatura del Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, que tiene como finalidad incrementar los alcances de la legítima defensa, una disposición legal que excluye de incriminación a quien, en defensa propia, repele una agresión real en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos.
La iniciativa, presentada por el diputado independiente Juan Carlos Pereyra Escudero, fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y análisis durante la sesión ordinaria número 27, presidida por el diputado Fernando Zelaya Espinoza.
Al hacer uso de la tribuna, Pereyra Escudero expuso que actualmente Quintana Roo sufre uno de los mayores índices de robo a casa habitación, de acuerdo con las cifras expuestas en “Incidencia Delictiva del fuero común 2017” presentada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al señalar que en lo que va del presente año y hasta el mes de septiembre, se han presentado ante la Fiscalía General un total de 110 denuncias por este delito.
“Dentro de los delitos de mayor impacto del orden común, el que mayor impacto tiene en detrimento del patrimonio de las personas, es el robo a transeúntes, robo a casa habitación, robo a negocios y robo de vehículos. Se vive un panorama de muchos retos en materia de seguridad pública, sabemos que la tarea no es fácil, los 3 poderes tenemos que trabajar de manera coordinada a efecto de generar las mejores condiciones en la ciudadanía”, aseguró.
El diputado independiente detalló que algunas entidades como Nuevo León y Coahuila, más las que se encuentra en proceso, han reformado sus Códigos Penales a efecto de incrementar los alcances en materia de legítima defensa.
La propuesta consiste en incorporar dentro de esta excluyente de responsabilidad, salvo prueba en contrario, a quien causare daño, lesión o prive de la vida de otro, cuando se sorprenda a la persona introduciéndose al hogar ajeno, o en el lugar distinto en los cuales se encuentre sus bienes, pero sobre todo en todo se encuentre su familia a la que tenga que defender.
En la misma sesión, el Pleno del Congreso dio entrada a una iniciativa de reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados de Quintana Roo; presentada por el diputado José Luis González Mendoza, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena.
La iniciativa tiene como finalidad sentar un precedente histórico laboral, por cuanto a los trabajadores al servicio de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, de los ayuntamientos y organismos descentralizados, el cual consiste en garantizar el derecho a la estabilidad en el empleo a los trabajadores de confianza, aunado a las prerrogativas con las que ya cuentan, como lo son la protección al salario y la seguridad social.
En el caso de los trabajadores de confianza, se propone que puedan ser cesados únicamente acorde a un procedimiento de responsabilidad laboral que se propone adicionar a la Ley, con el que se buscan otorgar garantías laborales como el derecho de audiencia y procedimientos de revisión.
Finalmente, el Congreso del Estado aprobó un acuerdo por el que se informa a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, sobre las acciones legislativas realizadas por la legislatura, respecto a las reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como del sistema Nacional anticorrupción, cumpliendo con el marco normativo constitucional y general.
Noticias Pirámide, Chetumal.- “El trabajo conjunto nos lleva hacer las cosas mejores”, aseveró Jesús Martin Muñoz Tun, presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Othón P. Blanco, al encabezar en conjunto con Alondra Herrera Pavón, secretaria general del PRI en Quintana Roo, los foros de Diálogo para la Plataforma Electoral Municipal 2018 en el municipio capitalino.
La noche del martes, los integrantes del Partido tricolor dieron cumplimiento a la convocatoria lanzada por la Fundación Colosio, que en cabeza Sara Esther Muza Simón, la cual consiste en aportar ideas para las propuestas que encabezaran los candidatos del PRI para los comicios del próximo año.
El presidente del CDM del PRI, dijo que estos foros son muy productivos para el municipio capitalino, ya que al ser plasmadas se traducirán en mejores oportunidades que incrementen el nivel de vida de la población.
“Sin duda es un tema que en todo momento hemos prestado atención y será de gran relevancia para la vida de nuestro municipio capitalino, ya que las ideas que se aporten nos servirán para fortalecer cada una de las propuestas y acciones para el bienestar y desarrollo social”, afirmó.
Muños Tun señaló que en la actualidad, políticamente el PRI se encuentra en un proceso de fortalecimiento y de escuchar cada una de las voces ciudadanas, ya que “llegar juntos será el principio, mantenernos juntos es el progreso y trabajar juntos será el éxito”, por eso es importante ser parte de la corresponsabilidad.
Indicó que las acciones no solo serán por medio de convocatorias programadas, sino mantendrán un acercamiento con las bases, militantes y simpatizantes, mismas que a diario encabeza el presidente del PRI en Quintana Roo, Raymundo King de la Rosa.
Asimismo, reconoció el trabajo que realiza Sara Esther Muza Simón y Melissa Verduzco Flores, presidenta del Fundación Colosio filial Quintana Roo y Othón P. Blanco, respectivamente, quienes han hecho su mayor esfuerzo para conformar este trabajo continuo a favor de los ciudadanos, ya que ellos son los encargados de aportar sus ideas para forjar un mejor futuro.
Cabe mencionar que el foro se dividió en tres mesas de trabajo, donde se desarrollaron los temas de Desarrollo Social y Humano; Desarrollo Económico y Empleo de Calidad; así como Seguridad y Justicia para los chetumaleños.
En el evento, el presidente del PRI en Othón P. Blanco estuvo acompañado de Alondra Herrera Pavón, secretaria general del PRI en Quintana Roo; José Ángel Arjona Carrasco, consejero de la Fundación Colosio filial Quintana Roo; Araceli Villanueva Chan, secretaria general del PRI en Othón P. Blanco; Melissa Verduzco Flores, presidenta de la Fundación Colosio en Othón P. Blanco y Jorge Mezquita Garma, secretario general de la Fundación Colosio en Othón P. Blanco.
El Pleno del Tribunal Electoral resolvió dos Juicios Ciudadanos y dos Recursos de Apelación que tienen que ver con la participación de naturalizados en el próximo proceso electoral. En una sentencia, ordenó al IEQROO, Instituto Electoral de Quintana Roo, modificar el acuerdo IEQROO/CG/A-041/17 y posibilitar a los ciudadanos naturalizados mexicanos a participar como Consejeros y Vocales de las Mesas Directivas Municipales para el próximo proceso electoral; y por otro lado, solicitó también al Instituto Electoral que responda a Niurka Sáliva, del Partido Encuentro Social, si podrá participar como candidata en elecciones de 2018.
Violación de Derechos Humanos
En el primer asunto el Tribunal analizó el agravio planteado por el Partido Político MORENA, en cuanto a que se violentaba el derecho humano de participación política de los ciudadanos mexicanos que no nacieron en el país pero que el Estado mexicano les reconoce la nacionalidad mexicana, ya que consideró que esto es una violación a los principios de igualdad y no discriminación contemplado en la Constitución Federal y los Tratados Internacionales en los que México es parte, esto porque en dicho Acuerdo se limitaba a que solo los Mexicanos por nacimiento y que no hayan adquirido otra nacionalidad puedan participar en la convocatoria emanada del citado Acuerdo.
Igualdad y no discriminación: Vivas Vivas
En esta sentencia, emitida por la ponencia que encabeza el Magistrado Víctor V. Vivas Vivas, resolvió estimar fundado el agravio del Partido MORENA, ya que del estudio realizado, se ponderaron los Derechos a la participación política de los ciudadanos y los derechos a la igualdad ante la ley y la no discriminación. Esto llevó como resultado la inaplicación en el caso concreto de la porción normativa del artículo 130 fracción I en relación al 172 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en la parte específica “por nacimiento, que no adquieran otra nacionalidad”, y que en una nueva convocatoria deba decir “Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos”. Con esta histórica sentencia, el TEQROO potencializa los derechos humanos de participación política y abre las puertas para que en este proceso electoral local 2017-2018 todos los mexicanos (naturalizados y/o con doble nacionalidad), puedan participar en la vida democrática de nuestro Estado.
Noticias Pirámide, Chetumal.- La Comisión Reguladora de Energía liberará el precio de las gasolinas en todo el país un mes antes de lo que había programado.
Los precios de los combustibles quedarán liberados en todo el país a partir del 30 de noviembre de 2017.
Las autoridades aseguran que lo que pretenden es que los inversionistas participen cuantos antes.
La medida forma parte de la quinta etapa de liberación de precios que se aplicará en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo y los del centro del país.
Desde el 30 de noviembre, 64 por ciento de las gasolinerías que existen en México ya no tendrán los precios controlados.
La Comisión Reguladora de Energía asegura que la liberación de precios favorecerá la competencia entre quienes invierten en el mercado de los combustibles.
Noticias Pirámide, Chetumal.- Integrantes de la Federación de Tradiciones Unidas por México marcharon por la avenida Héroes de Chetumal y, posteriormente, se manifestaron en el Congreso del Estado, en contra de la iniciativa de ley de la diputada Eugenia Solís que pretende prohibir toda clase de espectáculos donde se presuma hay maltrato animal, como es el caso de las pelas de gallos y las corridas de toros.
El Presidente de la Comisión Mexicana de Promoción Gallista y de la Sección Nacional de Criadores de Aves de Combate A.C, Efraín Rábago Echegoyen, informó que el proyecto pretende suspender las peleas de gallos, la carrera de caballos, charrerías y las corridas de toros, actividades que son consideradas tradiciones y las cuales generan diversas fuentes de empleo.
“Que vea en un momento dado que pueden perjudicar en un momento dado de que se autorice una iniciativa de una diputada del PAN y por eso hacemos esta marcha y vean que somos bastante los que podemos salir perjudicadas, estas personas son representantes de los diferentes municipios de Quintana Roo», explicó.
En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Aves de Combate de Quintana Roo, Efraín Raya, confió en que la iniciativa no procederá. En caso contrario, advirtió, se realizarán movimientos de protesta extremos.
Precisó que los animales utilizados en estos espectáculos llevan un proceso de crianza y preparación, no sufren maltrato como se cree.
Cabe mencionar que este jueves, los galleros del estado realizarán en Cancún otra marcha y manifestación pacífica por las vialidades de esa ciudad.
Noticias Pirámide, Chetumal.- Durante el quinquenio de Roberto Borge Angulo, la administración estatal no aportó 13 millones de pesos a la Federación,y eso derivó en que se anunciara la cancelación del proyecto del Centro de Monitoreo y Comportamiento del Litoral de Quintana Roo.
El director de Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, Víctor Alcérreca Sánchez, lamentó que se haya puesto fin a la propuesta, sobre todo porque ya tenían tiempo trabajando y avances.
Expuso que habían delimitado para su estudio 10.5 kilómetros de playa en Cancún y 5.5 en la Riviera Maya, pero todo eso hoy queda detenido dado que el gobierno de Roberto Borge no hizo las aportaciones.
Aunque se dijo sorprendido por la noticia, Alcérreca Sánchez recordó que el proyecto se concibió dentro del Consejo Quintanarroense y entró a un fondo nacional para el desarrollo regional de ciencia y tecnología, pasando entonces al ámbito estatal para su desarrollo mediante la Universidad de Quintana Roo.
Comentó que el proyecto no está muerto, pues se buscará que con la actual administración se otorgue el recurso que Roberto Borge omitió entregar.
“No es un proyecto de beneficio personal,sino de beneficio para todo el estado con el mantenimiento que se requiere darle a las playas y por eso se requiere tener este centro de monitoreo”, afirmó.
Recordó que el Conacyt aportó 52 millones de pesos, pero el estado fue el que no entregó 13 millones.
Noticias Pirámide, Chetumal.- La Asociación de Hoteles de Bacalar, presidida por Linda Argáez Calderón, tuvo una participación destacada en la Feria de Pueblos Mágicos en Monterrey, Nuevo León, donde hubo mucho interés por este “destino de moda”.
La líder de los hoteleros detalló que se atendió a un promedio de 700 personas diarias, durante los tres días que duró el evento, por lo que se les acabó todo el material que llevó su asociación, como parte del Comité de Pueblo Mágico, inclusive el directorio turístico, con todos los hoteles y restaurantes.
“En general la gente desconoce donde se encuentra Bacalar, lo primero que preguntaban es a cuantas horas de Cancún, y les explicábamos que el aeropuerto más cercano está en Chetumal”, señaló Argáez Calderón.
Como muestra, se llevó artesanía local, como joyería bordada, tallados en madera y mermelada, además de proyectar videos sobre la laguna, cenotes y el Fuerte, que llamaron muchísimo la atención.
“A la ida pagamos exceso de equipaje y regresamos sin nada, hubo buena venta”, comentó con risa.
Además de difundir las bondades del destino con el público general, que se llevó toda la papelería, lograron acuerdos con al menos 15 agencias de viaje de Monterrey, quienes señalaron que rápidamente Bacalar se está transformando en el destino “de moda”, al haber sido desconocido para la mayoría hace algunos años.
Un grupo de militantes de Morena, encabezado por Héctor Ortega Contreras y Humberto Navarro, acudió al Palacio Municipal para dejar un oficio en el que se le solicita al presidente municipal, Remberto Estrada Barba, y al Cabildo, desistir de su intención de privatizar el alumbrado público, pues se le pagará a la empresa ganadora una fuerte suma anual basados en un cobro ilegal.
En entrevista previo a la entrega del documento, Ortega Contreras indicó que el cobro del 5% por Derecho de Alumbrado Público (DAP) ha sido considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También alegó que datos de transparencia señalan que los contribuyentes pagan, a través del Ayuntamiento, por el alumbrado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), estadio Andrés Quintana Roo, estadio Beto Ávila, el Sindicato de Taxistas y otros inmuebles falsamente clasificados como pertenecientes al municipio.
El morenista recordó la experiencia de otras ciudades, como Chetumal, Acapulco o Puebla, donde la privatización de sus luminarias sólo han causado daño a sus arcas y un mal servicio por parte de las empresas ganadoras.
Otro argumento es el personal de Alumbrado del Ayuntamiento, que deberá ser despedido para ser recontratado por la empresa; no obstante, hay trabajadores a los que ya les dijeron que seguirán cobrando en el municipio, lo que sería aún más grave, pues se le pagará al personal de la empresa.
Humberto Aldana Navarro afirmó que es parte de la tendencia de hacer negocios con los servicios públicos, tal como con la renta de patrullas policiacas.
Según datos públicos, la empresa podría recibir unos 150 millones de pesos anuales procedentes del DAP, por un periodo de 20 años, una ganancia desproporcionada en comparación a la inversión inicial de 500 millones de pesos, que el municipio bien puede programar dentro de su presupuesto de 3 mil millones de pesos.
El inconforme recalcó que se le pagará a esta empresa con un cobro ilegal, que ni siquiera está contemplado en el presupuesto del año próximo, no por no tenerlo, sino por opacidad.
Por ello, ambos afirmaron que recurrirán al Congreso del Estado, para que en interés de la ciudadanía frenen esta privatización, y si es aprobada, le solicitarán al gobernador del Estado que no lo promulgue.
También exhortaron a los regidores afines a Morena a que sean congruentes y no permitan esta situación. (Con información de agencia SIM)
