Noticias Pirámde, Chetumal.- La XV Legislatura del Congreso del Estado aprobó el Paquete Fiscal 2018 para Quintana Roo, el cual no contempla incrementos en impuestos ni derechos y cuyo presupuesto favorecerá a las familias quintanarroenses, al impulsar políticas públicas que mejoren sus condiciones de vida y destinar recursos a proyectos de inversión a favor de la comunidad.

El diputado Emiliano Ramos Hernández, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta aseguró que, en el Presupuesto de Egresos, cuya propuesta inicial fue modificada por los integrantes de la Comisión, se garantizaron recursos para el proceso electoral del próximo año y se generaron las previsiones suficientes para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.

“Con esto, la Comisión de Hacienda cumple con su labor de vigilar que el presupuesto de egresos esté destinado en beneficio de los ciudadanos y no sobra decir que en este presupuesto transversal una cantidad considerada está destinada a la seguridad pública, que tanto afecta y daña a las familias quintanarroenses”, detalló.

Ramos Hernández abundó que el Presupuesto 2018 se encuentra basado en la Ley de Disciplina Financiera, en el modelo de presupuesto basado en resultados y evaluación al desempeño, sustituyendo el anterior modelo de programas operativos anuales.

De esta manera, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 será del orden de 28 mil 415 millones 664 mil 155 pesos, para impartición de justicia se destinarán mil 458 millones 19 mil 467 pesos; para el rubro de salud se destinarán recursos por la cantidad de tres mil 122 millones 869 mil 968 pesos.

En este punto, se incluyó un presupuesto de 100 millones de pesos para el Hospital de Chetumal, etiquetándose recursos para poner en marcha el área de oncología para la aplicación de quimioterapias a niños del Hospital General.

Para el rubro de educación se van a destinar 8 mil 330 millones 556 mil 760 pesos, que comprende educación básica, media, superior y educación para adultos.

El Presupuesto 2018 contempla la previsión de recursos del orden de los 4 millones 71 mil 107 pesos, para la población afectada y los daños a la infraestructura estatal ocasionada por desastres naturales, tal como lo establece el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios.

En cuanto a las participaciones y aportaciones a los municipios, el recurso asciende a 4 mil 202 millones 88 mil 796 pesos.

El presupuesto para los órganos autónomos quedó de la siguiente manera: Poder Legislativo 629 millones 748 mil 441 pesos, cifra que incluye también los recursos para fortalecer los trabajos que realizará la Auditoría Superior del Estado; el Poder Judicial recibirá 685 millones 655 mil pesos, y para la Comisión de los Derechos Humanos 53 millones 101 mil 12 pesos, Instituto Electoral de Quintana Roo 260 millones de pesos.

En lo que respecta al Tribunal Electoral de Quintana Roo se destinarán 36 millones 728 mil 601 pesos, al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 43 millones 547 mil 561 pesos, y para la Fiscalía General del Estado 663 millones 325 mil 214 pesos.

Para la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción se contemplan recursos por 21 millones de pesos, de los cuales 15 millones de pesos servirán para el inicio de operaciones del Tribunal de Justicia Administrativa y 6 millones de pesos, se destinarán para la operación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Los integrantes de la XV Legislatura, aprobaron también la Ley de Ingresos del Estado, así como reformas, adiciones y derogaciones al Código Fiscal, a la Ley de Hacienda, así como a la Ley del Impuesto Sobre Nóminas, todos ordenamientos del Estado de Quintana Roo.

Noticias Pirámide, Chetumal.- Para que Quintana Roo no pierda competitividad con relación a otros estados turísticos, la XV Legislatura determinó mantener en 3 por ciento el cobro del impuesto al hospedaje, luego de un largo trabajo de análisis y de sostener diversas reuniones con representantes del sector hotelero de la entidad.

La iniciativa de Ley propuesta por el gobernador Carlos Manuel Joaquín González, fue aprobada en lo general por las diputadas y diputados del Congreso del Estado, pero modificada en lo particular, pues se eliminó el artículo transitorio de la nueva Ley del Impuesto al Hospedaje, que contemplaba un incremento del 1 por ciento para los siguientes cuatro años y que sería destinado a atender las necesidades de seguridad pública.

En tribuna, la diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, informó que los diputados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, de la cual forma parte, determinaron que la tasa del 3 por ciento del citado impuesto se mantenga.

“Queremos hacerles llega un mensaje a los empresarios del sector hotelero: que los diputados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, al haber entrado al análisis de la Ley del Impuesto al Hospedaje, y después de haber atendido sus peticiones, se tomó la decisión de eliminar artículo segundo transitorio de la ley para aumentar el 1% del impuesto a hospedaje que es retenido a turistas. Dicho impuesto permanecerá en 3%”, señaló en la tribuna del Congreso.

De acuerdo con el dictamen elaborado por la Comisión, los diputados integrantes consideraron que actualmente en el Estado no existen las condiciones idóneas que hagan frente al aumento de este impuesto, ya que impacta directamente en la competitividad de los destinos turísticos y que hoy en día, es una actividad deja una gran derrama económica para Quintana Roo.

Recordaron que este impuesto es pagado directamente por el turista, y al incrementarse los costos, en comparación con otros estados turísticos que tienen tasas más bajas o aquellos que no cobran este impuesto, hace a nuestra entidad menos competitiva.

Cabe recordar que el impuesto al hospedaje se encontraba en un capítulo de la Ley de Hacienda del Estado. Ahora este gravamen contará una ley propia acorde a la dinámica económica y turística actual, en armonía con los principios de legalidad y seguridad jurídica de los contribuyentes.

La Ley del Impuesto al Hospedaje, plantea una plataforma de recaudación de esta contribución acorde a las modalidades de prestación de servicios de hospedaje que imperan en la actualidad, sin agravar las obligaciones de fondo o pago vigentes.

Noticias Pirámide, Cancún.- El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ratificó su compromiso con la seguridad pública.

El gobernador Carlos Joaquín González encabezó la entrega de Armamento, Reconocimiento y Cuarta Fase de Certificación Policial e Inauguración del Puesto de Mando en Cancún.

Prometió que durante su gestión se fortalecerá a las corporaciones pues de ese modo se garantizará seguridad a la ciudadanía, en coordinación con instituciones federales.

“Tenemos que seguir trabajando para tener mejores condiciones de seguridad y tranquilidad hay que seguir avanzado llevando a cabo nuestros programa y proyectos la llegada de más apoyo de las fuerzas armadas y la Policía Federal”, explicó.

Paralelo a ello se impulsará la profesionalización en cuestiones académicas para que el servicio sea mejor.

Reconoció la participación del sector empresarial y ciudadanía en general.

Noticias Pirámide, Chetumal.- Para el 2018, el presupuesto para Ciencia y Tecnología no aumentará a nivel nacional.

Y en Quintana Roo sólo se destinará un fondo de un millón 600 mil pesos para su impulso.

El director del Coqcyt, Víctor Alcérreca Sánchez, reconoció que el escenario será todavía más difícil, pues no podrá crecerse en este rubro.

Por cada 100 mil habitantes de Quintana Roo, solo hay un centro de investigación científica y apenas dos especialistas en ciencias.

Eso le ubica entre las entidades con menor productividad científica.

“Es bajo porque los porcentajes o números científicos de 100 mil habitantes de otros países es mucho mayor, aspiramos a que haya mucho mayor apoyo material y énfasis en ciencia y tecnología”.

Eso preocupa porque no pueden generarse nuevas alternativas científicas que mejoren la calidad de vida de la población.

Para el 2018 el Conacyt recibirá 26 mil 925 millones de pesos.

Noticias Pirámide, Cancún.- La Procuraduría General de la República (PGR) ya formalizó el proceso de extradición a México del ex gobernador Roberto Borge Angulo.

En lapso de un mes deberá estar en territorio mexicano y será recluido en un penal federal.

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, indicó que se dará seguimiento al asunto, en tanto se analizará la situación legal de su antecesor.

“Nos informaron hace rato de la SRE y la PGR, estamos atentos a este proceso del Gobierno Mexicano y atento también a las formas en que se llevaran los juicios y habrá que revisar todas las acciones jurídicas que traen”, expresó.

Borge Angulo enfrenta una orden de aprehensión autorizada por un juez del Estado de México.

Además, enfrentará tres denuncias promovidas por la FGE.

Joaquín González no descartó que en esta etapa surjan más indiciados.

Noticias Pirámide, Chetumal.- El Centro INAH Quintana Roo se unió a la manifestación que se llevó a cabo a nivel nacional para evitar que se realice en la zona arqueológica de Chichén Itzá un concierto del artista mexicano Armando Manzanero programado para la primera semana de febrero de 2018.

Jaime Garduño Argueta, informó que investigadores y trabajadores se sumaron a una protesta nacional al estar en contra de que las zonas arqueológicas se utilicen como escenarios artísticos por intereses económicos del gobierno por encima del cuidado del patrocinio nacional.

El investigador del INAH Quintana Roo señaló que se han realizado estudios de impacto que indican que los equipos y las estructuras metálicas dañan los vestigios arqueológicos.

Agregó que los equipos de sonido son tan potentes que también causa afectación a las ruinas.

Jaime garduño, rechazó que el evento aporte para la cultura del país, aunado que este obedece a otros intereses.

“Están lucrando con este patrimonio, se pretende hacer un concierto dentro de la zona arqueológica y estas no son escenarios para actividades artísticas ni de ningún tipo como lluvias de estrellas o luz y sonido pero se han hecho estos eventos por la corrupción de las autoridades tanto estatales como nacionales e incluso hasta el INAH, les vale sombrilla la ley”.

 En tanto representantes de Armando Manzanero aseguran que se cuentan con todos los permisos para la realización del concierto.

Noticias Pirámide, Ciudad de México.- La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada citó en calidad de imputado a Cristóbal Gaudiano Rovirosa, en relación con las investigaciones contra el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.

El citatorio, que fue girado el pasado 8 de diciembre por el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Seido, menciona que Cristóbal Gaudiano, debe presentarse a las 10:00 en la Seido.

Cristóbal Gaudiano Rovirosa es uno de los presuntos prestanombres de Roberto Borge. Gaudiano es hermano de Gerardo Gaudiano Rovirosa, presidente municipal de Villa Hermosa, Tabasco. Las investigaciones de la PGR indican que en 2011, Cristóbal Gaudiano fundó, junto con Raúl Gilberto Ramos Espinosa, la empresa “Grupo Desarrollador Rumega S. A. de C. V”.

Rumega fue una de las empresas favoritas del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, la cual fue beneficiada con diferentes contratos millonarios, principalmente para la construcción de escuelas.

Con información de Excelsior

Noticias Pirámide, Cancún.- Un juez de distrito habría girado una orden de aprehensión en contra del ex secretario particular del ex gobernador Roberto Borge Angulo y ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Fabián Vallado Fernández.

El ex funcionario estaría ligado al desfalco cometido durante la administración estatal anterior, y sería acusado de peculado y enriquecimiento ilícito.

Vallado Fernández previamente había sido investigado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), luego de que surgieran audios en los que se evidenciaba su uso de programas sociales para fines electorales. Sin embargo, hasta fechas recientes, se movía libremente, sin pendientes con la justicia.

Después de abandonar la Sedesol, se dedicó a velar por las empresas del ex gobernador y fue parte del grupo que ha acudido a visitarlo, después de su captura en Panamá.

Su última aparición pública ocurrió al ser casualmente visto por la prensa en playa Delfines. En esa ocasión, se negó a hacer cualquier declaración, sólo mencionando que el exgobernador estaba bien.

Con información Agencia SIM

El director de Autocar, Santiago Carrillo se pronunció en contra de que el gobierno del estado regularice las mil 400 unidades de Transportes Terrestre Estatal (TTE) que circulan en Benito Juárez, sino que cancele esas concesiones. Además, vía juzgados federales está solicitando que se le informe bajo qué argumento fueron autorizadas y quienes son los propietarios.

“Nosotros le hemos manifestado a Sintra (Secretaría de Infraestructura y Transporte) que no estamos en que se regularicen, lo que queremos saber es de quiénes son y que además nulifiquen esas concesiones porque no son vehículos aptos para dar transporte público”, aseguró.

En Sintra, de acuerdo a información difundida por la misma dependencia reconoce que hay 750 concesiones que pertenecen a TTE, pero el empresario señaló que son mil 400. Por medio de seis distintos juicios ya les proporcionaron información de quienes son los dueños de 800 concesiones y aún falta por conocer a los propietarios de 600 más. Desde que entraron en operación a mitad del gobierno de Roberto Borge, se señaló que él era el propietario y tenía prestanombres en TTE.

También admitió, sin dar nombres o precisar, que algunos de los dueños son funcionarios. Y señaló que también la empresa Turicún realizó en forma reciente la misma solicitud aunque desconoce cuál es el avance de esta solicitud vía juzgados federales.

“Lo que quisimos hacer a través de Transparencia es que nos dijeran de quienes eran y nos están contestando a cuenta gotas, nos estamos yendo a inconformar por la parte federal, que sea un Juez Federal que lo solicite y que ahí contesten y que además se clarifique quienes son los accionistas”, aseguró.

Detalló que es necesario ir a los registros públicos de otras ciudades fuera de la Península de Yucatán para conocer quiénes son los accionistas de dichas sociedades, lo que complica saber quiénes son los verdaderos propietarios.

La Cámara de Diputados pasa la norma que perpetúa el uso policial de las Fuerzas Armadas. La ONU, la OEA y demás organismos la rechazan

Pese a las protestas y el rechazo general de organismos nacionales e internacionales, el Gobierno de México, en manos del PRI, ha sacado adelante la Ley de Seguridad Interior. En la práctica, la norma perpetúa el uso policial de las Fuerzas Armadas. Lo que empezó como una excepción hace 11 años, el apoyo militar en tareas de seguridad pública, alcanza ahora rango de ley. El PRI, el Partido Verde y algunos dirigentes de Acción Nacional, PAN, se han unido para pasar la ley en la Cámara de Diputados y el Senado.

Desde diciembre de 2006, las Fuerzas Armadas sustituyen a cuerpos policiales en cientos de municipios de todo México. Fue una de las primeras decisiones que tomó el expresidente Felipe Calderón, del PAN, al iniciar su mandato. Calderón mandó al Ejército a Michoacán, Estado que sufría entonces los embates de varias organizaciones criminales. Luego llegaron Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero o Chihuahua.

Tanto el Ejército como la Armada asumen desde entonces el trabajo de policías incapaces o corruptas. La ley, dicen sus defensores, les da ahora un marco jurídico para que actúen. El problema, dicen sus detractores, es que es vaga, ambigua, carece de un plan para fortalecer a las policías y no prevé el retorno de los militares a los cuarteles.

En estos años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, ha recibido miles de denuncias por abusos de militares y marinos. En 197 ocasiones, el ombudsman ha señalado torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, según la cuenta de la organización Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos.

Torturas

La semana pasada, por ejemplo, la comisión divulgaba un informe sobre el caso de dos jóvenes, torturados y asesinados por militares en el Estado de Jalisco, en 2016. «Cuando el Ejército se ha desplegado en un municipio en operativo», explicaba esta semana el académico Alejandro Madrazo, «los homicidios aumentan un 9%».

La ONU, la OEA y la propia comisión han unido fuerzas estos días, con la intención de retrasar la aprobación de la ley. Este jueves, en un hecho sin precedentes, siete relatores y grupos de trabajo de Naciones Unidas divulgaron una carta de rechazo a la normativa: «Nos preocupa que otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles».

Universidades se pronunciaron

Las universidades más importantes del país la rechazan, caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara o la Universidad Iberoamericana.

En un comunicado firmado por los rectores de los tres centros, se leía: «Esta ley debe discutirse en un contexto más amplio, que permita revisar la política de seguridad del Estado Mexicano en su conjunto, evaluando el desempeño de las autoridades civiles, las cuales por mandato constitucional son las responsables de la seguridad pública».

Cinco puntos importantes de la Ley

• La ley, señala que la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios tendrá una temporalidad de un año, y podrá prorrogarse por decisión del Presidente si persiste la amenaza a la seguridad interior.
• Se autoriza el uso legítimo de la fuerza a las Fuerzas Armadas y se prevé la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos de sus elementos para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución.
• Prevé un artículo donde se explica que los actos realizados durante las intervenciones se deberá “preservar, en todo momento y sin excepción los derechos humanos y sus garantías”.

• Cuando las Fuerzas Armadas realicen Acciones de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones, limitándose a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de dichas autoridades.
• En su caso, las Fuerzas Armadas adoptarán las medidas para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos, por conducto o en coordinación con la policía
• Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias, por medio de cualquier método lícito de recolección de información.

Críticas y ambigüedades

La ley prevé que el Gobierno federal expida una «declaratoria de protección a la seguridad interior» ante una amenaza, en cualquiera de los estados del país. El Ejecutivo puede hacerlo por iniciativa propia o a petición de los gobiernos estatales. Una ola de asesinatos, por ejemplo, o de secuestros.

En la práctica, eso ya ocurre, militares y marinos patrullan por medio país. El problema, de nuevo, es que la ley no plantea la vuelta de los militares a sus bases, o controles para verificar si se respetan los derechos humanos.

El repudio continuado a la ley ha provocado que los legisladores modifiquen ligeramente alguno de sus artículos. Es el caso del que se refiere a las protestas sociales. Uno de los miedos de los opositores es que el Gobierno use ahora al Ejército para controlar manifestaciones o marchas políticas. En las últimas versiones del texto se dice que eso no podría ocurrir: «Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior».

Pero no les convence. Son cambios estéticos, dice. La palabra «pacíficamente» puede ser interpretada de cualquier manera y queda al amparo de la voluntad de los militares.

Otro de los puntos criticados es el artículo seis, que faculta a las fuerzas federales a implementar «sin necesidad de Declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos». De nuevo, la ambigüedad, ¿qué tipo de programas, de acciones? ¿Qué significa identificar, prevenir y atender los riesgos?

Con información El País y El Universal

Noticias Pirámide, Chetumal.-  Trabajadores del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) amagaron con realizar una marcha el próximo lunes por el retraso del pago de aguinaldo.

Othoniel Soto Apolinar Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (STSQCS), explicó que la inconformidad surgió luego de que el director de administración el contador David Armando Álvarez Zarate les notificara que esta prestación se pagaría hasta el 20 de diciembre cuando en las condiciones generales de trabajo estipula claramente que se debe de pagar a más tardar el 15 de diciembre.

En total son poco más de 300 empleados tan solo de a los que no se les ha cumplido, de los cuales 130 son sindicalizados y el resto de confianza.

“Nos dijeron que hasta el 20 lo iban a pagar pero en las condiciones generales de trabajo del Gobierno del Estado dice que el aguinaldo se paga en la primera quincena de diciembre no hasta el 20. Esperemos que mañana nos paguen aguinaldo si no lo pagan mañana el lunes vamos a realizar una marcha a partir de las 3 de la tarde del canal a Sefiplan, somos 130 sindicalizados pero los que trabaja en el tarde van a cumplir con su horarios, solo seremos los que salimos a las 3, es decir primero cumpliremos con el horario laboral para no perjudicar a los demás”.

En el artículo 44 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Quintana Roo, señala que “Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, del cual deberá pagarse el 50% durante la primera quincena de diciembre  y el otro 50% durante la primera quincena del mes de enero siguiente, y será equivalente a 40 días de salario sin deducción alguna”.

Noticias Pirámide, Chetumal.- La mega escultura de Chetumal atenta contra la naturaleza y contra su propia estructura, según el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, investigador del Centro INAH en Quintana Roo.

“Claro que corre peligro”, declaró el experto. “Está situada en la bahía de Chetumal, pero en realidad no es una bahía, sino una laguna que rompió el dique natural hace millones de años, por eso el agua es muy salada y la cantidad de especies de peces no es muy variado, además llegan las aguas negras Guatemala y de Campeche”.

Desde el anuncio de esta gigantesca obra, por parte de las autoridades, se les hicieron advertencias de los peligros, pero se hizo caso omiso.

“Antes de que se construyera la megaescultura dimos nuestra opinión y nos trataron como siempre nos han tratado”, lamentó. “Nos consideran peligrosos, por pensar. Nuestra opinión era que no se construyera ahí, porque no se hicieron estudios de verdadero impacto ambiental, solo fueron políticos y esa torre peligra. El fondo es un terreno que peligra con tanto peso, debido a la fangosidad del mismo”.

Olvido

El arqueólogo también indicó que existe poco interés y cuidado por los sitios arqueológicos de Quintana Roo, donde el 99.5 por ciento de ellos permanecen inexplorados.

“De la gran mayoría no sabemos en donde se encuentran; hay manchas en todo el estado que no han sido exploradas”, informó.

Actualmente son 13 los sitios arqueológicos que están abiertos al público pero más de 400 registrados y que no se cuenta con el presupuesto para explorarlos.

“Cuento con más de 37 años explorando el campo, incluso hay más de 25 monumentos construidos en la bahía, pero nadie le da importancia”, puntualizó el investigador.

”Hemos perdido el piso, la realidad y casi casi la esperanza de que en un lugar tan rico se esté destrozando a la gallina de los huevos de oro. Todo mundo se pelea por eso, pero nosotros no, peleamos porque se proteja lo que se pelea; hay que darle importancia y concientizar a los que manejan los recursos de la nación”.

Con información de Agencia SIM