Este fin de semana se llevará a cabo la segunda consulta nacional «10 Proyectos Prioritarios» que organiza Morena a fin de que los mexicanos decidan si están a favor o no de la realización de 10 proyectos en materia de infraestructura y de tipo social en todo el país y que se llevarían a cabo de 2019 a 2022.

De éstos, el coordinador Estatal de Programas de Desarrollo del próximo gobierno, Arturo Abreu Marín, descartó que el Tren Maya genere afectaciones, no obstante impulsarán un programa de reforestación.

Durante este sábado y domingo, de 8 a 18 horas, en Quintana Roo serán instaladas ocho mesas de consulta en Benito Juárez; tres en Othón P. Blanco; dos en Solidaridad y una en Cozumel, Puerto Morelos, José María Morelos, Isla Mujeres, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y en Lázaro Cárdenas.

Los proyectos a consulta son: El Tren Maya, el Tren del Itsmo, Refinería Dos Bocas, Reforestación, Pensión a Adultos Mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca a Estudiantes, Pensión a Personas con Discapacidad, Atención Médica y Medicinas, Acceso a Internet Gratis.

Ante el rechazo que han mostrado agrupaciones ambientalistas en el país por la propuesta del Tren Maya, Abreu Marín precisó que “no va a perjudicar la ecología” y los árboles que se “boten” durante la obra en la zona de Escárcega-Bacalar o en Escárcega-Bacalar para compensar será implementado un proyecto de reforestación –que será el cuarto proyecto a impulsar en el país-.

“No sólo es en beneficio de las gentes que vivimos (aquí), sino también en que aumente el número de estadías de los que vienen de otros países a conocer México; independientemente de que la gente viene por la palabra Cancún, que es la que tiene la marca, vamos a aprovechar para que conozcan Calakmul, Bacalar, que conozcan a todo lo largo de la vía. Y le queremos manifestar al pueblo de Quintana Roo… que sepan el beneficio que va a traer el tren, que no va a perjudicar la ecología”, aseguró Abreu.

Willian Jiménez Miguel, coordinador en el estado de la consulta nacional, añadió que prevé que el domingo próximo por la mañana cuenten con algunos resultados preliminares sobre el número de personas que acudieron a las urnas en el estado.

Fue sentenciado a dos años de cárcel, aunque conmutables por una multa de 48 mil pesos

Cancún.- El ex tesorero de Lázaro Cárdenas, Ismael “Mayito” Moguel Canto podría salir libre en un plazo de 48 horas, al ser sentenciado a dos años de cárcel, conmutables por el pago de una sanción. El ex funcionario deberá además devolver 2 millones 270 mil pesos, como reparación de daño.
Se trató de un proceso abreviado, en el que el ex funcionario aceptó su responsabilidad por peculado y en devolver el daño al erario, mismo que fue aceptado por el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó, a través de un comunicado, que la sentencia condenatoria deriva de la carpeta administrativa 4/2018, en la que se acreditaron las pruebas del delito cometido.
Moguel Canto, empresario de Holbox, fue detenido el mes de septiembre en Lázaro Cárdenas, en la salida de Kantunilkín, mediante una orden de aprehensión girada en su contra.
El ilícito cometido en agravio de la administración pública causó un detrimento patrimonial al ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, por lo que el juez decretó la reparación del daño por un monto de 2 millones 270 mil pesos y la condena por dos años de prisión.
“No obstante, el juez de ejecución debe realizar la lectura de la sentencia, por lo que el imputado podría recuperar su libertad en un plazo no mayor a las 48 horas, con el pago por la conmutación de la pena por 48 mil 133 pesos”, añade la Fiscalía, en el comunicado.
En la audiencia estuvieron presentes la síndico del Ayuntamiento María Elena Ruiz Molina y el director jurídico de Lázaro Cárdenas, Alfonzo Balam Herrera, para dar anuencia al procedimiento abreviado al aceptar dar por reparado el daño ocasionado por el sentenciado cuando fue tesorero municipal.
Cabe destacar que el actual presidente municipal, Nivardo Mena Villanueva, también es de Holbox y en entrevista lamentó que este empresario, que aseguró ha generado diversos empleos, estuviera detenido, asegurando que si fuera verdad lo que se le acusa, sería mejor que reintegrara los recursos, por lo que no es sorpresa que el Ayuntamiento aceptara este acuerdo.

El Colectivo de Mujeres en PRO de una Adecuada Impartición de Justicia en México se pronunció a favor de la pronta liberación de Irma Magaña Campos, recluida en el penal de Santa Martha, Acatitla en la Ciudad de México por un presunto fraude procesal. Además de señalar diversas violaciones en su contra y dos intentos de asesinato a fin de presionarla para que ceda el hotel Great Parnasus que le heredó su difunto marido.

Haydé Saldaña Martínez, Macarena Carretero e Irene Soto Albores, quienes integran el colectivo, explicaron que Salvador Francisco Ornelas Hernández adquirió una deuda de 30 millones de dólares con The Bank of New York Mellon en 2006. Al fallecer en 2014 había pagado 11 millones de dólares.

Mediante engaños, sus abogados Erick Torres Arroyo, Enrique García Méndez, Jair Olaf Osorio Celayos, Alejandro Ramón Córdova Lara hicieron firmar a Magaña Campos en la Ciudad de México el reconocimiento de una deuda económica tres veces el valor del adeudo original a favor del Grupo Tsetaro, que lo integran las empresas Acero de Monterrey y como fiduciario a Banco Azteca –propiedad de Ricardo Salinas Pliego-.

“(Los abogados) con engaños y dolo hicieron que Irma, en el año 2015 se adjudicara una deuda del finado Salvador Ornelas con The Bank of New York Mellon por un monto inicial en el 2006 de 30 millones de dólares, el cual fue liquidando el señor Ornelas y dejando al día de su deceso en un monto de 19 millones de dólares; el banco norteamericano cedió la deuda a la empresa Tsetaro SA de CV y a CI Banco SA y éste cedió posteriormente a Banco Azteca y a Grupo Salinas, en la figura denominada fiduciario”, que quiere decir administradores del inmueble”, precisó Saldaña Martínez.

El 11 de julio del presente año, Magaña Campos fue enviada al penal de Santa Martha Acatitla y en el interior ha sufrido dos intentos de asesinato, que consideran las activistas, tiene la intención de presionarla para que les ceda al grupo Tsetaro el hotel Great Parnasus de 505 habitaciones a cambio de su libertad y de resolver el presunto adeudo.

La empresa Parnasus es propietaria de tres centros de hospedaje, incluido el Great Parnasus, así como otros negocios que inició hace más de 30 años Ornelas Hernández.

Saldaña Martínez así como los abogados y ejecutivos del centro de hospedaje, señalaron que pese a que existe ya la aplicación del nuevo sistema de justicia penal, actualmente este caso se está llevando bajo el sistema tradicional y además, pese a que el delito que se le acusa no amerita cárcel, la Juez 37 Yadira Quintero Pérez le negó la posibilidad de seguir este proceso fuera del reclusorio, lo que afecta aún más a Magaña Campos, quien por esta situación fue separada de su hija, menor de edad.

Esperan los abogados que pronto se dé la liberación de Magaña Campos de 50 años de edad y desde su casa, con el apoyo de otros abogados, logre demostrar el engaño de que fue objeto.

Apenas asuman el 1 de diciembre los nuevos titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional del Áreas Naturales Protegidas (Conanp) uno de los primeros temas que deberán atender serán los 20 amparos interpuestos en contra del Plan de Manejo del Área Natural Protegida (ANP) de Yumbalam que fue publicado a inicios de octubre pasado.

Está programado que el próximo 3 y 4 de diciembre se lleven a cabo las audiencias en el Juzgado Séptimo del Tribunal del Poder Judicial de la Federación en Cancún.

Rubén Presuel Polanco, integrante del Consejo Asesor del ANP de Yumbalam y asesor técnico del ejido de Chiquilá explicó que empresarios, personas de manera individual y ejidatarios presentaron alrededor de 20 amparos además está en proceso la controversia constitucional que elaboran abogados del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas.

Cada amparo ya fue revisado, valorado y “les dieron entrada” y en 12 días se presentará un grupo y luego otro al día siguiente al mismo juzgado, en cada caso expondrán las afectaciones que les generó el plan de manejo de la reserva así como señalar que no se siguió el debido proceso ni les permitieron el derecho de audiencia cuando fue creado hace más de dos décadas la reserva.

“La garantía de audiencia se violó porque cuando hizo el decreto de la reserva, nunca pudo (la autoridad) obtener autorización ni consenso de las comunidades, de las dueñas de la tierra, les pedimos que muestren el acta de asamblea, sabemos que no hay, que no la tienen y se la deberán mostrar al juez o deberán declarar que no lo tienen, estamos construyendo una serie de evidencias”, dijo Presuel Polanco.

Un caso similar se registró en Sonora en 1983 –un año antes de que fuera publicado el decreto de la reserva de Yumbalam- en el que la autoridad federal incluyó 50 mil hectáreas a una reserva en Sonora y debido a que las comunidades no fueron informadas ni escuchadas sobre esta decisión, al final esas 50 mil hectáreas fueron retiradas de dicho decreto de protección.

Y esperan que ocurra lo mismo con el decreto de Yumbalam, porque debido a que permite un mínimo desarrollo, prácticamente no pueden aprovechar las tierras ni empresarios, ejidatarios ni particulares.