El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Fredy Marrufo Martín, no será sometido a un juicio político, al desechar la comisión instructora, que preside el diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, la solicitud que existía en su contra, por su desempeño como presidente municipal de Cozumel, en el periodo 2013-2016.

Marrufo, además de ser pariente del ex gobernador Félix Arturo González Canto, era una de las apuestas para la gubernatura del PRI, que quedó en manos de Mauricio Góngora. Tras la fallida elección fue designado como delegado federal, lo cual, fue tomado como una afrenta. La ex alcaldesa del PAN, Perla Tun, ahora regidora, inició un juicio político, con un expediente respaldado en una serie de supuestos cheques clonados, según informó una fuente cercana en ese entonces a la causa. Pereyra Escudero reveló en rueda de prensa el dictamen al que llegaron, en el que aseguran que no se cumple ninguno de los causales para proceder a juicio político, luego de estudiar las pruebas entregadas, que se trataban “de un interés particular, que atañe a la percepción del denunciante”.
Por obedecer los juicios políticos al interés de la colectividad, no de un particular, se determinó la negativa a enjuiciar a Marrufo Martín.

Obedece a intereses personales

La solicitud había sido ingresada en marzo de 2017 por Fidencio Balam, entonces síndico del Ayuntamiento de Cozumel, en compañía de la sucesora de Fredy Marrufo Martín, Perla Tun, por supuestos desvíos e irregulares en su gestión, por un monto de 405 millones de pesos.
Pereyra Escudero leyó las conclusiones del dictamen, en el que se indica que las acusaciones fueron infundadas y no cuadran con la presunción de alguna de las causales para juicio.
Sin embargo, se indica que esta determinación no prejuzga la existencia de delitos o faltas administrativas, que quedan en manos de las autoridades correspondientes.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sobreseer la controversia constitucional que había promovido el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, en un intento fallido por iniciar juicio político a magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Teqroo. Por otro lado, anteriormente el Congreso había intentado destituir al magistrado Carlos Lima Carvajal, pero también falló en esa intentona.

Con respecto a la Controversia Constitucional promovida contra el Teqroo, el revés vino directamente desde la máxima instancia de la Nación, después de haber perdido inicialmente el juicio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación, TEPJF.

Quien había iniciado el juicio político contra los magistrados del Teqroo, fue el consejero Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, Ieqroo, Sergio Avilés Demeneghi, que a su vez, había sido Secretario de Acuerdos del Teqroo, donde trabajó por cerca de 10 años.

El expediente ingresó al Congreso del Estado, en los primeros meses de 2017, pero fue impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, que había dado la razón a los magistrados Nora Leticia Cerón, Víctor Vivas Vivas y Vicente Aguilar Rojas.  No conforme con esta resolución, fue el propio Martínez Arcila que encabezó la batalla jurídica que acaba de perder, con la Controversia Constitucional 212/2017, cuyo actor es el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.

Argumento de competencias

El acto impugnado por la Legislatura XV, se centró en la competencia asumida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación a conocer y pronunciarse en un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales respecto de un asunto de responsabilidad política, “así como la invasión en la esfera de competencia del Congreso del Estado de Quintana Roo, realizada en resolución de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete en el expediente SUP-JDC-259/2017 y sus acumulados […]”.

Revés

El primer lugar, la Suprema Corte dejó en claro que la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, y le señaló que en el artículo 99 constitucional el Constituyente Permanente estableció que al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, entre otros asuntos, las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen la Constitución y las leyes.

Así lo determinaron por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Votó en contra el Ministro José Ramón Cossío Díaz (Ponente).

Cabe señalar que los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, fueron avalados por el Senado de la República y no por el Congreso local.

Documento del revés.

Engrose CC 212-2017

“Los sobres amarillos” con compensaciones para los regidores y funcionarios de la administración pública en Benito Juárez nuevamente desaparecerán y se espera que en los próximos días se defina en forma pública cuál será el sueldo que recibirán tanto la presidenta Mara Lezama Espinosa como los regidores.

En la administración que encabezó Julián Ricalde Magaña (2011-2013) anunció que ya no habría más “sobres amarillos” y ahora, en el gobierno morenista, dicha acción será retomada.

El regidor de Morena, Humberto Aldana Navarro, señaló que en una reunión reciente con la presidenta Lezama Espinosa les dio a conocer que el sueldo de los regidores será el mismo para todos y sin amarillos, y dicha disposición sería efectiva también para todos los empleados de todos los niveles así como para los funcionarios.

Incluso, comentó el regidor que los aviadores o las personas que tienen un sueldo reducido pero que por medio de la compensación registran un alto ingreso, ya lo van a dejar de percibir a partir de esta administración.

También, les indicó que los regidores, todos ganarán el mismo sueldo. Esto debido a que se dio a conocer en forma pública que algunos regidores de la administración verdeecologista ganaban hasta 200 mil pesos mensuales mientras que otros apenas llegaban a los 92 mil pesos –como fue el caso de la regidora morenista, Reyna Durán-.

Hasta el momento, no ha cobrado su sueldo y desconoce cuánto va a ganar, pero señaló que será menor al que recibieron en el gobierno anterior porque nadie podrá ganar por encima de los 108 mil pesos que fijó como límite en campaña el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Admitió que lo que sí sabe que reciben de manera adicional son 30 mil pesos –alrededor de 10 mil para gasolina y 20 mil para contratar asesores u otro personal, que era la forma en que se le asignaba el recurso en el gobierno anterior-.

En cuanto a la transparencia que pidió el presidente electo aplicar en materia de sueldos durante su visita de la semana anterior a Cancún, señaló que aún no están las direcciones funcionando al cien por ciento y espera que la Unidad de Transparencia o la presidente, Lezama Espinosa determine si subirán a plataforma la información, o bien, si dará a conocer mediante una conferencia.

Pero sí buscarán transparentar su ingreso y añadió que del total de su sueldo, los regidores morenistas deberán canalizar 10% de su ingreso para la creación de universidades.